Los retrasos en los pagos de las operaciones comerciales siguen siendo un motivo de preocupación para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, el colectivo más perjudicado por este fenómeno por sus efectos nocivos sobre la financiación y liquidez de estas sociedades. Son las pymes, en efecto, las que tienen menos recursos para hacer frente a los retrasos en los pagos, lo que puede llevar al impago e incurrir en costes muy altos. A veces insostenibles, limitando su capacidad para competir y penalizando su inversión. Según los datos del Observatorio de Morosidad del último trimestre del pasado año elaborado por CEPYME, con datos de CESCE e Informa D&B, el 50,3 % de las facturas se abonaron de forma puntual en España en el cuarto trimestre de 2023. O lo que es lo mismo, prácticamente la otra mitad de las facturas se abonaron con retraso, mucho retraso.

Castilla-La Mancha no es ajena a este fenómeno. En los últimos tres meses del pasado año el periodo medio de pago (PMP) en la región se situó en 81 días, en la media nacional, aunque todavía 21 sobre el plazo máximo fijado por ley. Sin embargo, con un incremento interanual del 21,5 %, el aumento en la región encadena ya siete trimestres consecutivos, la única autonomía en España, junto a la Comunidad Valenciana, cuyo PMP no cesa de aumentar en los últimos meses. Un endeudamiento junto al alto coste de la financiación que está pasando una elevada factura al tejido productivo de la región, donde las insolvencias empresariales continúan aumentando. Durante el pasado año, 493 sociedades se vieron abocadas a solicitar concurso de acreedores, un 26 % más que en 2022, según Registradores de España.

Una persistente morosidad que penaliza de manera especial a las pymes y representa un coste financiero de 2.600 millones de euros en el conjunto del país, un 50 % más que en el mismo período del año anterior, según datos del Observatorio. Una situación que no resulta fácil de afrontar para las pequeñas y medianas empresas, un colectivo que cuenta con menores recursos financieros y capacidad de negociación y que, además, deben asumir el incremento de otros costes productivos (energéticos, laborales, suministros…), a la vez que soportar los efectos de una inflación aún no superada del todo. Un coste tan elevado como difícil de asimilar para las pymes, que ven mermar cada día su rentabilidad y capacidad de negociación para acceder a la financiación necesaria, en un contexto de encarecimiento del dinero como consecuencia del aumento de los tipos de interés.