Acuerdo en el TC para anular la resolución secesionista

Menos de un mes. Ésta será la vigencia de la resolución secesionista aprobada el pasado 9 de noviembre por el Parlamento de Cataluña si, como se prevé, el pleno del Tribunal Constitucional da luz verde este miércoles a la sentencia que anulará, por inconstitucional, ese texto.

Los once miembros del tribunal debatieron este martes por la mañana el proyecto de sentencia presentado por el ponente, Andrés Ollero, sobre el que hay un "amplio acuerdo", dijeron fuentes del TC

Los magistrados han formulado distintas observaciones que el ponente va a incorporar al texto, esencialmente para darle más claridad e introducir contestaciones a las alegaciones presentadas el pasado viernes por el Parlament. De esta forma, el Pleno se volverá a reunir este miércoles por la mañana con la idea de aprobar la sentencia.

Contundencia

Desde el pasado 11 de noviembre, cuando el TC admitió a trámite la impugnación del Ejecutivo contra la resolución aprobada por el Parlament, el magistrado Andrés Ollero y el equipo de letrados constituido para dar forma al proyecto del tribunal trabajan en la redacción de un texto que pretende ser claro y contundente. 

El objetivo del alto tribunal es dar respuesta sobre el fondo del asunto en el tiempo más breve posible. A ello contribuye la notoria contradicción del acuerdo parlamentario con la Constitución y también el hecho de que el caso haya recaído en un ponente al que le gusta resolver los asuntos de forma expeditiva y con agilidad.

De aprobarse este miércoles, la sentencia que declarará la inconstitucionalidad de la resolución independentista será la más rápida de la historia del Tribunal Constitucional (a excepción de los recursos de amparo electorales, sometidos a estrictos plazos sumarísimos): menos de un mes desde que el asunto entró en el registro y hasta que se dicta el pronunciamiento de fondo.

En cuanto recibieron la impugnación del Gobierno, los magistrados fueron unánimes en decretar la suspensión automática del acuerdo parlamentario en unos términos insólitos. Por primera vez, el tribunal acordaba una notificación personal a los miembros de la Mesa del Parlament y a los del Govern en funciones y les advertía, bajo apercibimiento de responsabilidad penal, de su deber de respetar y hacer respetar la suspensión de la resolución independentista.