Ángel Ron, junto a su abogado, en la Audiencia Nacional.

Ángel Ron, junto a su abogado, en la Audiencia Nacional. Europa Press

Banca CASO POPULAR

Anticorrupción pide 6 años y medio de cárcel para Ángel Ron por "falsear las cuentas" del Banco Popular

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La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de seis años y medio de cárcel para Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, entidad que quebró en el año 2017.

El Ministerio Público le atribuye dos delitos: uno, de falsedad y otro, de falseamiento de información económico-financiera. Por el primero, pide dos años y un día de prisión para el banquero. Por el segundo, cuatro años y medio.

Así lo plasma Anticorrupción en su escrito de acusación, fechado este lunes y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. Dicho documento ya ha sido enviado a la Audiencia Nacional, que juzgará a Ron y a otros exdirectivos de la entidad, que suscribió en el año 2016, cuando Ron la presidía, una ampliación de capital por valor de 2.505 millones de euros.

En su escrito, la Fiscalía acusa al directivo de haber falseado las cuentas que presentó el Popular de cara a esa ampliación de capital.

"Para captar el dinero de los potenciales inversores, el banco proporcionó a éstos, a través del folleto de inversión, una información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica y patrimonial de la entidad, lo que impidió que adoptaran una decisión libre y no viciada sobre la realización de la inversión en los términos y condiciones que lo fue", resume Anticorrupción.

La instrucción de esta causa corrió a cargo del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El magistrado propuso juzgar a Ron, a otros exdirectivos del banco y a dos responsables de PriceWaterhouseCooper (PwC), la auditora de las cuentas del Popular. Calama también mandó a juicio a la propia PwC.

Ahora bien, Anticorrupción no formula acusación contra esta compañía. Tan sólo la incluye en su escrito como responsable civil subsidiario, misma consideración que formula para el Santander, el banco que compró el Popular en 2017 por un euro y una ampliación de capital posterior de 7.000 millones.

Sí acusa Anticorrupción a dos auditores de PwC, Pedro Barrio Luis y José María Sanz Olmedo. Ambos firmaron un informe en 2016 que avalaba las cuentas del Banco Popular del ejercicio previo, el del 2015.

Ese dictamen, como recuerda la Fiscalía, "concluyó [que las cuentas presentadas por el Popular] expresaban, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera consolidada, así como de sus resultados y flujos de efectivo consolidados". Ahora bien, a juicio del Ministerio Público, ambos firmaron el informe "a sabiendas de su falsedad".

Imagen de archivo de una oficina del Banco Popular.

Imagen de archivo de una oficina del Banco Popular. Andrea Comas Reuters

"No se incluyó en el informe ninguna salvedad, párrafo de énfasis o advertencia sobre el incumplimiento por Banco Popular de la política contable establecida por la circular 4/2004 del Banco de España y su propia normativa, que sirvió y se utilizó como instrumento para no aflorar el déficit de provisiones existente", expone la Fiscalía, que pide para Barrio y Sanz Olmedo cuatro años entre rejas, al atribuirles el rol de cooperadores necesarios.

Además de Ron y de los auditores, Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que sean condenados: Francisco Gómez Martín (para el que solicita seis años y medio de cárcel), Roberto Higuera Montejo (ídem), Jorge Oroviogoicoechea Ortega (seis años y medio), Javier Moreno Navarro (cuatro años de prisión), Francisco Sancha Bermejo (cuatro años), José María Sagardoy Llonis (cuatro años), Jesús Arellano Escobar (cuatro años) y Tomás Pereira Pena (siete meses de cárcel). Todos ellos formaron parte de la cúpula directiva del Banco Popular cuando se aprobó la ampliación de capital de 2016.

Como ya hiciera durante la instrucción del caso Popular, Ángel Ron esgrimirá en el juicio un informe, firmado por dos peritos del Banco de España, que avalaban la solvencia del Banco Popular bajo la presidencia de Ron.