Una de las operaciones de espionaje más rocambolescas de la Guerra Fría fue la investigación que la CIA llevó a cabo en España para buscar a Lavrenti Beria, la implacable mano derecha de Stalin. Ocurrió en septiembre de 1953, pocos meses después de la muerte del dictador, aunque para entonces el antiguo jefe de la policía secreta soviética ya había sido liquidado por sus camaradas en Moscú. En la investigación participaron agentes españoles de la Brigada Político-Social (BPS) e incluso elaboraron un informe que llegó a manos del famoso senador Joseph Macarthy, impulsor de la caza de brujas anticomunista.

No fue el "caso Beria" la única conexión entre la agencia estadounidense y la policía política de Franco, popularmente conocida como la Secreta. En diciembre de 1957, su jefe, Vicente Reguengo, y el secretario general de la Dirección General de Seguridad, Rafael Hierro Martínez, viajaron a Estados Unidos invitados por la CIA para recibir orientación sobre las técnicas de investigación policial y los nuevos métodos de tortura. En mayo del año siguiente, el 'supercomisario' Roberto Conesa también cruzó el Atlántico para recibir formación del servicio de inteligencia. Unos meses antes, el agente Juan Antonio Creix había asistido a un curso del FBI.

El instinto camaleónico del régimen franquista ya le había hecho olvidar sus relaciones y acuerdos con los nazis. En julio de 1938, Heinrich Himmler, comandante en jefe de las SS y jefe de la Gestapo, y el general Martínez Anido, ministro de Orden Público y responsable de la policía española, habían firmado un convenio de cooperación y coordinación entre ambos cuerpos. Incluso Paul Winzer, uno de los cabecillas de la policía secreta de Hitler, instruyó a agentes españoles en el contexto de la II Guerra Mundial. Uno de los que colaboró con los nazis fue Melitón Manzanas, que acabaría asesinado por ETA en 1968.

Las conexiones internacionales de la BPS, la "verdadera guardia pretoriana" del régimen franquista según la definió Manuel Vázquez Montalbán, son una de las grandes novedades que arroja el libro La secreta de Franco (Espasa), del historiador Pablo Alcántara Pérez, una revisión y ampliación de su tesis doctoral cum laude sobre la historia, todavía oscura y con mucha información clasificada, de la institución. "No fueron contactos esporádicos, hubo coordinación y apoyo entre los estamentos policiales españoles y los de la Alemania nazi primero y Estados Unidos después, y aprendieron sus maneras", señala el autor.

A pesar de que las sombras de la BPS han protagonizado numerosos debates de la agenda pública en los últimos años, como las denuncias de los movimientos memorialísticos de las actuaciones de Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño y fallecido en mayo de 2020 por Covid-19, la bibliografía y las investigaciones sobre la brigada son muy escasas. Alcántara aduce como explicación el secretismo de muchos archivos, la dificultad para consultarlos, ciertas leyes restrictivas y una razón política: el 'pacto del silencio' de la Transición. "Estos agentes que habían cometido abusos no solo no fueron purgados ni juzgados, sino que fueron ascendidos, recibieron condecoraciones... hubo una total impunidad de la propia policía, la política y la justicia".

Fidelidad al régimen

De hecho, hasta 2045 no se podrá consultar la ficha personal de Billy el Niño, "el mejor de los mandados" a pesar de la dimensión que alcanzó gracias al dedo acusador de Pablo Iglesias, porque según la legislación actual deben pasar veinticinco años de la muerte de un agente para tener libre acceso a ella. El expediente que sí pudo consultar, aunque solo en 2019, fue el de Roberto Conesa, uno de los principales protagonistas de la historia de la Brigada Político-Social. Su extensa biografía de servicios a la dictadura empieza con la participación en el arresto de las Trece Rosas y se cierra el 1 de octubre de 1975, el día de la última aparición pública de Franco, cuando fue reconocido con la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, la mayor distinción que el régimen concedía a una persona civil. Entremedias, se infiltró en el PSOE y el PCE de la posguerra, trabajó para el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y realizó un sinfín de detenciones de opositores antifranquistas.

"Conesa me sirve para hacer una radiografía de lo que fue la Brigada Político-Social y sus actuaciones", subraya el historiador, que ha desvelado aspectos inéditos de su biografía, como un intento de expulsión del cuerpo policial en 1946 a raíz de una denuncia de malos tratos y una indisciplinada respuesta a sus superiores. El 'superagente' también encarna la reutilización en los primeros compases de democracia de muchos policías clave del aparato represor del régimen franquista. Rodolfo Martín Villa, el entonces ministro del Interior, le reclutó, por ejemplo, para investigar varios secuestros del GRAPO.

En cualquier caso, Pablo Alcántara concluye en su investigación que la Brigada Político-Social "no eran cuatro locos o sádicos torturadores, sino un aparato represor del régimen franquista sin fisuras que se dedicó al análisis de la actualidad del momento y que no dudó en actuar en todo tipo de circunstancias contra los luchadores antifranquistas: los movimientos guerrillero, obrero o estudiantil". Señala que muchos agentes se dedicaron a cuestiones de propaganda, e incluso menciona el caso de Tomás Salvador, un agente que ganó el Premio Planeta en 1960 con su novela policial El atentado.

Pero en el historial de la institución figuran enormes sospechas de crímenes brutales y encubiertos. El historiador recuerda el caso de los jóvenes universitarios Rafael Guijarro y Enrique Ruano. Ambos, militantes de una escisión del PCE y del Frente de Liberación Popular respectivamente, se suicidaron saltando por la ventana cuando los agentes irrumpieron en sus domicilios, según la versión oficial. En el caso de Ruano, su familia consiguió sentar en el banquillo en 1996 a los tres agentes que participaron en el arresto. Al final fueron absueltos porque se había serrado la clavícula del muchacho, una prueba "determinante para el esclarecimiento de los hechos" según los jueces. Todos coincidieron en que murió de una lesión no provocada por la caída, sino por "un objeto cilíndrico cónico", como una bala. Pero el hueso había desaparecido.

"Cuando se habla de la represión franquista se suele hacer desde el punto de vista de las víctimas, pero creo que también hay que hablar de la otra parte para conseguir la justicia y la reparación", cierra Alcántara, destacando asimismo acciones de claro desafío a la BPS, como el asalto de los mineros asturianos a la comisaría de Mieres en 1965. "Muchas veces se hace un relato lacrimógeno, pero aquí hubo gente que luchó sabiendo lo que les iba a pasar".