Cientos de heridos, 191 muertos y un único autor material en prisión. La mayor masacre terrorista de la historia de España conmocionó a toda Europa. Su onda expansiva provocó un vuelco político en las elecciones del 14-M de 2004. Pero 18 años después aún quedan incógnitas por despejar. 

La sentencia final dictada por el Tribunal Supremo en julio de 2008 no despeja estas dudas: hoy seguimos sin conocer quiénes fueron los autores intelectuales y cómo se financió un atentado ejecutado con tal precisión, para detonar al mismo tiempo diez explosiones en cuatro trenes en la mañana del 11-M.

1. ¿El chivo expiatorio?

Jamal Zougam (nacido en Tánger, Marruecos, en 1973) fue el único condenado por la Audiencia Nacional, a 42.917 años de cárcel, como autor material de los atentados. Según la sentencia, el resto de los terroristas que colocaron las mochilas con explosivos en los trenes se suicidaron en el piso de Leganés, en la explosión en la que también murió el GEO Francisco Javier Torronteras. 

Zougam siempre ha defendido su inocencia. "No tengo nada que ver con estos terribles atentados. Por supuesto que soy inocente. Condeno todos los atentados y cualquier tipo de violencia. Han cometido un error muy grave conmigo que me ha roto la vida", declaró en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL desde la prisión de Teixeiro (Coruña) y publicada el 10 de marzo de 2019.

También fue condenado como autor material, a 42.922 años de cárcel, Othman El Gnaoui, pero sólo por participar en el traslado de explosivos procedentes desde mina Conchita.

2. Las testigos rumanas

Dos mujeres de nacionalidad rumana, identificadas como las testigos protegidas C-65 y J-70, identificaron a Zougam como el hombre de rasgos árabes que chocó, portando una mochila, con un viajero español en el vagón número 5 del tren que estalló en Santa Eugenia. En su declaración incurrieron en varias contradicciones.

A lo largo de 2004, la testigo J-70 había acudido hasta cuatro veces a oficinas del Ministerio de Interior para solicitar una indemnización o el permiso de residencia, como víctima de los atentados del 11-M.

Sólo después de que se desestimara su última petición, acudió el 7 de febrero de 2005 a la Audiencia Nacional, donde declaró que había visto a uno de los terroristas en el tren. Había pasado casi un año desde los atentados y el rostro de Zougam había sido difundido por todas las televisiones. 

Entonces sí, la testigo J-70 fue incluida en el listado de víctimas y recibió una indemnización de 48.000 euros. La defensa de Jamal Zougam interpuso una querella contra ambas mujeres por falso testimonio, que fue finalmente sobreseída.

3. El guardia civil no lo vio

El viajero español con el que, supuestamente, Jamal Zougam chocó en el tren de Santa Eugenia es el guardia civil Félix J. Alonso Holguín, que recibió el retiro forzoso por las secuelas psicológicas sufridas por el atentado. 

Este guardia civil declaró en marzo de 2017 a EL ESPAÑOL que el hombre que chocó con él en el tren portando una mochila no era Zougam, sino otro individuo de rasgos árabes. Durante la instrucción de la causa, Alonso Holguín identificó en la Audiencia Nacional el rostro de Said Berraj, que permanece en paradero desconocido. Sin embargo, este guardia civil, cuyo testimonio tumbaba la versión oficial, no fue llamado a declarar en el juicio.

4. Familia y compañero 

Su madre, Aicha, y su hermana Samira declararon que Zougam pasó en casa la noche del 10 al 11 de marzo de 2004 y seguía durmiendo en su cuarto, junto a su hermano, cuando las televisiones comenzaron a difundir la noticia del atentado.

La mochila con explosivos hallada en la Comisaría de Vallecas, en circunstancias nunca esclarecidas, condujo a la Policía al locutorio Jawal Mundo Telecom, en el que trabajada Jamal Zougam, y donde El Chino compró las 10 tarjetas de teléfono móvil utilizadas supuestamente para detonar las mochilas con explosivos.

