Abierta una nueva penalización a la empresa responsable del mantenimiento de los jardines municipales
La Comisión de Contratación del Ayuntamiento de Salamanca estudiará las penalidades por incumplimientos del contrato en 2022 respecto a la prestación de jornadas laborales y el grado de ejecución de trabajos de mejora en la telegestión de riego
15 marzo, 2024 15:47La empresa encargada de la conservación, mantenimiento y mejora de los jardines y zonas verdes de la ciudad de Salamanca se enfrenta a una nueva penalización por "incumplimiento del contrato" durante el año 2022. Y esta es una situación que se repite en el tiempo, ya que han sido varios los expedientes abiertos por estas mismas causas.
Ya UGT advierte de la situación laboral que se vive en la empresa de jardines del Ayuntamiento de Salamanca, Talher, con "despidos, excedencias y bajas laborales sin que desde la empresa ni el comité de empresa se informe de los motivos que condicionan esas situaciones".
Este nuevo expediente es consecuencia del informe elaborado por el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, a solicitud del Gobierno Municipal, sobre el cumplimiento del contrato durante el año 2022.
En concreto, obedece a información recabada por los técnicos municipales como consecuencia de las labores habituales realizadas por el Departamento de Medio Ambiente para el seguimiento de la ejecución del contrato.
El informe detectó posibles incumplimientos del contrato sobre la prestación de jornadas laborales ofertadas por la empresa, así como sobre el grado de ejecución de trabajos de mejora en la telegestión de riego. Una vez analizadas las alegaciones realizadas por la empresa a la propuesta que dio lugar al inicio del expediente de penalización, se realizará la correspondiente propuesta de sanción, que podría alcanzar los 6.000 euros.
También se reclamará a la empresa que ejecute la totalidad de la mejora en la telegestión de riego incluida en el contrato. De no hacerse efectiva, el Ayuntamiento acometería los trabajos de forma subsidiaria y reclamaría el correspondiente gasto, estimado en torno a 20.000 euros.
El Departamento de Medio Ambiente solicitará información a la empresa para comprobar si se han producido similares incumplimientos durante el año 2023, en cuyo caso se iniciaría un nuevo expediente sancionador.