Arranca la huelga indefinida de abogados de oficio de Talavera de la Reina para pedir mejoras

Alrededor de 85 abogados y 21 procuradores del turno de oficio de Talavera de la Reina han comenzado este martes una huelga indefinida para pedir mejoras en el servicio ya que entienden "que no se cumplen las condiciones mínimas de dignidad para trabajar".

Así lo ha indicado Celeste Gutiérrez, una de las organizadoras de una huelga que ha arrancado con una concentración a las puertas del Palacio de Justicia de Talavera de la Reina. Allí se han escuchado proclamas como "turno de oficio digno", "somos abogados, no esclavos" o "Bolaños escucha está es nuestra lucha".

Además, ha valorado el seguimiento de la huelga en Talavera de la Reina y que se hayan sumado al paro abogados de Daimiel (Ciudad Real), de Albacete y de Ciudad Real capital.

Según Gutiérrez, los abogados y procuradores del turno de oficio llevan años sin que se les actualice el baremo, concretamente desde 2018. Los abogados están cobrando alrededor de 150 euros por asunto, y los procuradores 24,34 euros si es un asunto penal y 32,45 euros si es civil.

"Soportan un trabajo invisible, arduo y en ocasiones no remunerado sin reconocimiento social, sin vacaciones, sin descanso semanal, sin derecho a cotización, sin ser contratados, lo que supone una explotación laboral. Este año, el Ministerio nos ofreció una subida del 5 % de lo que cobramos, pero respecto a lo que cobran otros países eso no es nada por lo que nos parece una burla. Por ello, hemos cogido este revulsivo para convocar la huelga".

Reivindicaciones

Entre sus reivindicaciones están la regulación jurídica del profesional del turno de oficio, unas retribuciones dignas, la retribución de la totalidad de las actuaciones realizadas, la reducción de la carga burocrática, la actualización anual de las retribuciones conforme al IPC y el abono de los costes en los que incurra el profesional al prestar el servicio.

También, el derecho a la conciliación, descanso y desconexión digital, así como cotizar a la Seguridad Social con efecto retroactivo por todos los años trabajados y que, ante la denegación definitiva de la asistencia jurídica gratuita, sea la Administración la que pague al profesional y reclame al ciudadano.

Por último, reclaman el reconocimiento de la condición de autoridad, el desarrollo de campañas de sensibilización para la dignificación de la profesión y el derecho a la formación gratuita a cargo de la Administración.