También fue detenido otro empleado de este locutorio, Abdul Rahim (permaneció tres meses en prisión), quien declaró que Jamal Zougam acudió a trabajar con toda normalidad tanto en la mañana de los atentados como en las jornadas posteriores. Según su testimonio, Zougam nunca mostró nerviosismo ni interés por lo ocurrido en los trenes del 11-M.

5. Fabricando al culpable

Tras la detención de Zougam, varios medios publicaron una catarata de filtraciones destinadas a apuntalar su culpabilidad.

Se publicó que había participado en los atentados de Casablanca, que había sido adiestrado en la guerra de Afganistán, que con anterioridad había sido detenido en España por homicidio y se le vinculó incluso a los atentados del 11-S en las Torres Gemelas de Nueva York. Todas estas informaciones se demostraron luego falsas, pero contribuyeron a forjar el retrato de Jamal Zougam como un yihadista despiadado.

6. El abogado 'desaparecido'

Jamal Zougam perdió la última oportunidad de demostrar su inocencia. Durante su estancia en prisión, le recomendaron a un abogado, al que contrató su familia para presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Sin embargo, tras recibir un primer pago en 2016, el abogado Iván Jiménez Aybar interrumpió cualquier contacto con la familia y dejó de atender sus llamadas.

Como ha informado EL ESPAÑOL, el letrado Jiménez Aybar ha sido asesor jurídico en el Consulado General del Reino de Marruecos en Tarragona, Lérida y Aragón. Según los datos recabados por este diario, el TEDH nunca llegó a examinar la demanda porque "no cumplió con todos los requisitos del artículo 47 del Reglamento del Tribunal".

7. La mochila de Vallecas

El comisario jubilado José Manuel Villarejo (detenido en noviembre de 2017 y principal imputado de la Operación Tándem) sostiene que la principal prueba del caso, la mochila de Vallecas, fue una pista preparada para construir la versión oficial y dirigir la investigación policial.

En una grabación difundida por Moncloa.com en marzo de 2019, Villarejo señala que la "mochila nunca podía haber explosionado porque estaban los cables alterados... es un tema que no se puede obviar. Eso es una pista que te la dejan ad hoc. Preparada. Qué casualidad que todas explotan menos una, que cogen y la anulan".

La grabación corresponde a una reunión celebrada en 2009 por Villarejo con algunos de los principales mandos que en aquel momento formaban parte de la cúpula policial: Juan Antonio González, máximo responsable entonces de la Policía Judicial; José Luis Olivera, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF); y Eloy Quirós, responsable de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía (UDYCO).

Lo cierto es que, 18 años después de los atentados, nadie ha logrado aclarar todavía cómo llegó hasta la Comisaría de Vallecas esta mochila que procedía, presuntamente, del tren que estalló en la estación de El Pozo. En el interior de la mochila se encontró un teléfono móvil marca Trium, unido con varios cables a la carga explosiva. La tarjeta del móvil condujo a la policía al locutorio de Madrid en el que trabajaba Jamal Zougam.

8. La metralla 'invisible'

Además del móvil y la carga explosiva, la mochila contenía clavos y tornillos que debían actuar como metralla para amplificar los efectos de la explosión.  

Sin embargo, la doctora Carmen Baladía, que como directora del Instituto Anatómico Forense supervisó la identificación y las autopsias de las víctimas, declaró ante la juez Coro Cillán que en los cuerpos no había "ni clavos, ni tuercas, ni tornillos".

9. El Castillo de Mohamed VI

Desde la prisión de Estremera, el comisario José Villarejo dirigió varios escritos al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en los que se ofrecía a desvelar nuevos datos sobre los atentados del 11-M y solicitaba la desclasificación de informes reservados del CNI.

Según la versión del controvertido comisario, los atentados se diseñaron en un castillo propiedad del rey Mohamed VI, situado a 80 kilómetros de París. Siempre según su tesis, la masacre fue organizada por los servicios secretos marroquíes con la complicidad de los franceses, como venganza por la recuperación del islote Perejil, durante la presidencia de José María Aznar. Villarejo sostiene que el CNI sancionó a varios agentes que querían contar al director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, la verdad sobre el 11-M.

10. Minero y confidente policial

José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años de cárcel por suministrar a los terroristas 200 kilos de explosivos procedentes de la mina Conchita, en Asturias, es uno de los personajes más enigmáticos de la trama.

