La Diputación de Segovia aboga por la política de tolerancia cero con su comisión antifraude
- Este órgano gana puntos ante la reciente creación en Castilla y León de la Autoridad Independiente en materia de corrupción.
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La Diputación de Segovia ha celebrado la reunión anual ordinaria de su Comisión Antifraude, que ha sido presidida por el diputado de Recursos Humano, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez.
Para esta sesión, llevada a cabo en el Palacio Provincial, se han personado Isidro Gómez-Juárez Sidera, técnico responsable supervisor de las Medidas Antifraude; Pascual Navarrete Aguiló, interventor general.
Además de Elena Pedriza Sanz, jefa de la Unidad de Gestión de Tesorería; Sergio Gutiérrez Ponce, técnico de Administración General del Servicio de Contratación.
También, Mª Lourdes Merino Ibáñez, secretaria general de la Diputación; y Julián García María, como secretario de la comisión, y que sirve para repasar los asuntos relacionados con las competencias de este órgano.
Ha coincidido su instancia con la reciente creación en la Comunidad de la Autoridad Independiente en materia de corrupción.
Un ente con el que la institución provincial va a colaborar para garantizar la eficacia de las medidas existentes en materia tanto de prevención como lucha contra el fraude y la corrupción en el seno de la propia Diputación.
Así, se debe recordar que ya en enero del pasado 2022, la Diputación se hizo con una política de tolerancia cero ante el fraude y la corrupción, por lo que establecieron un sistema de control interno para prevenir y detectar, en la medida de lo posible, cualquier actuación fraudulenta.
También, en su caso, subsanar sus consecuencias, desde los principios de integridad, objetividad y honestidad que informan el ejercicio de la función pública.
Finalmente, la comisión antifraude de la institución provincial se trata de un órgano técnico, independiente y articulado como grupo de trabajo colegiado.
Por ello, su función es especifica, tratando de asesorar con respeto a la Diputación de sus fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de conformidad con las normas aplicables.