La Audiencia Nacional reprocha a Marlaska la discriminación salarial de los médicos de prisiones

La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobada en 2003, marca que la gestión de la sanidad penitenciaria se transfiera a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, caso veinte años después de promulgarse esta norma -modificada este martes en el Consejo de Ministros para poner coto a los conciertos con la sanidad privada-, este precepto sigue sin cumplirse.

El hecho de que no haya pasado en tantos años tiene como consecuencia una gran diferencia salarial entre profesionales. Así, los médicos de la Sanidad pública pueden cobrar hasta 1.000 euros más al mes que sus compañeros de la misma región que prestan servicio en una cárcel.

Además, en las cárceles los profesionales sanitarios no pueden renunciar a las guardias médicas cuando alcanzan una determinada edad.

Casi veinte años después, la ley no se ha cumplido y el Ministerio del Interior que lidera Fernando Grande-Marlaska sigue llevando las riendas de la sanidad en las cárceles, lo que conlleva muchos inconvenientes.

El primero de ellos es el económico. Es decir, la discriminación salarial entre los médicos que trabajan en una cárcel y los que lo hacen en un centro adscrito a la misma Comunidad Autónoma. Esto ha sido denunciado recientemente por la Audiencia Nacional.

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, reconoce la "discriminación y carencias" que sufren los profesionales sanitarios en las prisiones.

Las cárceles llevan, desde que la ley se aprobó en 2003, siendo un gueto sanitario fuera de la gestión autonómica. Prisiones dice que son las regiones las que no quieren tomar las riendas de este servicio y las Comunidades alegan estar "trabajando en ello".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados, en una foto del pasado día 25. Europa Press

Al final, los grandes perjudicados están siendo los profesionales sanitarios, quienes en 2019 presentaron una reclamación ante el Ministerio del Interior que ha llegado hasta la Audiencia Nacional.

Casi 300 profesionales sanitarios, entre médicos y enfermeras, denuncian en ella la "ilegalidad" del incumplimiento de la Administración General del Estado a la hora de integrar los servicios de sanidad penitenciaria en el sistema de salud.

[Interior cede la atención sanitaria de las cárceles a compañías privadas por falta de personal]

En su carta al departamento de Marlaska, pedían integrarse en el SNS para, así, equiparar sus condiciones retributivas y no seguir sufriendo una "vulneración del derecho a la igualdad y el desarrollo de la carrera profesional".

La notificación llegó hasta la Audiencia Nacional y ésta ha reprochado al ministro Marlaska la situación, aunque le ha librado de la responsabilidad.

Carmen Hoyos, excoordinadora de Sanidad Penitenciaria, ha denunciado ante EL ESPAÑOL que, aunque la sentencia proclama que la Administración está incumpliendo su obligación de integrar los servicios de Sanidad Penitenciaria en el sistema de salud, "resuelve de manera incomprensible la reclamación".

Y es que, la Audiencia Nacional llama la atención a Marlaska y a su equipo, pero dice que la integración de la sanidad penitenciaria en el SNS debe de hacerla el Consejo de Ministros. El fallo alega que la Audiencia Nacional no es competente para ordenárselo, porque tal competencia es del Tribunal Supremo. 

Además, la Audiencia Nacional no se queda ahí y, pese a considerarse incompetente en la materia, decide desestimar el recurso afirmando que el Gobierno central no es el "único responsable" porque han sido las Comunidades las que no han querido asumir la gestión de la sanidad penitenciaria.

Hoyos cree que, tras la respuesta de la Audiencia, lo que se debería de hacer es remitir el caso al Supremo, "pero no ha sido así".

[Los sindicatos se encierran en la Secretaria General de Prisiones para protestar por la gestión de Marlaska]

"La excusa para salvar la cara a Interior y al Estado no tiene un pase, porque todo el mundo sabe que, mientras una Comunidad Autónoma no asume la competencia, el único responsable del servicio es el Estado", denuncia.

Pero, pese a que los representantes de la profesión no les gusta la sentencia, hay que matizar que la sala sí concluye que "es evidente el incumplimiento" de la normativa de la ley 16/2003 sobre transferencia a las comunidades autónomas de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de las instituciones penitenciarias.

Fachada de la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid. Europa Press

La Audiencia Nacional quita obligaciones a Marlaska, ya que la integración del sistema sanitario ha de realizarse mediante un real decreto. "Por lo que no es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ni el Ministerio del Interior quien tiene la competencia para ejecutar la actuación omitida", argumenta el fallo.

Así, al ser competencia del Consejo de Ministros en su conjunto, la Audiencia Nacional no puede imputar el incumplimiento a los referidos órganos de la Administración General del Estado, como se solicita en la demanda. Añade el texto que el incumplimiento no es sólo imputable al Estado, sino también a las Comunidades Autónomas.

Veinte años

Los casi 20 años que lleva el sistema sanitario de las cárceles esperando a ser transferido a las Comunidades Autónomas supera con creces "el plazo de 18 meses" que marcaba la ley desde su entrada en vigor.

La norma establece que "mediante el correspondiente real decreto", se debería haber procedido "a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el SNS conforme al sistema establecido por los estatutos de autonomía".

[El "basta ya" de los médicos de las cárceles en España: así es el trabajo que nadie quiere]

No sólo hay sentencias al respecto o avisos por parte del Defensor del Pueblo, marcando lo mal gestionada que está la sanidad en las cárceles. El poder legislativo también ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de transferir las competencias.

El Senado y el Congreso han aprobado (en el caso de la Cámara Alta, en varias ocasiones) que esta normativa sea efectiva. Pero de momento, sólo es así en Cataluña, País Vasco y Navarra. 

Un agente de policía a las puertas de la cárcel de Segovia

Todo parecía indicar que Andalucía iba a ser la cuarta región, pero con la Covid-19 todo se paralizó. Pero, si el Ministerio quiere ceder las competencias, ¿por qué las regiones no las quieren?

Según fuentes de los gobiernos regionales, la gestión sanitaria de las prisiones ha generado una "importante deuda" de la que las Comunidades Autónomas no quieren hacerse cargo. "En Interior quieren entregar la transferencia prácticamente gratis y no puede ser de esta forma", advierten.