Así intentó convertir la asesora de Podemos a su expareja en un monstruo capaz de abusar de su hijo

María Sevilla, la mujer que fue detenida por la Policía tras escapar de la Justicia con su hijo y ocultarse durante meses en una finca de Cuenca, la misma que presidió una asociación en defensa de la Infancia y que se convirtió en asesora de Podemos en esa materia, calló durante más de un año un supuesto abuso sexual sufrido por su hijo. Sin embargo, lo afloró justo cuando su exmarido, que ha estado casi siete años sin poder ver con normalidad a su hijo, presentó una demanda para obtener la custodia compartida.

Según la documentación consultada por este diario, la estrategia de la madre parece clara desde el principio: convertir a su expareja en un abusador sexual para lograr que sus visitas al menor se eliminen por completo. Algo que ya solicitaba públicamente en todas las comparecencias a las que fue invitadas por sus relaciones políticas. Al otro lado, Rafael sufría en silencio una triple condena: la primera por no ver a su hijo. La segunda,  por verse imputado por un presunto delito de abuso sexual a la persona que más quería en el mundo. Y la tercera, la de saber que además de todo eso, su expareja llevaba la educación de su hijo fuera de los márgenes legales, con un absentismo escolar creciente y con la certeza de que cada día inoculaba imágenes perversas contra él en la mente del pequeño.

Así, fue en noviembre de 2011 cuando, según la documentación judicial, María decidió hacer pasar a su expareja por un monstruo capaz de abusar de su hijo. En esa fecha, Rafael había interpuesto una demanda civil para conseguir una custodia compartida sobre el menor que ambos compartían desde el cese de su relación en 2010. Un cese impulsado de forma unilateral por Rafael. Y fue en ese proceso judicial donde la presidenta de la asociación Infancia Libre decidió revelar los presuntos malos tratos a los que su expareja sometía a su hijo.

Su testimonio ante el juez que decidía sobre la custodia fue tal, que la Justicia decidió abrir un proceso aparte, imputar a Rafael por un presunto abuso sexual y abrir una causa oficial que recayó en el Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda. Con esa excusa, María comenzó a incumplir el régimen de visitas que su expareja tenía con el pequeño. Un incumplimiento que derivó siete años después en su detención tras haber permanecido varios meses fugada de la Justicia y con el menor en paradero desconocido.

"Instrumentalización materna"

Tanto en la denuncia como en su declaración judicial, María aseguró que su pareja realizaba tocamientos al menor y reconoció que no había denunciado los hechos "de forma inminente" si no que los relató al juez justo cuando su exmarido le reclamaba la custodia. Sin embargo, María no acudió sola al juzgado. Su testimonio fue mantenido por su madre, la abuela materna, que aseguró que el menor, de entonces cinco años, le había contado de viva voz los supuestos tocamientos a los que le sometía su padre. Y que fue entonces cuando la madre tuvo conocimiento de los mismos.

Sin embargo, el juez encargado del caso dudó de la credibilidad de ambas -no había siquiera un parte médico acreditando la denuncia- y encargó un peritaje del menor. Por su parte, Rafael negó cualquier tocamiento indebido al pequeño y explicó con pelos y señales las pegas que desde hacía meses le había puesto su pareja para mantener una relación normal con su hijo desde su separación en enero de 2010.

Los peritos del juzgado ya alertan incluso en su informe de que la denuncia por abusos sexuales puede ser una "instrumentalización materna" ya que hay varias cosas que no cuadran. Y sobre todo en el testimonio de la madre ante los psicólogos. 

En su entrevista personal, María Sevilla aseguró que su hijo se sentía avergonzado por la conducta de su padre, hasta el punto de mantener que le "dolía el corazón" y no el cuerpo al pensar en su comportamiento. Los peritos mantienen que el niño no tenía a esa edad "desarrollo cognitivo" suficiente como para hacer esas afirmaciones de carácter social. Después, la madre describe unas conductas sexualizadas que irían vinculadas a un supuesto placer. Algo que según el informe es incompatible con la experiencia traumática que según la denuncia había experimentado el menor. 

Por ello, la experta designada por el juzgado concluye que "no se han detectado signos desde el punto de vista psicológico que sugieran la vivienda por el menor de situaciones de abuso sexual infantil". Además, alerta de las "incongruencias" detectadas en el relato de la madre "la insatisfacción de esta por la decisión unilateral paterna de la ruptura familiar y la valoración negativa que realiza de la función parental paterna en general". 

Con estos datos sobre la mesa, el Juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda archivó el caso y la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la decisión tras los recursos de María Sevilla. Sin embargo, la decisión judicial no sirvió para normalizar el régimen de visitas entre Rafael y su hijo. Más bien al contrario. El padre se vio inmerso en una nueva maraña de procedimientos, denuncias, peticiones a la Justicia para que su hijo fuera escolarizado de una forma reglada, etc. Un calvario judicial que se solventó el pasado 1 de abril cuando los agentes localizaron a María Sevilla oculta junto al menor en una finca rural de la provincia de Cuenca. En esas fechas, el padre tenía la custodia del menor otorgada por orden judicial desde hacía ya dos años.