Pino y Martín Blas recibieron las dos únicas copias del informe del 'Faisán' que pide el juez

El ex jefe de la Policía, Eugenio Pino, y el anterior responsable de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, se quedaron con las dos únicas copias que se hicieron del informe desaparecido del caso Faisán. Según han informado a EL ESPAÑOL fuentes del Ministerio del Interior, esa es la versión que ha trasladado internamente la comisaria al frente de estos trabajos de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), la comisaria Nuria Mazo. El Ministerio del Interior lleva casi un mes buscando este documento que ahora ha reclamado también el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

Se da la circunstancia de que Pino está jubilado desde el pasado mes de junio y que Martín Blas se encuentra en comisión de servicios a las órdenes del juez que investiga el caso de el pequeño Nicolás, por lo que desde Interior asumen que disciplinariamente no se puede actuar contra ninguno de los dos. Las fuentes consultadas han detallado que la comisaría al mando de la BARC afirma que no realizó el documento, sino que se limitó a coordinar los trabajos como responsable de la brigada y que cuando finalizaron se enviaron a sus dos superiores jerárquicos.

La vía judicial

No hay rastro del informe ni en los archivos de la BARC -ya disuelta por los nuevos responsables de la Policía- ni en los de la Dirección Adjunta Operativa. Al Ministerio del Interior le queda seguir buscando indefinidamente a la espera de que suceda como en el caso del informe del 11M (que apareció después de semana y media de búsqueda) o esperar el desarrollo de la vía judicial. Por su parte, expertos jurídicos consultados apuntan a este periódico que el Código Penal recoge penas de hasta cuatro años de cárcel para los casos en los que un funcionario público "ocultara documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo" (Artículo 413).

Inicialmente la BARC dependía de Asuntos Internos (pese a que su función es investigar posibles delitos cometidos por funcionarios policiales) y luego pasó a estar dirigida por Pino exclusivamente. Según desveló el ex número dos de la Policía en una entrevista al diario El Mundo, ese grupo realizó investigaciones sobre el caso Faisán, el 11M o Marta del Castillo sin dar parte a las más altas instancias de la Policía o Interior.

El ministro Juan Ignacio Zoido ofreció explicaciones sobre esta cuestión en rueda de prensa: sobre el documento del 11M dijo no saber nada, el de Marta del Castillo aseguró que no existía, pero sobre el informe del Faisán admitió que se hicieron dos copias, aunque no fue más allá. Para entonces, Zoido ya conocía la explicaciones internas de la comisaria Mazo a la que desde el Ministerio otorgan credibilidad. De hecho no está previsto emprender acciones disciplinarias contra ella por no ser capaz de aportar el documento solicitado. Consideran que ella no es culpable de la mala gestión que pudieran haber hecho sus responsables con los informes.

La guerra de comisarios

Por el momento, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ya ha solicitado a la Policía Nacional que le confirme si existe o no ese documento antes de decidir si reabre el caso del chivatazo que en 2006 alertó a una red de extorsión de ETA. Así se lo ha solicitado la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia. Además el juez quiere que se identifique a los autores en caso de que aparezca. Al menos el documento relativo al 11M -cuyo contenido publicó este periódico- no iba firmado por ningún funcionario en concreto.

Se da la circunstancia añadida de que la guerra de comisarios que anidó en la era del ministro Fernández Díaz y ha heredado ahora Zoido también enmaraña la búsqueda del documento del caso Faisán. Pino y Martín Blas son a día de hoy dos de los principales protagonistas. Ambos mandos mantienen un enfrentamiento directo en el que Martín Blas incluso llegó a pedir al juez que investiga el caso de el pequeño Nicolás que imputase a Pino. 

Ambos mandos policiales han tenido que acudir recientemente a declarar ante el Juzgado de José de la Mata, en este caso para aclarar la procedencia de una documentación aportada por la Policía en el caso Pujol. El magistrado no se fía del origen de los documentos y los mantiene de momento en cuarentena para evitar que se pueda contaminar toda la causa. En sus declaraciones por esta cuestión han ofrecido versiones contradictorias.