Administraciones y entidades de Castilla-La Mancha unen sus fuerzas para ayudar a Ucrania

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page y la consejera de Bienestar Social Bárbara García han mantenido este jueves una reunión a la que han asistido representantes de las diputaciones provinciales y la FEMP Castilla-La Mancha, así como las principales entidades humanitarias y de acogida de población refugiada para hacer una serie de recomendaciones a la ciudadanía que favorezcan la canalización de la ayuda a Ucrania.

En un manifiesto que han firmado estas administraciones junto a ACNUR, UNICEF, CONGD-CLM, ACCEM, Fundación CEMPAIM, Cruz Roja, Provivienda, Guadacoge y MPDL, recogen las pautas generales para hacer más efectiva la "red de solidaridad" que se ha tejido ante esta emergencia humanitaria.

Imagen de los firmantes.

Los firmantes piden que "se eviten las donaciones en especie" por el impacto negativo que puedan ocasionar en el ámbito social, económico y medioambiental local, y porque "su gestión dificulta el trabajo especializado de las entidades humanitarias, así como la distribución de ayuda con todas las garantías de seguridad que las víctimas de la guerra requieren y merecen".

Como ejemplo ponen los medicamentos, sujetos a "estrictos protocolos de calidad y seguridad que restringen las donaciones de particulares, situación que está provocando que muchas donaciones de este tipo acaben desestimadas y desechadas, con el notable riesgo sanitario y medioambiental que supone".

También piden que se eviten los desplazamientos a título particular a la zona fronteriza al conflicto para la recogida de personas desplazadas sin la coordinación imprescindible con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "garante principal del acceso a servicios y ejercicio de derechos". En este sentido, recuerdan que "la voluntad de acogida por parte de la ciudadanía castellano manchega, de familias o individuos de origen ucraniano, especialmente cuando se realiza sin regulación o coordinación con las administraciones, y especialmente si conlleva la recogida y desplazamiento de niños y niñas no acompañados por adultos, o por adultos que no son sus tutores legales, puede incurrir, aun involuntariamente, en prácticas peligrosas para la seguridad de los menores, incluyendo riesgo de formar parte de redes de trata de personas".

Por todo ello, piden que "este impulso solidario de la ciudadanía, entidades bancarias, sociales, empresariales y administraciones públicas de todo nivel, sea canalizado a través de ayudas económicas a entidades humanitarias acreditadas y solventes, a la Agencia Española de Cooperación Internacional a través de su Oficina de Acción Humanitaria; y a aquellas organizaciones no gubernamentales con experiencia acreditada que trabajan en nuestra región dentro del Sistema Nacional de Acogida incluyendo o facilitando, la cesión, donación temporal o alquiler a bajo coste de viviendas que permitan garantizar el bienestar y promover la dignidad de las personas acogidas".

Por último, también hacen una petición a los medios de comunicación para que piden una "proporción en la difusión del conflicto, así como una reflexión a dimensionar adecuadamente la exposición de iniciativas particulares que podrían suponer a corto y medio plazo un perjuicio para la población abordada, y en especial, aquellos casos en los que se encuentran involucrados menores".