Junts presiona a Sánchez para que "garantice" que las empresas que 'expulsó' el 1-O vuelvan a Cataluña

El pasado sábado, los socialistas y Carles Puigdemont celebraron la primera de sus reuniones de Ginebra y preparar el primer pleno de control al Gobierno del próximo miércoles, sin Pedro Sánchez presente. Pero antes, los posconvergentes liderados por Míriam Nogueras exigen certezas.

El grupo parlamentario de Junts en el Congreso ha registrado una pregunta al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, sobre "cómo piensa garantizar" este retorno de las cerca de 8.000 sedes sociales que abandonaron Cataluña. Minutos después de registrarla, los de Puigdemont cambiaron la formulación, eliminaron el cómo y pasaron a simplemente preguntar si "piensa garantizar" esa vuelta de las empresas.

PSOE y Junts se comprometieron en su acuerdo de investidura a tratar el retorno de las sedes de empresas catalanas a lo largo de esta legislatura. La retórica empleada, no obstante, da a entender que fue el Gobierno central y no el catalán —entonces presidido por Puigdemont— el que espantó a aquellas empresas; sólo en 2017 se fueron un total de 1.863, según datos de Informa D&B.

El cómo recuperarlas es el auténtico problema. La mayoría no se fueron al extranjero, sino que dieron el paso (en ocasiones, planeado desde hacía tiempo) de cambiar sus sedes sociales a Madrid y Valencia, donde la presión fiscal era menor y la estabilidad política mucho mayor. Conseguir que retornen en tan poco tiempo será una tarea ardua que todavía está por escribir.

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Las grandes empresas tienen claro que el objetivo de Junts no está en el horizonte. Buena parte de las 8.000 firmas que han dejado Cataluña en los últimos seis años no se plantean volver hasta que "haya seguridad jurídica", y los llamamientos al "lo volveremos a hacer" no son precisamente tranquilizadores en ese sentido.

Sobre todo, la gran aspiración de Junts —también de ERC— es el regreso de la Fundación La Caixa y de todas las empresas que controla. Entre ellas se encuentran CaixaBank o Naturgy. Sin embargo, fuentes cercanas al grupo que preside Isidre Fainé descartan esta posibilidad y aseguran que "ni está ni ha estado sobre la mesa".

Precisamente esta semana, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, recomendó a la Generalitat recortar su elevado endeudamiento y aumentar la competitividad de la fiscalidad catalana con bajadas de impuestos como reclamo para las empresas. Se trataría, en sus propias palabras, de un cambio de modelo a la valenciana o a la madrileña que permita la vuelta de empresas "sin sanciones".

"Foment del Treball ha planteado una lucha sin cuartel contra el impuesto de patrimonio y no pararemos hasta que desaparezca de la legislación española [...] porque no existe en ningún sitio más del mundo, recauda poco y siempre pagan los mismos", recalcó Sánchez Llibre. 

Parte del juego democrático que desde el 23-J se traen Pedro Sánchez y Carles Puigdemont se basa en que dos partidos sin confianza el uno en el otro se han visto obligados a colaborar por el beneficio mutuo. A causa de esta desconfianza han aparecido los conocidos verificadores y los planes a largo plazo, como la aprobación sottovoce de los Presupuestos Generales del Estado antes incluso de empezar a negociar formalmente.

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Todo esto, no obstante, se encuentra suscrito a lo ya firmado en noviembre. Si Sánchez no cumple lo acordado en materia de déficit, limitaciones de autogobierno y reforma del modelo de financiación autonómica, Junts ya ha dejado claro por activa y por pasiva que no le temblará el pulso para sacarle de la Moncloa. 

"Estoy convencidísimo de que entre unos y otros conseguirán esa política económica equilibrada que perseguimos los empresarios", auguró estos días Sánchez Lliure. "No debemos hablar de rebajar la jornada, sino de reordenarla. Es desde el diálogo social donde debemos determinar dónde se puede trabajar menos, dónde no y dónde es mejor organizarse de otra manera".