La Audiencia de Madrid ordena al juez investigar a la niñera de Montero y la fundación de Monedero

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente un recurso de apelación presentado por Vox y ha ordenado al juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, que abra dos piezas separadas para investigar presuntas irregularidades en la gestión de los fondos de Podemos.

La primera de las piezas separadas se refiere a las donaciones que Podemos realizó a la fundación 25M, que dirige Juan Carlos Monedero, y a la escuela popular Paolo Freire. El pasado mes de septiembre, Podemos anunció que Pablo Iglesias pasaría a presidir la fundación, denominada Instituto 25 de Mayo para la Democracia, que se financia con subvenciones públicas y aportaciones realizadas por el partido.

En la segunda pieza separada, el juez Escalonilla deberá investigar si la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, realizó un uso fraudulento de los fondos del partido al utilizar a una asesora, Teresa Arévalo, como niñera de sus bebés.

El titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid,  José María Escribano, ya mantiene una causa abierta por los mismos hechos. Escribano debía tomar declaración el pasado miércoles a una escolta de Irene Montero, pero la comparecencia quedó suspendida porque no había sido notificada adecuadamente. La resolución adoptada ahora por la Audiencia Provincial podría implicar que el juez del caso Neurona asuma esta investigación.

Los expedientes de Carmona

Por el contrario, la Audiencia de Madrid desestima abrir una tercera pieza separada para determinar si el exvicepresidente Pablo Iglesias se apropió de 7.373 euros de las costas de otro proceso judicial instruido en Pamplona. La Sección 30 de la Audiencia Provincial considera que este hecho no sería constitutivo de ningún delito.

En un auto dictado el pasado mes de marzo, el juez instructor del caso Neurona, Juan José Escalonilla, transformó estas líneas de investigación en tres causas independientes que, enviadas a reparto, asumieron distintos juzgados de la Plaza Castilla.

La Audiencia Provincial de Madrid confirma el archivo de la causa sobre el cobro de las costas judiciales por parte de Pablo Iglesias, pero obliga al juez Escalonilla a recuperar las otras dos vías de investigación, como piezas separadas del caso Neurona: las donaciones a la Fundación 25M y la escuela popular Paolo Freire (que fue archivada el pasado verano) y el caso de la niñera de Irene Montero (que actualmente instruye el juez Escribano).

Los hechos que debe investigar el juez del caso Neurona se basan en los expedientes aportados al juez del caso Neurona por la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona.

A raíz de una denuncia interna confidencial, Mónica Carmona elaboró un informe titulado "Utilización de recursos del partido en beneficio personal", en el que expone que la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, "ha utilizado a Teresa Arévalo como persona a sueldo del partido, como cuidadora de sus hijos mientras participaba en un acto de campaña electoral en Alicante".

Administración desleal

En su auto, la Audiencia Provincial establece que se trata de "hechos a priori presumiblemente delictivos [administración desleal del patrimonio del partido], por lo que precisan ser aclarados en el contexto de concretar todas las circunstancias laborales de la Sra. Arévalo para con el partido político (funciones, tipo de empleo, horario, etc.) y confirmar que efectivamente ejerció como cuidadora de los hijos de la Sra. Montero y las condiciones en las que desempeñara tales funciones".

Podemos se opuso a que estos documentos fueran aportados a la causa, ya que Mónica Carmona los guardaba en su ordenador personal, nunca los remitió al partido y por tanto puede haberlos manipulado. En consecuencia se trata, a juicio de Podemos, de documentos "procedentes de fuentes ignotas pero sin ofrecer un mínimo grado de veracidad y corroboración periférica".

En su recurso de apelación, Podemos argumentó que no se puede otorgar a Mónica Carmona la condición de denunciante, pues la causa se abrió a raíz de la denuncia presentada por el abogado José Manuel Calvente y "no puede ser ampliada a través de terceros que incorporen nuevas sospechas contra otras personas o entidades según se desarrollen los acontecimientos, como si el Juzgado se tratara de una oficina central de reclamaciones contra el partido político".

Sin embargo, la Audiencia Provincial desestima estos argumentos y señala que es "obligado ordenar las actuaciones de investigación conducentes a comprobar si concurren indicios de criminalidad en los hechos denunciados y sobre la persona o personas objeto del mismo".