Diagnosticado de esquizofrenia, ya había sido detenido en 2001 por tráfico de explosivos y venta de drogas en la llamada Operación Pípol, uno hecho por el que fue condenado a otros 10 años de cárcel. Pese a estos antecedentes, siguió vinculado a la mina y se convirtió en confidente policial de la Comisaría de Avilés.

El Mundo publicó en 2006 una entrevista en la que sostenía que, por indicación de un mando policial de esta Comisaría, entró en tratos con una banda de narcotraficantes marroquíes encabezada por Jamal Ahmidan, El Chino (que se suicidaría en el piso de Leganés), al que vendió los explosivos del 11-M.

11. Entrega de explosivos 

También aquí el comisario Villarejo tiene su versión alternativa: sostiene que una parte de los explosivos utilizados en la masacre procedían de "depósitos de armas de la Guardia Civil".

Según sus escritos dirigidos al juez, la compra de 200 kilos de explosivos realizada por El Chino fue una "entrega controlada" por la Guardia Civil, que "con el fin de colocar un dispositivo de seguimiento". Los agentes pretendían así detener a los presuntos terroristas en posesión de la munición, para acreditar que pretendían atentar en suelo español, pero la operación se les fue de las manos.

12. La pista siria

A raíz de estos escritos, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tomó declaración a Villarejo para que contara todo lo que sabe sobre el 11-M. El comisario aseguró que, según sus pesquisas, una llamada realizada desde una cabina telefónica en Siria, un país con una fuerte influencia de Hezbolá y convertido en un avispero de servicios secretos de varios países, habría servido para activar a la célula yihadista que cometió los atentados.

El comisario añadió que en los meses posteriores al atentado viajó varias veces a Siria para investigar el tráfico de llamadas a España. Para ello contaba con sus contactos fraguados con las autoridades del país y con el traficante de armas Monzer Al Kassar. 

Villarejo pretendía desvelar la identidad de varios agentes del CNI que serían conocedores de estos hechos, pero la Fiscalía le recordó que es una información protegida por la Ley de Secretos Oficiales del Estado. Finalmente, el magistrado García-Castellón consideró que los datos revelados por Villarejo no tenían la consistencia necesaria para reabrir la causa.

13. Los trenes desguazados

Pese a constituir el escenario del crimen, plagado de pruebas, todos los vagones en los que estallaron los explosivos del 11-M fueron desguazados, tan sólo 48 horas después de la masacre. Todos, salvo un único vagón, procedente de la estación de Santa Eugenia, que fue conducido a Vicálvaro para su examen.

En su resolución dictada en julio de 2008, el Tribunal Supremo lamentó lo ocurrido con las siguientes palabras: "puede resultar sorprendente una tan apresurada destrucción [de los trenes], que impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación".

14. Titadyn

La carga de la mochila de la Comisaría de Vallecas, presuntamente recogida entre los restos de la estación de El Pozo, sirvió para apuntalar la tesis oficial de que el explosivo utilizado era Goma-2 Eco. 

Sin embargo, el informe elaborado por el perito Antonio Iglesias para el tribunal del 11-M, con restos procedentes de la estación de El Pozo, detectó los componentes propios de otro explosivo, Titadyn.

El jefe de los Tedax Jesús Sánchez Manzano, encargado del equipo que recogió los restos de los vagones de los trenes donde explotaron las bombas, tuvo que enfrentarse a una investigación por presuntamente ocultar y falsear las pruebas del lugar del crimen a raíz de una querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. Finalmente la investigación se archivó por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid.

15. Sin autores intelectuales

El Tribunal Supremo resolvió, en julio de 2008, los recursos presentados por la Fiscalía y varias asociaciones de víctimas contra la sentencia del 11-M dictada por la Audiencia Nacional. 

La resolución del Supremo constata las principales lagunas de la investigación policial: no se ha podido identificar a los autores intelectuales que ordenaron y diseñaron un atentado ejecutado con tal precisión, pese a que los medios habían llegado a señalar a decenas de autores intelectuales, y se desconoce todavía cómo se financió.

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