Calviño manejará 20.000 M de los fondos europeos de España que ella misma encargó gestionar al BEI

El montante es más del 12% de los 170.000 millones asignados a nuestro país tras la debacle socioeconómica causada por la pandemia, dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) impulsado por la UE.

Sólo tres países más han recurrido al BEI para la gestión de sus fondos NextGen: Grecia, Italia y Rumanía.

Según los datos oficiales, Italia, país al que más fondos le fueron adjudicados (191.000 millones entre subvenciones y créditos), sólo ha pedido al BEI que le gestione 772 millones.

Sólo Grecia le ha adjudicado al banco público europeo un porcentaje mayor que España, un 16,4%. Es decir, 5.000 de los 30.500 millones que recibirá de Bruselas. Rumanía ha entregado al BEI 300 millones de los 30.000 que le tocan

[Nadia Calviño vincula su nombramiento al frente del BEI con el "liderazgo" de España en la UE y el mundo]

La decisión de los Veintisiete de nombrar a Calviño presidenta del BEI llega en un momento de inflexión para la economía española. Mientras las últimas estadísticas oficiales la sitúan a la cabeza del crecimiento de las grandes de la Unión Europea, lo cierto es que se está logrando a base de un gasto público que Bruselas ya exige recortar, y sin poderle atribuir el mérito a la ejecución de los Fondos Next Generation.

En 2021, primer año en que España recibió los NextGen, el Gobierno fue capaz de adjudicar sólo el 45,5%; al año siguiente, aún menos, el 39,5%; y en 2023 el ritmo es aún peor. A 31 de octubre, sólo se ha llegado al 20,3% de lo presupuestado para el año, según los datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Las dudas en Bruselas

Es más, España no ha presentado el pliego de solicitud del cuarto reembolso, previsto para junio. El Gobierno lo atribuye al "largo ciclo electoral", pero lo cierto es que Bruselas ha expresado dudas sobre el cumplimiento de varios de los hitos comprometidos, entre ellos, el de la reforma de las pensiones.

Italia, el único país al que le fue asignada una cantidad mayor que a España, pero que iba con gran retraso en comparación en solicitudes y cantidades, ya nos ha pasado en ambos datos. A Roma han llegado más de 85.000 millones en cuatro tramos; a España, menos de 40.000, y la petición de la cuarta entrega, prevista para junio, sigue en un cajón.

Ya desde finales de invierno, comenzaron las dudas en Bruselas con España. En febrero, Madrid recibió la visita de una misión del Comité de Ejecución Presupuestaria del Parlamento Europeo, y su presidenta, la alemana Monika Hohlmeier, regresó a Bruselas con "serias preocupaciones" y "muchas preguntas sin responder".

Además, Calviño se ha retrasado siete meses en cumplir con el requerimiento de la Comisión para entregar el listado de los 100 mayores receptores de las ayudas en proyectos ya adjudicados. Debía hacerlo en abril, pero pidió más tiempo y se le concedió hasta octubre... la lista no llegó hasta hace una semana a la Comisión.

Y en los datos entregados, llama la atención que casi dos tercios (61%) de los receptores finales son, además, administraciones públicas, no empresas. Es más, el 88% del dinero ejecutado se ha ido de unas arcas públicas (las del Estado) a otras arcas públicas (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos o empresas públicas).

El PP pregunta por los plazos

Todo esto ha motivado que el PP Europeo (PPE) presente una batería de preguntas, a las que ha tenido acceso este diario, dirigidas a la Comisión Europea, de la que llegó Calviño al Gobierno en 2018 y donde era directora general de Presupuestos. Con la firma de Isabel Benjumea, eurodiputada española del PP, se insta a Bruselas a responder sobre el "sistemático incumplimiento de los plazos" del Gobierno español.

"Que a 31 de octubre de 2023 España haya realizado pagos por valor del 18% del total de fondos asignados a nuestro país, 163.800 millones, ¿es el ritmo adecuado para que el total de los fondos sean ejecutados antes del 31 de diciembre de 2026, fecha límite fijada en el Reglamento?", pregunta el EPP al Ejecutivo comunitario.

