841 días de tensiones entre el Gobierno y las energéticas: así ha sido la guerra de 2.800 millones por el impuestazo

Una batalla plagada de acusaciones cruzadas y amenazas que culminaba este miércoles, tras 841 días de tensiones y una recaudación de 2.800 millones de euros. El fin de las disputas se produjo después de que el Gobierno acordase con Junts y el PNV tumbar la posibilidad de hacer el impuesto permanente.

Pero para comprender el conflicto hay que remontarse a julio de 2022. Entonces, tan solo dos semanas después del anuncio de Sánchez, el PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso la proposición de ley que creaba dos nuevos impuestos extraordinarios y temporales para las energéticas y la banca. ¿Su objetivo? Financiar las ayudas frente a la inflación provocada por la crisis de Ucrania.

Eduardo Parra / Europa Press

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La crispación aumentó exponencialmente cuando se conoció que estos impuestos no se aplicarían sobre los beneficios, como se había mencionado en un principio, sino que gravarían el 1,2% de los ingresos de dos ejercicios, 2022 y 2023 (a abonar en 2023 y 2024, respectivamente). La tasa aplicaría a las empresas que facturasen más de 1.000 millones en 2019.

El impuesto a las energéticas fue aprobado por el Congreso el 25 de noviembre de 2022. En su discusión, se decidió incluir en la exoneración los ingresos regulados y se añadió una enmienda transaccional que estableció que el impuesto sólo se aplicaría a las actividades que se realizasen en España.

La avalancha de críticas empresariales no tardó en llegar. "No es impuesto, dado que lo han revestido de prestación patrimonial", denunció entonces Josu Jon Imaz, el consejero delegado de Repsol, quien se convertiría en el ejecutivo más beligerante en este conflicto de más de dos años.

"No recae sobre los beneficios, sino sobre los ingresos, de modo que aun cuando compañía pierde dinero, debe pagar el impuesto", cuestionó. Además, Imaz criticó que tampoco se aplicaba sobre algo extraordinario, "puesto que hablamos de un mercado cíclico, que contempla periodos de ganancias y pérdidas dentro de la normalidad". De hecho, según el CEO de Repsol, en el cómputo desde el año 2019 hasta 2022, la petrolera había perdido dinero.

Invertia

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Las divisiones entre las eléctricas y petroleras no tardaron en llegar tras el anuncio del impuesto. Las primeras denunciaron que eran las petroleras y gasistas la que estaban aprovechándose de la crisis de precios. Cada parte luchaba por defender su posición y proteger sus intereses.

"Hasta donde yo sé, las compañías energéticas que están aumentando sus beneficios en Europa son las gasistas y las petroleras, no las eléctricas integradas", reclamó al Gobierno entonces Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

En esta misma línea, José Bogas, el consejero delegado de Endesa, aseguró que el impuesto iba "en contra del espíritu" de la Unión Europea, que plantea gravar únicamente los beneficios extraordinarios de las empresas del sector del petróleo, el gas, el carbón y la refinería, y que no hablaba de impuestos sobre los ingresos, sino respecto a los beneficios.

El sector energético también recordó las altas aportaciones fiscales que ya estaban haciendo. "Nuestra contribución también es el Impuesto de Sociedades, además de todas las tasas por tecnologías, que suponen más del 30% de los ingresos de la compañía", defendió Francisco Reynés, presidente de Naturgy, en la presentación de los resultados 2022 de la firma.

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda. José Manuel Álvarez

Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa (ahora Moeve), advirtió que gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas suponía el "riesgo" de frenar la transición verde y también la llegada de inversiones.

En febrero de 2023, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) hizo pública la decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el nuevo impuesto, que consideró “discriminatorio e injustificado”.

Y en octubre de este mismo año, Repsol comunicó su decisión de dejar en stand by las inversiones en algunos sus proyectos industriales en Euskadi, Tarragona y Cartagena de 1.500 millones de euros, "hasta contar con unas condiciones estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad". Repsol lanzó esta advertencia ante una posible prórroga del impuesto, recogida en el acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar para un posible Gobierno de coalición.

En 2023, la Agencia Tributaria recaudó más de 1.600 millones de euros del impuesto sobre los ingresos de 2022 de las grandes corporaciones energéticas. Este año, se sumaron otros casi 1.200 millones de euros de 2023. Hablamos de cerca de 2.800 millones por los dos ejercicios.

Un impuesto permanente

Las tensiones se incrementaron cuando Sánchez, el 27 de diciembre de 2023, anunció la prórroga de los impuestos a las energéticas y la banca y su intención de hacerlos permanentes.

Tras meses de incertidumbre y críticas del sector, llegó una nueva confirmación, el pasado mes de octubre, por parte del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo: el Ejecutivo estaba estudiando hacer permanentes los impuestos.

Y Repsol desató la rebelión con la decisión de trasladar su primera inversión de 15 millones de euros a Portugal. Y recibió un apoyo inesperado. Moeve —que hasta entonces había mantenido una actitud conciliadora pese a tener que pagar el impuesto en ejercicios de pérdidas— dijo que paralizaría las inversiones de 3.000 millones en hidrógeno verde que tenía previstas en el sur del país si el impuesto se convertía en permanente.

Por su parte, el presidente de Iberdrola quitó hierro al asunto, al considerar que la reforma para modificar el tributo eran "ruido" y "rumores". Cabe recordar que, a diferencia de Repsol o Moeve, la eléctrica tiene un peso mucho mayor de su negocio en el extranjero, lo que no expone tanto sus cuentas a este gravamen.

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Cuerpo llamó a la "tranquilidad" y pidió que se dejase de especular sobre los planes del Gobierno de convertir en permanentes los gravámenes sobre banca y energéticas, que todavía se estaban estudiando. Mientras, Sumar proponía que el Estado tomase una participación de control en Repsol.

El desenlace llegó este miércoles, fecha en la que terminaba el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley que garantizaría una tributación mínima por parte de las multinacionales. Se trata del caballo de Troya normativo con el que la coalición de PSOE y Sumar quería hacer permanentes los impuestos a la banca y a las empresas energéticas. 

Finalmente, el impuestazo a las energéticas llegará al fin de su vigencia el próximo 31 de diciembre, tal y como se preveía inicialmente. Y es que el Gobierno no logró impedir el veto de Junts, que ya se habían manifestado en contra de conservar este impuesto en el futuro. Sin embargo, sí se mantendrá el de la banca, pero con un nuevo esquema.

Sumar, ERC, Bildu y Podemos se han opuesto a las enmiendas acordadas que se están tramitando en el proyecto de ley destinado a garantizar una tributación mínima para las multinacionales. Estos partidos afirman que continuarán las negociaciones con los socialistas durante el proceso parlamentario, aunque su postura actual podría hacer fracasar el acuerdo entre socialistas y Junts.

Sin embargo, las primeras celebraciones del sector energético han llegado este jueves. Repsol ha tomado la decisión de reactivar sus inversiones en España. Para Josu Jon Imaz, "el proceso ha terminado y es momento para nosotros de centrarnos en el futuro y en las oportunidades que se presentan en el país".