Murió en Guadalajara con 13 años enfermo y desnutrido pese a las advertencias del colegio

Este martes ha comenzado en el juzgado de lo penal número 2 de Guadalajara el juicio para depurar responsabilidades con relación a la muerte en octubre de 2014 de un menor de 13 años cuya guarda por acogimiento familiar permanente recaía en su bisabuela. Al fallecer, el adolescente solo pesaba 26 kilos y presentaba estado de desnutrición. La falta de asistencia médica había impedido observar que padecía diabetes mellitus, una enfermedad que se complicó, derivando en una cetoacidosis diabética, un choque hipovolémico y, finalmente, una parada cardiorrespiratoria secundaria que resultó mortal.

La técnico del servicio de Menores de la Junta y la técnico de acogimiento de familia acusadas de homicidio imprudente han señalado que no había indicios del mal estado de salud que padecía el chico y que fue dos días antes del fallecimiento cuando alertaron desde el centro educativo del menor de la situación del mismo.

Así lo han relatado en su declaración como acusados en la primera vista del juicio que se ha iniciado este martes en el juzgado de lo penal número 2 de la capital alcarreña, en el que también están acusados la bisabuela del menor fallecido y otro técnico de la Junta de Comunidades, para quienes la Fiscalía pide dos años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente por la muerte del menor de 13 años por falta de atención y complicaciones de la diabetes que padecía.

La primera en declarar este martes ha sido la bisabuela del menor, de 82 años de edad y encargada de la acogida del mismo, quien ha explicado cómo le había afectado negativamente al niño la relación con su padre tras salir de la cárcel, pese a estarle prohibida por parte de los servicios sociales.

Llamada al 112

La acusada, que tenía encomendada la guarda del menor por acogimiento familiar permanente desde 2009, ha relatado que cuando quiso llevarle al médico “no me hacía con él, me daba golpes” y que el mismo día del fallecimiento del menor llamó al 112 y al centro médico alertando de que su bisnieto necesitaba ayuda, si bien ha sostenido que los servicios médicos no le hicieron caso hasta que el menor había fallecido.

Por su parte, la técnica acusada encargada de acogimiento de familias de la ACTIA, asociación sin ánimo de lucro encargada de este servicio por parte de la Junta, ha relatado que sus tareas eran de acompañamiento y apoyo a la familia de acogida y que toda la información que a ella le llegaba se la comunicaba al servicio de Menores de la Junta, que tenía la tutela del niño.

Ha explicado que desde su llegada en julio de 2013 a este servicio solo tuvo constancia de alguna incidencia de este menor cuando le informaron de la salida de la cárcel del padre, quien tenía retirada la patria potestad y con quien no tenía relación desde el inicio del acogimiento, una circunstancia que tanto la bisabuela como la acogedora han afirmado que les preocupaba.

Además, ha asegurado que en las periódicas visitas a la vivienda no constató malas condiciones ni higiénicas ni de salud del menor ni otras incidencias en sus seguimientos telefónicos.

Alerta de los profesores

A preguntas de la Fiscalía sobre que los profesores del niño habían alertado de su estado de salud y que el padre les había dicho que el menor no había acudido al médico, la técnico de acogimiento ha señalado que tan sólo en una reunión mantenida en mayo de 2014 con motivo de aclarar la situación del menor con el padre, quien se había dirigido al centro, y el próximo cambio del menor al instituto, la profesora le trasladó "su preocupación por el estado del menor". Por ese motivo, llamó a la bisabuela para que lo llevara al médico.

No fue hasta septiembre de ese año cuando, tras detectar el absentismo no motivado del niño, ambas técnicas solicitaron una reunión con la orientadora del instituto al que acudía el menor, donde no les manifestaron ninguna información sobre el mal estado de salud del niño, aunque el 6 de octubre el centro educativo informó a las técnicas que no el menor no estaba en buen estado, por lo que le habían mandado a casa y que a su entender necesitaría atención médica urgente.

Ante esta situación, ambas técnicas han declarado que ese mismo día llamaron a la bisabuela para instarle a llevarle al médico, si bien aunque la bisabuela concertó una cita médica para el 8 de octubre, no se produjo la visita y el niño murió el 9 de octubre.

No solicitó informes

A preguntas de la Fiscalía, la técnico de Menores de la Junta, administración con la tutela del niño fallecido, ha reconocido que pese a tener competencias para solicitar informes al Sescam o pedir información para comprobar las visitas médicas no lo hizo, si bien ha afirmado que los datos médicos que tenían no alertaban de ninguna enfermedad ni las revisiones médicas habían detectado indicios de mal estado de salud.

En este sentido, han manifestado que el fallecimiento les impactó, más cuando luego supieron que la bisabuela llamó a varias asistencias médicas alertando del estado del menor e “inexplicablemente” no fue atendida.

También han señalado que el director del instituto en el que estaba el menor podría haber requerido asistencia médica para el menor si consideró que era urgente que el niño recibiera atención médica.

Fiscalía

Según la Fiscalía, los tres empleados del servicio de Menores, en cuanto encargados del seguimiento del menor, “omitieron ante las noticias recibidas sobre el estado del mismo, las más elementales normas de vigilancia y cuidado, haciendo caso omiso a las advertencias que recibían tanto de los centros donde el menor cursaba sus estudios, como de su padre, sobre el estado de salud del fallecido, así como del abandono al que le tenía sometido su bisabuela, persona designada como adecuada para atender al menor, y que lejos de esto omitía cualquier vigilancia sobre su bienestar y salud”.