"¿Cómo valora la Comisión Europea que a 31 de octubre de 2023 el Gobierno español tenga 339 de los 754 programas de gasto a financiar por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia durante este año aún sin iniciar y ejecutar?", añade otra de las cuestiones.

Es más, los populares recuerdan a Bruselas que "sigue sin publicarse el dato de ejecución final, es decir, los fondos que ya habrían llegado a los destinatarios finales, a la economía real [...] a pesar de las constantes peticiones de los Gobiernos autonómicos y municipales, los partidos de oposición, organismos independientes, instituciones económicas, sociedad civil y hasta el propio Parlamento Europeo".

Así se postuló Calviño

En este clima, el Gobierno pierde a su vicepresidenta económica. Aunque el fichaje por el BEI se hizo oficial ayer, comenzó a fraguarse hace muchos meses.

El pasado 28 de abril, los consejeros económicos de las Comunidades Autónomas fueron reunidos en una Conferencia Sectorial por el Ministerio de Calviño. Así consta en el acta de aquella cita, a la que tuvo acceso este diario.

Allí, se informó a los gobiernos de las CCAA de que "se ha considerado que el esquema más oportuno es que [la gestión del Fondo] se apoye en el Banco Europeo de Inversiones ‐BEI‐. Se considera que esta fórmula ofrece un canal atractivo y razonable para canalizar los préstamos de manera ágil, dada la profundidad y solidez de las relaciones que las CCAA ya mantienen con el BEI".

Por entonces, Pedro Sánchez y Calviño, su número dos en el Consejo de Ministros, ya habían decidido que Calviño se presentara para presidir el BEI. De hecho, sólo un mes después, en el Consejo Europeo de Bruselas, fuentes de Moncloa confirmaban esta posibilidad. 

Lo de Calviño al BEI, en realidad, era un comentario para muy cafeteros desde mediados de primavera. El rumor había sido tan fuerte que en el Partido Popular ya andaban con la mosca detrás de la oreja. Y así, los representantes autonómicos de las regiones gobernadas por el PP empezaron a sospechar de una operación "extraña".

Efectivamente, en la citada Conferencia sectorial del 28 de abril ya sorprendió la decisión de Economía, presentada como la mejor opción por el Ministerio. Tanto fue así que Miquel Puig, secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos de Cataluña, planteó la preocupación de que la introducción del BEI "como intermediario" fuera a suponer "un encarecimiento de las condiciones de financiación".

No incompatible, pero...

La pregunta era importante, porque esos más de 20.000 millones se correspondían con la segunda parte de los desembolsos de Bruselas a Madrid, ésos que no son a fondo perdido, sino créditos a devolver. 

El Gobierno parecía tener ya clara su decisión, aunque no era oficial. La respuesta del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, así lo traslucía: "La idea es trasladar las ventajas de financiación" del BEI, cuyas tarifas son muy competitivas, "a las Comunidades Autónomas".

Economía no sólo estaba preparando la candidatura de Calviño al BEI, sino la adenda al Plan de Recuperación que, finalmente, aprobó el Consejo de Ministros el 6 de junio... el mismo día en que confirmó la adjudicación a la entidad que ahora presidirá la gestión de esos 20.000 millones de euros, tal como constaba en la referencia oficial de Moncloa. 

Ya estaban las elecciones generales convocadas. La oposición del PP le pidió que no lo hiciera, ya que "no había ningún motivo objetivo para esas prisas", y además, porque las encuestas anticipaban un cambio de Gobierno. Aunque esto, finalmente, no se produjo.

Fuentes del PP consultadas tras la operación Calviño concluyen que "no hay incompatibilidad" punible, porque "tenía sentido elegir un gran gestor para vehicular ese dinero, como el BEI, que tiene rigor y experiencia... pero fue ella la que le cedió un enorme poder sobre fondos españoles a un organismo que ahora va a presidir".

Es decir, "legalmente", el PP confiesa que no hay "nada que alegar"; pero añade que "éticamente, es dudoso, como mínimo".