Junta y Gobierno, otra vez enfrentados: Lucas rechaza la financiación propuesta para aplicar la LOSU

Nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. Los planes del Ejecutivo nacional para la financiación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), anunciando que sufragarán parte de las contrataciones de profesores ayudantes doctores para adecuar las plantillas a las nuevas dedicaciones, han desatado el rechazo de la consejera de Educación en la Comunidad, Rocío Lucas, quien ha lamentado una vez más que tomen decisiones sin consultar a las autonomías.

En este sentido, desde la Junta han explicado a través de un comunicado que la nueva normativa supone un "sobrecoste" para las universidades que vuelve a recaer en las administraciones autonómicas.

En opinión del Ejecutivo autonómico, ha de ser el Gobierno central quien debe "hacerse cargo de los costes que deriven de las leyes que imponen de forma unilateral". Lucas ha señalado que en la comisión de trabajo que se desarrolló para consensuar la aplicación de la nueva ley se acordaron algunos asuntos como el retraso de la entrada en vigor de las Diposiciones Transitorias séptima y duodécima de la LOSU.

Además, han recordado que las comunidades autónomas propusieron una financiación de plazas que el Ministerio de Educación "se comprometió a estudiar". Pero, sin embargo, han visto como en las últimas horas se ha publicado que el Gobierno central "sólo financiará parte de las plazas de profesor ayudante doctor necesarias para cumplir con la ley".

Denuncian que el Ministerio aún no ha comunicado nada oficialmente y que la información dada a conocer señala que sufragarían el coste durante los seis años que dura el contrato y "da por hecho que la estabilización de ese personal correrá a cargo de las comunidades autónomas".

En esta línea, la consejera ha lamentado las noticias que se transmiten a través de los medios y ha rechazado este último anuncio a la par que solicita al Ministerio que convoque urgentemente una reunión del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria para acordar un modelo de financiación "justo, posible y proporcional".