Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, durante la presentación de resultados del banco del pasado jueves.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, durante la presentación de resultados del banco del pasado jueves. Ana Escobar Efe Valencia

Banca

El 'nuevo' impuesto a la banca elimina la discriminación entre entidades pero perjudica más a las grandes

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El rediseñado impuesto a la banca, que a priori se aplicará durante los próximos tres años, ha eliminado la principal diferencia que existía en el sector, pues a partir de ahora todos los bancos deberán pagarlo. Eso sí, seguirán sin ser iguales del todo porque cada entidad tendrá un gravamen diferente.

El pasado miércoles se conocían las enmiendas al proyecto de ley que garantizaría una tributación mínima por parte de las multinacionales. Entre ellas, una del PSOE que prorroga y modifica el impuesto a la banca.

El texto habla de que, mientras el anterior gravamen establecía una cuota del 4,8% para todas las entidades sobre los ingresos por intereses y comisiones de los bancos más grandes, el tipo nuevo será de entre el 1% y el 6% en función de la base liquidable de cada entidad. Así, los bancos con mayor volumen de negocio pagarán más.

El texto especifica que están obligadas a pagar este nuevo impuesto las entidades de crédito españolas, las financieras radicadas en el país y las sucursales de bancos extranjeros ubicadas en España. No fija un umbral bajo el cual algunas entidades estarían exentas, como sí ocurría con el anterior gravamen.

Además, explica que la base liquidable del impuesto será equivalente a la que resulte de restar 100 millones de euros a la base imponible, "sin que, en ningún caso, la base liquidable pueda ser negativa".

En este sentido, a las entidades que tengan una base liquidable inferior a 750 millones de euros se les aplicará un gravamen de entre el 1% y el 3,5% sobre los ingresos por intereses y comisiones.

En cuanto al resto, aquellas con hasta 1.500 millones de euros de base liquidable serán gravadas con un 4,8%, mientras que las que vayan desde ese importe en adelante tendrán un tipo del 6%.

En torno a 2.500 millones

Aún es pronto para conocer la afectación concreta que tendrá el impuesto para cada entidad, razón por la cual los banqueros de CaixaBank, BBVA y Sabadell, los únicos bancos que han presentado en rueda de prensa sus resultados tras conocerse las enmiendas, han rechazado ofrecer una cifra de impacto, aunque sea tentativa.

Lo cierto es que este gravamen comenzará a aplicarse en el ejercicio 2025 y es difícil por el momento anticipar cuáles serán los ingresos que tendrán las entidades el año que viene, especialmente por la incertidumbre que rodea a los próximos pasos del Banco Central Europeo (BCE).

Sin embargo, es posible realizar un cálculo a partir de los datos (anualizados) de ingresos (margen de intereses + comisiones) del negocio en España de las entidades correspondientes a este ejercicio.

Así, si aplicara a este año, a CaixaBank este nuevo impuesto le costaría en torno a 730 millones; a Santander, unos 610 millones; a BBVA, unos 520 millones; a Sabadell, unos 305 millones; a Bankinter, unos 170 millones, y a Unicaja, unos 120 millones. Un total de unos 2.500 millones para la gran banca. Esto teniendo en cuenta que se les aplicara un 6%.

La gran banca se ve discriminada

Entre las grandes entidades no ha sentado nada bien que se establezca un tipo progresivo, especialmente en CaixaBank, que, al tener el mayor negocio bancario en España, es la que va a tener sí o sí el tipo más alto.

Gonzalo Gortázar, consejero delegado del banco, dedicó muy duras palabras al rediseño del impuesto el pasado jueves, durante la presentación de los resultados de la entidad. Considera que el tributo se ha convertido en "la tasa CaixaBank".

"Ahora los beneficios de la banca van a caer, los tipos [de interés] van para abajo, las rentas salariales crecen por encima de la inflación... Pero, como en España necesitamos seguir reduciendo el déficit público, se piensa que uno de los bolsillos que podemos usar es el de la banca", apuntó el banquero, lanzando un dardo al Gobierno.

En su opinión, la progresividad del gravamen "exagera la discriminación entre entidades", que es "notabilísima" contra el banco que dirige. "Es un impuesto a la obra social. Vería más lógico que hubiera una deducción respecto a estas entidades", dijo.

Por su parte, Onur Genç, su homólogo en BBVA, afirmó que este gravamen implica una "doble imposición" y es "anticompetitivo" por su escala progresiva, dado que el banco estará en "desventaja" en relación con las entidades más pequeñas y extranjeras, con las que BBVA compite en España y en otros mercados.