El exalcalde y dos concejales de un pueblo de Cuenca irán a juicio por presunta prevaricación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Motilla del Palancar (Cuenca) ha abierto juicio oral contra el exalcalde socialista de Quintanar del Rey y dos de sus concejales por una supuesta prevaricación administrativa.

Según el auto del pasado 7 de junio, el Ministerio Fiscal pide diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, mientras que la acusación particular eleva esa petición a quince años.

El juicio tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Cuenca, que ha sido declarada como órgano competente por el juzgado, una vez se presenten los escritos de calificación de las partes.

Denuncia del PP

Según ha informado el PP en nota de prensa, los hechos se remontan a marzo de 2020 cuando, en la licitación de las obras para la dotación de instalaciones complementarias en un auditorio multiusos, los tres acusados "no siguieron el procedimiento legal que contempla la Ley de Contratos del Sector Público, a pesar de su experiencia y a sabiendas".

El proceso judicial se inició en abril de 2021, cuando el entonces portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, José Talaya, interpuso una querella por un presunto delito de prevaricación contra los tres responsables socialistas.

Cabe añadir que, de los tres investigados, uno de ellos todavía ejerce como concejal en el Ayuntamiento.

"Respeto a los procesos judiciales"

Por su parte, el PSOE de Quintanar del Rey ha pedido "respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia, ya que se verá delante del juez si ha existido o no ha existido delito".

"Se trata de un procedimiento habitual de la justicia y debe respetarse hasta que finalice y exista una sentencia firme. Pedimos que no se hagan juicios públicos y sentencias por adelantado", han expresado.

Asimismo, el PSOE ha criticado que la nota de prensa del Partido Popular aporta "datos de carácter personal" de personas que no ostentan cargo público en la actualidad, lo que podría vulnerar la Ley de Protección de Datos.

El PSOE no contempla tomar ningún tipo de medida contra las personas que se encuentran inmersas en este procedimiento judicial, puesto que "no han sido juzgadas y por ahora no son culpables de ningún delito".