La Generalitat Valenciana exigirá a partir de 2025 un nivel C1 de valenciano para ser alto funcionario
Será necesario acreditar este nivel para poder opositar, según el acuerdo alcanzado este lunes. Para los sanitarios será un mérito, no un requisito.
28 noviembre, 2022 17:27La Generalitat reclamará a cada categoría funcionarial un grado de capacitación de C1 para los altos funcionarios a partir de 2025, y el alumnado que acabe el Bachillerato en la Comunidad tendrá acreditado un B2, aunque con una nota a partir de 7 puntos en la asignatura de valenciano los dos cursos se obtendrá el C1.
Estos son los principales acuerdos a los que han llegado la Conselleria de Justicia y la de Educación Cultura y Deporte, y que se materializarán en un decreto que regula la acreditación de la competencia lingüística en valenciano como requisito para las oposiciones a la Generalitat, los organismos públicos autonómicos y consorcios adscritos, las entidades locales y el personal no docente de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Los únicos exentos serán los sanitarios, para los que será un mérito, no un requisito.
El decreto que desplegará la Conselleria de Justicia en aplicación de la ley de Función pública valenciana aprobada el año pasado, en la que se remitía a un reglamento posterior la concreción del requisito lingüístico, concreta los grados de capacitación lingüística en valenciano para cada categoría funcionarial.
Por lo que respecta a los grados de capacitación de cada cuerpo de funcionarios, quienes concursen para opositar al nivel de funcionarios A1 y A2, es decir, altos funcionarios con estudios universitarios, deberán contar con un nivel C1 de valenciano, según han informado desde la Generalitat.
Las personas aspirantes al grupo B funcionarial deberán tener un B2 de valenciano, el mismo que para las que opten al subgrupo C1, y para el subgrupo C2 se exigirá un B1. Las personas que aspiren a una agrupación profesional funcionarial deberán contar con el certificado A2 de valenciano.
Fecha de aplicación
Se prevé que este decreto entre en vigor durante el primer semestre de 2023. Una vez que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat, las posibles oposiciones para acceder a los grupos funcionariales de las categorías de los grupos B, C1, C2 y agrupación profesional funcionarial que se convoquen ya contemplarán el requisito lingüístico necesario en cada categoría.
Para los grupos de altos funcionarios A1 y A2 habrá un periodo transitorio, de forma que el C1 de capacitación en valenciano se requerirá a partir de las convocatorias de oposiciones que se desprendan de la oferta pública de empleo del año 2025. Hasta entonces, para aspirar a plazas de esta categoría se necesitará el B2.
Homologación educativa
Por su parte, la Conselleria de Educación desplegará el decreto que regulará el reconocimiento de la competencia lingüística de valenciano para la homologación de los estudios en el sistema educativo valenciano, con entrada en vigor también en el primer semestre de 2023.
La normativa determinará que el alumnado que acabe la ESO cuente con un nivel B1 de valenciano, y que el alumnado que finalice el Bachillerato tendrá acreditado un nivel B2 de valenciano.
En el caso de Bachillerato, el alumnado que supere la materia de valenciano con al menos un 7 de puntuación en cada curso de esta etapa contará con el nivel C1 de valenciano al finalizar esta etapa educativa, un nivel de acreditación aplicable desde el curso 2021-2022.
Cuando el decreto entre en vigor, el alumnado que haya superado alguna de estas etapas educativas contará con las pertinentes acreditaciones en competencias de valenciano. Todo el alumnado que haya cursado estos estudios con anterioridad podrá solicitar las acreditaciones a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Desde la Generalitat se ha señalado que el fin último de esta medida es "dar un servicio óptimo" a la ciudadanía desde las administraciones públicas valencianas, para lo que se equipara la competencia lingüística en ambas lenguas oficiales para la atención al ciudadano y de tramitación administrativa por parte del personal que ejerce la función pública.