El juicio del Madrid Arena, entre la polémica y las dudas

La fiesta de Halloween de 2012 fue la más tenebrosa que se recuerda. En la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre de ese año cinco niñas murieron como consecuencia de una avalancha humana en el pabellón Madrid Arena de la capital de España. Este martes arranca el juicio por este caso con el empresario Miguel Ángel Flores como principal acusado. Y esta vista oral llega envuelta en polémica porque algunas familias de las fallecidas se quejan de las penas solicitadas por la Fiscalía para los quince presuntos responsables y, sobre todo, no comprenden que los fiscales no acusen al ex inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, que sí se sentará en el banquillo porque así lo han reclamado otras acusaciones.

Las cinco fallecidas, todas ellas con edades comprendidas entre los 17 y los 20 años, eran Cristina Arce, Belén Langdon, Katia Esteban, María Teresa Alonso y Rocío Oña. Durante los próximos cuatro meses se juzgará en la Audiencia Provincial de Madrid a quince acusados, entre ellos los citados Flores y Monteagudo; el primero de ellos se enfrenta a una pena máxima de cuatro años de prisión. Más de cien personas testificarán a petición de la Fiscalía y de las siete acusaciones particulares y las dos populares (Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid y Manos Limpias). Está previsto que este juicio del caso Madrid Arena quede visto para sentencia a finales de mayo. Es la hora de los jueces, pero las horas previas al inicio de la vista no están exentas de controversia.

Este lunes el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink y el fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, han comparecido en el Tribunal Superior de Justicia de la capital para explicar la posición del Ministerio Público en el caso. No por casualidad, lo primero que han hecho es expresar “el compromiso inequívoco con las víctimas” de aquella tragedia. A su juicio, la clave es demostrar en el juicio que lo sucedido “no fue un accidente”, sino “algo evitable”. Esta tesis se cimienta en tres pilares: la falta de control y coordinación de los organizadores; el sobreaforo, ya que se vendieron más de 20.000 entradas cuando el dispositivo de seguridad era para 7.000; y la nefasta gestión de la avalancha que se produjo entre las 3.35 y las 3.55 horas de aquella madrugada. Por ello, sostienen que los acusados cometieron delitos de homicidio imprudente.

“La única pena legal”

Tal y como consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, el principal acusado del caso es Miguel Ángel Flores, que administraba Diviertt S.A., la empresa organizadora del evento donde se produjo este suceso. Los fiscales piden para él una pena de cuatro años de prisión y otros seis de inhabilitación para ejercer como empresario u organizador de este tipo de actos. Esta solicitud es insuficiente para algunas de las familias de las fallecidas.

Los fiscales Caballero y Polo se han esforzado por explicar que la condena de cuatro años de cárcel es “la pena máxima” estipulada en el Código Penal para “este concurso de delitos”. “Solicitar una pena mayor sería solicitar una pena ilegal”, ha afirmado ante los medios el fiscal provincial. “Es la única pena legal, la única pena posible”, ha agregado el fiscal autonómico.

En varios medios se ha destacado en las últimas horas el hecho de que la Fiscalía no haya acusado a Flores por un delito de ocultación de pruebas, teniendo en cuenta grabaciones publicadas sobre el caso. Los fiscales han repetido que “se verá en el juicio” y han recordado que “al imputado no se le puede exigir que colabore con la justicia” al amparo de sus “garantías constitucionales”. Ambos han hecho hincapié en que “hay que esperar al juicio” para ver “qué pruebas se demuestran” y han recordado que “estas son unas conclusiones provisionales” y que “la postura del fiscal no es rígida” .

¿Y Monteagudo?

También existe cierta controversia dado que la Fiscalía no haya acusado al ex responsable de la Policía Municipal Emilio Monteagudo, al contrario de lo que solicitan las acusaciones. Los fiscales Caballero y Polo han remarcado que de los quince acusados, catorce -todos menos este ex jefe policial- se van a sentar en el banquillo porque así lo ha pedido el Ministerio Público. Y han explicado que la Fiscalía considera que de momento no hay pruebas que incriminen a Monteagudo.

En la tristemente célebre fiesta del Madrid Arena en 2012 concurrió la circunstancia de que en las puertas del pabellón se celebró un macrobotellón cuya responsabilidad es de la Policía Municipal. De ahí surge la posible responsabilidad de Monteagudo. La Fiscalía arguye que “no hay ninguna prueba de que la actuación de la Policía Municipal en el exterior del recinto contribuyera al fatal resultado del interior del pabellón”. En todo caso, habrá que esperar a este largo juicio donde multitud de detalles aún tienen que dilucidarse.