Rato y Blesa, al banquillo de los acusados

Ya no hay marcha atrás. Los dos expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, se sentarán en el banquillo de los acusados, junto a otros 64 ex consejeros y ex directivos de la entidad, por la utilización de unas tarjetas de crédito fuera del circuito legal de la entidad. En una década gastaron 12 millones de euros para fines personales con estas tarjetas. 

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha acordado a través de un auto la apertura de juicio oral. El siguiente paso es que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal fije fecha para la celebración de la vista, en la que los acusados tendrán que enfrentarse a los delitos de apropiación indebida y administración desleal.

En el auto, el magistrado recoge los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordinaria (FROB), Bankia y el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD). Todos ellos solicitan penas de prisión para cada uno de los acusados, aunque esa penas distan las unas de las otras, dependiendo de quien acuse.

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el que refleja que durante la vista, si no hay modificaciones, solicitará en el juicio cuatro años y medio de cárcel para el expresidente del Bankia y exministro de Economía en la época de José María Aznar Rodrigo Rato, mientras que para Blesa solicita seis años por ser la persona que institucionalizó estas tarjetas, que no forman parte de la remuneración de los directivos ni consejeros de la entidad. En el caso de FROB, pide tres años para el primero y 4 años y nueve meses para el segundo.

El juez ratifica sus fianzas

El auto Andreu ratifica las fianzas impuestas en fase de instrucción, es decir, los tres millones de euros a Rato, 16 millones a Blesa y 4,3 millones para otros 21 imputados, de los cuales se ha descontado el dinero devuelto por catorce de los acusados, en total 1,7 millones de euros.

Tanto el FROB como la Fiscalía consideran que Blesa fue quien instauró el sistema de las tarjetas que fue continuado por su sucesor y, por tanto, los dos son responsables del gasto total. De ahí que a ambos les pidan como responsabilidad civil la devolución de los gastado en los períodos que presidieron: al primero 9,3 millones de euros y al segundo 2,7 millones de euros.

Según las acusaciones, Blesa, durante la etapa en que ocupó el cargo de presidente entre 1996 y 2010, autorizó la entrega a los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y a determinados altos directivos de unas tarjetas de crédito que, hasta la cuantía por él mismo establecida y con cargo a la sociedad, "podían ser empleadas por sus usuarios para gastos de libre disposición, incluidos gastos propios de naturaleza estrictamente personal, ajenos al desarrollo de cualquier actividad de representación de la entidad o al desempeño de funciones o tareas al servicio de la misma".

De esta manera, "se consagró así una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en los correspondientes contratos mercantiles o de trabajo o respaldo en acuerdos formalizados o decisiones adoptadas por los órganos de administración de Caja Madrid".