El aviso de desahucio por impago de alquiler a una inquilina del barrio Carolinas de Alicante ha acabado convirtiéndose en su detención por intento de estafa en la venta de esta vivienda. Esta es la acusación por la que la Policía Nacional detiene a dos personas acusadas de una operación valorada en 66.000 euros.

El origen de estos hechos llega con un aviso de desahucio previsto para este mismo febrero. La inquilina lo había recibido por impago del alquiler de esta vivienda que había comprado un matrimonio argelino en 2018.

La investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Alicante señala al hombre detenido como presunto ideólogo ya que habría propuesto a la también arrestada que vendiera la casa. 

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El plan que detalla la Policía Nacional se podía llevar a cabo gracias a un poder notarial hecho desde Argelia a nombre de la arrendataria. En él se indicaba que el legítimo propietario de la vivienda le confería plenas facultades a la inquilina para enajenar la vivienda en su nombre, para ello aprovechaban que ya tenían sus datos por el contrato de alquiler.

El siguiente paso era encontrar una inmobiliaria a la que, supuestamente, se engañaría con ese poder notarial para que realizara la venta de la vivienda. Según el comunicado de la Policía, esta agencia actuó de buena fe e hizo de intermediaria a mediados de este enero con unos posibles compradores que terminaron pagando por ella 66.000 euros, 57.000 euros por la vivienda y el resto como comisión por la gestión.

La estafa cerraría su recorrido pasando por otra notaría en España con la que se formalizaba esta operación. Así, la inmobiliaria realizó un pago de mil euros en efectivo a la arrestada en concepto de reserva de la vivienda.

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El comunicado explica que este proceso fue desarrollándose sin levantar sospechas. Así los arrestados se personaron nuevamente en la notaría para que se llevara a cabo la transacción junto con el agente de la inmobiliaria que estaba gestionando la venta, siendo todo aparentemente legal y llegando a formalizarse la operación. La arrestada recibió un cheque nominativo por un valor de 55.290 euros, dado que los restantes 1.710 euros convenidos eran para satisfacer los pagos de impuestos.

Cuando el perjudicado y legítimo propietario de la vivienda fue conocedor de los hechos, interpuso una denuncia en la Policía Nacional. Ahí los agentes de la UDEF asumieron la investigación e inmediatamente consiguieron bloquear el cheque depositado en la cuenta de la arrestada con el fin de evitar la desaparición del dinero.

Del mismo modo, tras ponerse en contacto con la notaría y con la inmobiliaria, desconocedores ambas partes del engaño urdido por los arrestados, los agentes se hicieron con una copia del fraudulento poder notarial utilizado, para comprobar su legitimidad, el cual había sido confeccionado supuestamente en una notaría argelina en escritura arábiga.

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Tras las gestiones realizadas a través de los órganos de enlace con la Embajada General de España en Argelia, se llegó a la conclusión de que, tal documento era falso, puesto que ni las tasas eran correctas, ni el código de registro de pago que figuraba era el correspondiente, de hecho, ni siquiera las firmas oficiales eran legítimas.

Los agentes llegaron a contactar con el notario del país argelino quien, según figuraba en el poder notarial, supuestamente había dado fe de la veracidad del mismo, obteniendo como respuesta que no tenía conocimiento de tal documento.

Finalmente, tras hallar todos los indicios probatorios, los agentes detuvieron al varón y la mujer investigados como supuestos autores de los delitos de estafa y falsedad documental consiguiendo incluso, gracias a la rapidez de las actuaciones de los agentes encargados del caso, evitar que desapareciese el dinero pagado por la parte compradora, lo que les hubiera ocasionado un verdadero quebranto económico.

De los dos detenidos, un varón y una mujer de 42 y 58 años de edad respectivamente, ambos de nacionalidad argelina, así como de los hechos investigados se dio conocimiento al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alicante.