El Gobierno tiene asumido que, ante la coyuntura económica actual, los trabajadores más vulnerables no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo. Para evitarlo, ya está decidido por parte de la Administración que el actual salario mínimo -fijado este año en 14 pagas de 1.000 euros- se incremente en 2023 en un porcentaje aún por determinar. Mientras, la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo lleva registrados hasta septiembre 653 convenios en España (461 de empresa y 192, de ámbito superior), un 27 por ciento más que en el mismo periodo de 2021.

Aunque en su negociación ha habido signos de reactivación, la mayoría sigue todavía muy lejos de las cifras prepandémicas. La subida media salarial pactada hasta esa fecha ha sido del 2,6% una cifra, desde luego, bien lejos del alza de precios con una inflación que en septiembre alcanzaba el 8,9%. Un incremento salarial que en absoluto compensa la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, que sigue haciendo frente a este encarecimiento con subidas de sueldo prácticamente congelados o con escasos aumentos, y que este jueves se ha manifestado en Madrid en protesta de una situación que se está volviendo dramática para tantos.

Un porcentaje de aumento salarial en los convenios que en el caso de Castilla-La Mancha resulta incluso inferior a la media nacional del 2,6%. Son los ejemplos de sus cinco provincias donde estas subidas han alcanzado el 2% en Toledo, 2,37% en Ciudad Real, 2,15% en Albacete, 1,82% en Cuenca y 1,66% en Guadalajara. Unos porcentajes, todos ellos, inferiores a la media nacional, precisamente en unos de los territorios del Estado con mayor porcentaje de ocupados (8,4%) con una jornada laboral superior a las 49 horas, según datos del Instituto Nacional de Estadística relativos a 2021. 

Se hace necesario más que nunca que tanto empresas y sindicatos negocien incrementos salariales que corrijan la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, precisamente cuando la escalada de precios sigue estando muy por encima del avance de los salarios. Un pacto de rentas que distribuya mejor el coste de la crisis de precios entre las empresas y los trabajadores, como la mejor fórmula para que entre todos asuman la pérdida de renta real que les afecta. Especialmente en Castilla-La Mancha, donde los incrementos salariales están siendo inferiores a los del resto de trabajadores del Estado.