Los papeles de Panamá: el Consorcio de Periodistas se niega a colaborar con la Fiscalía

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, según sus siglas en inglés) se ha negado a facilitar los 'Papeles de Panamá' para que la Fiscalía y la Agencia Tributaria puedan iniciar sus respectivas investigaciones con el fin de saber si contribuyentes españoles han blanqueado dinero y han eludido sus obligaciones tributarias en España a través de las sociedades creadas en Panamá por el bufete Mossack Fonseca. El grupo periodístico se ampara en que no son el "brazo del Gobierno".

Según fuentes conocedoras del caso consultadas por EL ESPAÑOL, este lunes se celebró una reunión entre fiscales de Anticorrupción, miembros de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y una representante del consorcio de periodistas, encuentro impulsado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, para pedir colaboración al consorcio.

Sin embargo, esta organización se ha negado a entregar la información al ser la política del consorcio, lo que complica el inicio de una investigación seria. Estas fuentes explican que el consorcio ha instado a la Fiscalía y a Hacienda a que basen sus investigaciones en lo que se vaya publicando a través de los medios de comunicación. Sin embargo, creen que esto va a entorpecer una posible investigación, dado que sin tener los documentos no pueden sacar conclusiones certeras sobre la posible existencia de indicios de delito.

"No somos una agencia del Gobierno"

El consorcio tiene su explicación. Una de sus miembros, Mar Cabra, explica que desde 2013, cuando publicaron la primera filtración, el 'Offshore leaks', la postura del grupo de periodistas que trabajan en este proyecto ha sido siempre la mismo. "No somos un brazo del Gobierno, no somos una agencia del Gobierno y por eso no compartimos la información".

En aquel entonces, el director del consorcio, Gerard Ryle, explicó se negaban a entregar los 2,5 millones de archivos sobre paraísos fiscales en el extranjero a agencias gubernamentales de Alemania, Grecia, Corea del Sur, Canadá y los EE.UU. "El ICIJ no es un brazo de la ley y no es un agente del gobierno. Somos una organización informativa independiente, por y PARA servir a nuestros miembros, la comunidad global de periodismo de investigación y el público", dejó por escrito en un post.

Según explicó Cabra, siempre se ha dado la misma respuesta a los organismos que les han requerido información, como la Agencia Tributaria estadounidense. "Somos un grupo de periodistas y hacemos periodismo". Además, también hay otra razón, su compromiso a proteger las fuentes. Aún así, ha anunciado que a principios de mayo se colgará en internet una base de datos con un gran número de sociedades, donde ya están incluidos datos de otras filtraciones. "Queremos hacer la mayor base de datos jamás construida", añadió.

Por ahora, los datos que se conocen es que, según afirma el ICIJ, ciertas personas, entre ellas españoles como el director de cine Pedro Almodóvar, la tía del rey Pilar de Borbón o el jugador de fútbol Leo Messi, habrían utilizado el bufete panameño Mossack Fonseca para abrir sociedades en Panamá, un país considerado paraíso fiscal. Sin embargo, fuentes jurídicas explican que el hecho en sí de abrir una sociedad no es delictivo y por eso es esencial saber en la información que dispone el consorcio si hay datos fiscales que indiquen que ese dinero se habría constituido con dinero no declarado a la Hacienda Pública.

Destruir pruebas

Otras fuentes se ponen en el peor de los casos y alertan de que en la medida que la información tarde en llegar a la Fiscalía, más se demorará el inicio de una investigación y, por tanto, más tarde se judicializaría el asunto en caso de encontrar indicios delictivos. Aquí el problema que se encuentran la Justicia y Hacienda es doble. Por un lado, hasta que no esté la querella en el Juzgado no se interrumpe la prescripción y, por tanto, podría seguir pasando el tiempo y que los delitos finalmente no puedan ser perseguidos.

Pero es que, además, insisten estas fuentes, cuanto más se alargue el inicio de la investigación más posibilidades tienen los posibles blanqueadores de destruir pruebas. Según ha revelado el ICIJ, disponen de 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, con información de más de 214.000 empresas 'offshore' (opacas) en más de 200 países y territorios.

Tras conocer la filtración, Ramón Fonseca Mora, miembro de la firma y ministro asesor de la Presidencia de Panamá, dijo que su compañía no se responsabiliza por las conductas o acciones de sus clientes y que, en los 40 años que tiene, la organización no ha sido acusada en ningún proceso judicial.

Por ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación respecto del bufete panameño. Sin embargo, el Ministerio Público ha iniciado el asunto de manera preliminar, únicamente a la vista de las informaciones periodísticas publicadas, pero todavía sin datos fehacientes necesarios para una investigación judicial.

El problema que se va a encontrar la Justicia es que la la Procuraduría General de la Nación de Panamá ha anunciado ya el inicio de las "investigaciones respectivas" tras la filtración, por lo que la investigación española al despacho podría tener corto recorrido.

Sin datos de contribuyentes blanqueadores

Sin embargo, sí se podría investigar a españoles o residentes en España que hayan defraudado a Hacienda a través de las sociedades creadas por el despacho panameño y que hayan podido ser utilizadas como sociedades pantalla.

Según fuentes fiscales, las diligencias que hay abiertas son las acordadas por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por un presunto blanqueo cometido por el despacho, aunque si finalmente se consigue alguna información podría ampliarse a contribuyentes que presuntamente hayan blanqueado y defraudado a Hacienda.

Sin embargo, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, deberá determinar en último término si finalmente se encargará esa Fiscalía o si le pasa el testigo a la Fiscalía Anticorrupción -que por ahora no ha iniciado ninguna investigación dado el resultado de la reunión con el consorcio de periodistas- una vez decida qué departamento es el competente para ello.