El juez de Púnica y el juez del 11-M aspiran al Supremo

Cinco jueces de la Audiencia Nacional, entre ellos el instructor de la operación Púnica, Eloy Velasco, y el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que redactó la polémica sentencia de los atentados del 11-M, han pedido ascender a la Sala Penal del Tribunal Supremo, encargada de juzgar a los miembros del Gobierno y a otros aforados, además de revisar los procesos penales más relevantes.

Es poco probable que cualquiera de los dos sea elegido. Gómez Bermúdez fue nombrado por el Ejecutivo de Rajoy hace sólo seis meses juez de enlace con Francia, mientras que Velasco dejaría a medio instruir el complejo procedimiento de la trama Púnica si accediera a la cúpula de la Judicatura.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial, al que corresponde al nombramiento, apuntan a que el candidato con más posibilidades es el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Pablo Llarena, recién descabalgado como presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, cargo desde el que ha tratado de mantener buenas relaciones tanto con el Ministerio de Justicia como con el propio CGPJ.

Llarena es magistrado especialista en la jurisdicción penal, una condición que reúnen muy pocos miembros de la Judicatura porque el CGPJ no convoca las correspondientes pruebas. El Consejo ha reservado a los especialistas la vacante a cubrir, creada por la jubilación del magistrado Joaquín Giménez.

De acuerdo con la convocatoria, la plaza sólo puede ser solicitada por los magistrados que hayan superado las pruebas de especialización penal y tengan una antigüedad de, al menos, 15 años en la carrera. Además de Llarena, esos requisitos los cumplen otros tres magistrados, y todos ellos optan al ascenso: el ex vocal del CGPJ y ex magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Lopez, actualmente en la Sala Penal de la Audiencia Nacional; Jaime Tapia, magistrado de la Audiencia Provincial de Álava, y Eloy Velasco.

Los jueces Enrique López y Andrés Martínez Arrieta. Efe

La cobertura de la plaza va a ser conflictiva porque está en cuestión que deba quedar reservada a especialistas en penal (de hecho, la han solicitado magistrados que no tienen esa condición) y también porque aspiran a ella jueces como Gómez Bermúdez, Ángel Hurtado o Clara Bayarri, que en 2013 superaron unas pruebas de especialización luego anuladas por el Tribunal Supremo.

Estos candidatos consideran que el CGPJ debe tener en cuenta como mérito cualificado que ellos aprobaron las pruebas y que el motivo por el que fueron anuladas no es imputable a ellos, sino al propìo CGPJ, que se extralimitó al regularlas en un reglamento.

En el CGPJ cuentan con que, por uno u otro motivo, la cobertura de esa vacante en la Sala Penal acabará siendo objeto de un recurso.

El problema de Cataluña

No es la única plaza sensible que en las próximas semanas deberá proveerse por el órgano de gobierno de los jueces. El Consejo tendrá que nombrar a los presidentes de los Tribunales Superiores de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Es altamente probable que en este último no repita Miguel Ángel Gimeno, cuya gestión del conflicto soberanista no ha gustado en el Consejo. En el órgano de gobierno del Poder Judicial se sabe que Gimeno era contrario a la querella contra Artur Mas por un presunto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional y se le atribuye en buena medida la responsabilidad de la lentitud con que este procedimiento se está tramitando.

La presidencia del TSJ de Cataluña ha sido solicitada, además de por Gimeno, por otros tres magistrados: Jesús Barrientos, Fernando Lacaba y José Manuel González Viñas.

El CGPJ también debe decidir si renueva o no a Ángel Calderón para un tercer mandato como presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Hay cierta expectativa de renovación. El cargo lo han solicitado tanto el magistrado de esa Sala Benito Gálvez como, de manera inesperada, el reconocido magistrado de la Sala Penal Andrés Martínez Arrieta.