El Gobierno defiende la amnistía en una carta a los eurodiputados: un "asunto interno" ajeno a la UE

El embajador de España ante la UE, Marcos Alonso, ha remitido una carta a los diputados de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, en la que sostiene que la ley de amnistía es "un asunto interno de la política española" en el que no deben inmiscuirse las instituciones comunitarias, encaja plenamente en la Constitución y permitirá resolver "la crisis política e institucional en Cataluña".

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende de este modo salir al paso de las objeciones que ha planteado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, quien tras dos reuniones con el ministro Félix Bolaños ha anunciado que seguirá examinando la proposición de Ley que tramita el Congreso, con el fin de determinar si vulnera los valores de la Unión como el principio de Igualdad y el Estado de Derecho.

El argumentario enviado por el Gobierno a los eurodiputados —que Jorge Buxadé (Vox) ha difundido este viernes en las redes sociales— sostiene al respecto que las instituciones comunitarias no tienen ninguna competencia para interesarse por la proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso.

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"No hay precedentes de que una ley de este tipo sea debatida o revisada por las instituciones europeas", señala el escrito dirigido por el embajador español, "a menos que afecte a la legislación de la UE o viole la doctrina internacional sobre los límites de las amnistías, lo cual no ocurre en este caso".

Pero la carta incluye afirmaciones aún más arriesgadas: "El Tribunal Constitucional español", dice el embajador a los eurodiputados, "ha reconocido la validez de las amnistías en numerosas sentencias y ha establecido que no hay limitaciones constitucionales en este asunto".

Y añade que la amnistía a los independentistas es "una ley orgánica coherente con la Constitución española, la legislación nacional y el marco jurídico europeo e internacional".

Estas afirmaciones contrastan con lo sostenido por el propio Gobierno español en los informes que utilizó para justificar los indultos a Oriol Junqueras y el resto de condenados por el 1-O. En dichos informes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez afirmaba que la amnistía es "claramente inconstitucional".

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Fuentes oficiales de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento Europeo han indicado a EL ESPAÑOL que tienen previsto solicitar una reunión con el embajador de España ante la UE, Marcos Alonso, para pedirle explicaciones sobre esta carta.

La misiva del embajador intenta desacreditar a los grupos parlamentarios (PP, Cs y Vox) que han llevado a la Eurocámara el debate sobre la amnistía a los independentistas: "Es evidente que algunos grupos políticos están intentando convertir el Parlamento europeo en la tercera Cámara legislativa de España" para debatir un asunto meramente doméstico, señala el escrito.

Como ya hizo Pedro Sánchez el jueves en su entrevista con Susanna Griso, el embajador argumenta que, desde 1945, "más de 50 leyes de esta naturaleza han sido aprobadas por países como Francia, Alemania, Italia o Portugal".

Y cita como ejemplo de ello la amnistía aprobada en Portugal el pasado mes de julio, con motivo de la visita del Papa Francisco, para los jóvenes de 16 a 30 años procesados por delitos menores.

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El embajador admite en su carta que "algunos partidos que jugaron un papel de liderazgo en el referéndum ilegal de 2017 aún rechazan participar en el sistema parlamentario español". Y sugieren que gracias a la amnistía respetarán los cauces democráticos, porque así lo establece el preámbulo de la proposición de ley.

Pero estos argumentos ocultan a los eurodiputados dos datos clave. En primer lugar, la amnistía a los independentistas se ha planteado como un trueque, para que Pedro Sánchez fuera investido presidente con el voto de los políticos beneficiados por la medida de gracia. Algo que no tiene precedentes en Europa.

Y en segundo lugar, el embajador oculta que algunos de los principales beneficiarios, como Carles Puigdemont y el resto de dirigentes de Junts, han sostenido tras el acuerdo que no renuncian a la "vía unilateral": es decir, que no renuncian a convocar un nuevo referéndum o hacer efectiva de nuevo la declaración de independencia, como en octubre de 2017.

Algo que cuestiona el efecto "pacificador" de la amnistía que defiende el Gobierno. Para persuadir a los eurodiputados de que se trata de un asunto doméstico, el embajador afirma que la proposición de ley excluye los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE y está "completamente alineada con los objetivos de la Directiva (UE) 2017/541 del 15 de marzo de 2017 de lucha contra el terrorismo".

Delitos de terrorismo

Se trata de una verdad a medias. El artículo 2. c de la proposición de ley establece que no podrán beneficiarse de la amnistía los delitos de terrorismo, en caso de que hayan sido condenados en sentencia firme.

Algo que permite salvar tanto a Carles Puigdemont —investigado en la causa del Tsunami Democràtic— como a los dirigentes de los CDR, que fabricaban explosivos para cometer atentados. En ambos casos, están imputados por terrorismo, pero no pesa sobre ellos todavía una sentencia firme.

El embajador ofrece otros argumentos para defender la ley de amnistía ante los eurodiputados. "Gracias a los esfuerzos del Gobierno español hacia Cataluña", afirma, "el escenario actual es completamente diferente al de 2017, cuando se celebró el referéndum ilegal de independencia".

"Hoy, no hay desafíos legales por parte de las instituciones del gobierno catalán", señala en su escrito. Y añade que en la actualidad, según las propias encuestas de la Generalitat, la mayoría de los catalanes están en contra de la independencia.

Fuga de empresas

Pero también apela a los intereses de la UE, al explicar que "Cataluña acoge actualmente varias inversiones estratégicas europeas, entre ellas el futuro gasoducto de hidrógeno H2Med, el supercomputador MareNostrum y varias fábricas de microprocesadores. Esto contrasta con el éxodo masivo de empresas durante los momentos álgidos de la crisis".

Una de las exigencias que Carles Puigdemont ha planteado a Pedro Sánchez es, precisamente, que dé garantías de que regresarán a Cataluña las grandes corporaciones que huyeron a causa de su declaración de independencia.