José Domingo Monforte sobre una vista de los rascacielos de Benidorm.
El abogado que gana la multa a Benidorm de 283 millones: "Han pasado 22 años, se tenía que haber tenido previsión"
José Domingo Monforte valora la inadmisión del recurso del Ayuntamiento que corrobora la compensación a los propietarios.
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Dos intensos días que valen por más de dos décadas de espera. Desde que el jueves el Tribunal Supremo anunciara que no admitía el recurso de Benidorm, la actividad en el despacho de Domingo Monforte Abogados no cesa. Con esta sentencia se confirma, de momento, que sus clientes reciben una histórica compensación de un Ayuntamiento en España: 283 millones de euros más impuestos.
Esa millonaria cantidad que el tribunal estipula que debería pagar la capital turística de la Comunidad Valenciana se refiere a la sierra que caracteriza el paisaje de Benidorm y su microclima. Esta se calificó como suelo urbano en 1963 y en el de delimitación de suelo urbano de 1982, como recuerda la sentencia del 2024 a la que recurrió la ciudad.
José Domingo ha liderado el equipo que ha conseguido dar la razón a los propietarios, las empresas Murcia Puchades Expansión y Urban Villajoyosa 2000. Y así recalca que "no debemos perder de vista que a quien ha dado razón el TSJ es a la familia propietaria y lo ha confirmado el Tribunal Supremo que inadmite el recurso".
Desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se posicionara en mayo de 2024 a favor de los propietarios, José Domingo asegura que "estábamos muy tranquilos porque es una excelente sentencia jurídica, pero especialmente porque era justa y que se defendía por sí sola". Y así cree que ha sido "porque el recurso a casación se ha inadmitido" en el Supremo.
Este viernes, las primeras declaraciones del alcalde Toni Pérez dejan abierta la respuesta judicial que asumirá Benidorm. Una posición por la que el abogado recuerda que ahora "la sentencia del TSJ es firme" mientras también muestra "todo mi respeto para todas las actuaciones procesales que puedan generarse y las seguiremos defendiendo en el convencimiento de la razón que tenemos y que nos asiste y que nos han dado".
El camino para llegar a esto pasa por los convenios firmados entre propietarios y Ayuntamiento. Estos se firmaron en 2003 con el alcalde del PP Vicente Pérez Devesa, en 2010 y en 2013, documentos aprobados con los gobiernos socialistas de Agustín Navarro y con el voto en contra de los populares, como recuerda el actual alcalde Toni Pérez.
"Un convenio muy bueno"
Un paso por el que José Domingo señala que "cuando alguien firma un convenio con un particular tiene la confianza legítima de que se va a cumplir y si no, tendrá los mecanismos legales para hacerlo cumplir. Si lo firma con una Administración, mucho más, tiene una confianza legítima de que la Administración va a responder de lo que ha firmado".
El abogado considera que el convenio que se firmó "era muy bueno para la población de Benidorm, porque permitía mantener libre de edificación un paraje natural en Sierra Helada".
En ese documento, prosigue, se definió "un acuerdo de pago en especie, y si no podía ser, se establecieron las reglas de cómo se debía pagar el precio, que era una indemnización por lo acordado en el convenio como contraprestación".
A partir de ahí, José Domingo apunta que la sentencia del TSJ de 2024 indica que si "no se puede pagar en especie, pues las mismas reglas que ustedes aplicaron para establecer el valor, las aplica el Tribunal Superior de Justicia y fija la compensación indemnizatoria que deben recibir los propietarios".
El letrado recalca que así "es que no hay nada más: jurídicamente es principio y fin". Y reitera que "el Tribunal Superior de Justicia, en una sentencia que ha sido confirmada, que es firme porque el Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso, simplemente dice cúmplase, cúmplase como ustedes han dicho, cómo han establecido los técnicos para establecer el valor de compensación".
Una cifra millonaria que pasa a la historia: 283 millones de euros más impuestos. "Sí, la cuantía es alta", concede, "pero es que han pasado 22 años". Por lo que añade que "algo de previsión se tenía que haber tenido para hacer frente a esta obligación. ¿Pensaban que esto se iba, nunca se iba a reclamar?".
En este repaso cronológico Domingo detalla que "ha habido distintas prórrogas moratorias, han pasado tres corporaciones que han prorrogado la obligación, la han vuelto a ratificar, y al final, cuando los propietarios ya no podían esperar más, han ido a los tribunales a pedir que se cumpliera lo que se había firmado. No hay nada más".
De ahí que concluya que "no lo veo como una victoria: era legítimo que se le reconociera a los propietarios". Aunque risueño sí concede lo especial que es el momento: "Hombre, estoy contento a la medida en que nos han dado razón".
