La mascarilla, obligatoria en Semana Santa: las CCAA rechazan las "prisas" de Fernando Simón

Gestionar la nueva fase de la epidemia del coronavirus, en la que sólo se notifican los infectados más vulnerables y se han eliminado las cuarentenas, está creando más discrepancias en el seno del Consejo Interterritorial que los momentos más duros de la Covid-19.

La eliminación de las mascarillas es el principal motivo de disputa entre comunidades y que, si todo sale según lo previsto, se solucionará el próximo miércoles, 6 de abril, en el Consejo Interterritorial presencial que se va a celebrar en Toledo.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quiere eliminarlas antes de Semana Santa, según unos correos que ha remitido a los directores generales de salud pública autonómicos. Mientras, varios expertos regionales apuestan por no tener tantas "prisas" y esperar a después de las celebraciones.

Tras el gran acto del Ministerio de Sanidad para presentar la nueva estrategia de Salud Pública que se celebró en Zaragoza hace menos de un mes, las CCAA se darán cita en la ciudad de las tres culturas para decidir, como ha adelantado el presidente regional, Emiliano García-Page, sobre la eliminación de las mascarillas en espacios cerrados.

Un tema que lleva rondando por la cabeza del Gobierno desde finales del mes de febrero. Así lo anunció el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aunque sus tiempos no fueron muy acertados. El presidente habló de eliminar este método de protección "muy pronto" y parece que los españoles van a tener que esperar casi dos meses desde su anuncio.

El Congreso de los Diputados, mediante varias iniciativas parlamentarias, y algunas comunidades autónomas como Madrid o Cataluña han hecho presión para acelerar los tiempos, aunque con algunos matices. Y es que, pese a que la mayoría de los partidos políticos y varias CCAA les una su ambición por eliminar este método de protección, discrepan en las formas.

Madrid, por ejemplo, lleva meses reclamando su uso en lugares de alto riesgo como hospitales o centros sociosanitarios. Cataluña, por el contrario, quiere empezar a quitarlas en colegios. Mientras, varios expertos en Salud Pública de CCAA como Extremadura o Andalucía añaden que debería de mantenerse en el transporte público y "esperar a finales de mes".

Por el momento, se sabe que Fernando Simón ha sido el que ha liderado la batalla de eliminar las mascarillas desde el seno del Ministerio de Sanidad, aunque no tenga a todos de su lado. Un documento interno del propio Ministerio fechado a finales de marzo contempla eliminar esta medida, pero tras pasar Semana Santa.

Según algunos expertos consultados por EL ESPAÑOL, se debe esperar a después de las fiestas para ver cómo se comporta el virus con más conglomeraciones de gente y por la presencia de la nueva variante (ómicron silenciosa) que parece estar propagándose por España. Algunos asesores de la Ponencia de Alertas confirman que es la variante dominante en España.

Diversas autonomías coinciden en que la eliminación de las mascarillas en interiores no debe de ser algo generalizado, "se apruebe antes o después de Semana Santa". Transporte público, hospitales y residencias de ancianos seguirán siendo lugares en los que habrá que llevarla obligatoriamente.

Desde el Ministerio de Sanidad, concretamente desde el Centro de Alertas y Emergencias, señalan que estamos en una "fase de convivencia controlada con la Covid-19" por lo que consideran este un buen momento para eliminar estos métodos de protección.

Aun así, estas medidas no farmacológicas se seguirán recomendando para personas mayores o vulnerables por su condición médica, como los inmunodeprimidos.

Colegios

Eliminar las mascarillas en el interior abre la puerta a que se cumpla una de las mayores reivindicaciones de los profesionales sanitarios: quitarlas de las escuelas. Pediatras y profesores llevan meses reclamando tomar esta decisión, puesto que, aseguran, está afectando a la educación de los más pequeños para quienes el virus tiene una mortalidad muy baja.

Algunas comunidades, como la catalana, ya han avisado a la ministra de Educación para quitarlas. "No podemos estar cada día con los niños con la mascarilla", anunció Josep Maria Argimon, consejero de Salud de Cataluña, quién amenaza con eliminarlas al margen de la decisión del Ejecutivo central, aunque esto no sea legal.

Varias CCAA como Andalucía, Navarra o País Vasco denuncian que el plan inicial era marcar una hoja de ruta sobre la que eliminar las mascarillas progresivamente y ahora se va a pasar del "todo a la nada".

Por ejemplo, el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, no se ha mostrado partidario a eliminarlas tan pronto. En su lugar, plantean que se haga "de manera gradual y progresiva" y comenzando por los colegios. Posición parecida a la que han tomado desde Baleares y Asturias.

Mientras, Castilla y León y Galicia han evitado hacer declaraciones y quedan a la espera de las "decisiones de los expertos". Hay que recordar que el PP, que gobierna en ambas regiones, se mostró contrario a eliminar este método de protección en el Congreso de los Diputados la pasada semana.

La iniciativa que rechazaron los populares no es vinculante; ni a nivel legislativo (aunque se apruebe en el Congreso, no debe ponerse en marcha) ni dentro del partido (Madrid ha reiterado que quiere eliminarlas aunque su partido se niegue en la Cámara Baja).

Decisión unilateral

Muchas regiones temen que la medida no sea gradual porque la titular de Sanidad, Carolina Darias, no necesita del consenso del Congreso de los Diputados para imponer o quitar las mascarillas en el interior.

En su última modificación de la ley que regula este método de protección (el Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero) se añadió una habilitación normativa para que el Gobierno, "a propuesta de la persona titular del Ministerio de Sanidad y oído el Consejo Interterritorial", pueda modificar la obligatoriedad del uso de la mascarilla "cuando se den las circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejen".

Para la "eliminación o modulación" de los supuestos de obligatoriedad, estos "se podrán acordar solo cuando se haya constatado una mejora de la situación epidemiológica". Hasta ahora, era necesario aprobarlo primero en Consejo de Ministros y luego ratificar la modificación en el Congreso de los Diputados.