Como si de elegir playa o montaña se tratara, el Gobierno de España pretende hacernos comulgar con ruedas de molino. Sin embargo, la Comunitat Valenciana ya hace demasiado que, en cuanto a financiación se refiere, nos vemos venir los engaños a tres días de camino.

Sin remontarnos a los tiempos originarios del sistema de financiación autonómica, que, para los más desmemoriados o a los que les gusta ir de olvidadizos, vamos con más de diez años de retraso para su renovación. Siguiendo el símil bancario de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, hagamos un ejercicio de imaginación, aunque igual no tanto.

Pongamos en suposición que una familia tiene una hipoteca, además una hipoteca con cláusulas abusivas, a saber, tipo de interés desorbitado, con cargo absoluto de gasto, comisiones por cualquier tipo de operación, obligación de contratación de productos bancarios varios. Vamos, lo que venía siendo una hipoteca al uso no hace tanto.

Como consecuencia de este despropósito, la familia se va ahogando con las deudas, pide a la entidad bancaria mayor financiación y se la conceden, con cargo a deuda, por supuesto, hasta el momento de la bancarrota.

Llegados a este punto, el banco unilateralmente, por fraternalismo, o por algún interés desconocido -o más bien, bastante sabido- le ofrece a la familia una quita de la deuda. Eso sí, sin que la familia pueda negociar el importe que debería descontarse, y, por supuesto, sin acometer el verdadero problema, la reforma de la financiación, por lo que, en breve, la familia volverá, otra vez, a solicitar mayor financiación, más deuda, y, de nuevo, abocada a la bancarrota.

La deuda de la Comunitat Valenciana es como la de esta familia, una deuda impropia, porque no se ha generado fruto de una mala gestión sino de la infrafinanciación que provoca que el pueblo valenciano no pueda disponer de los servicios de los que es meritorio.

Esta visión tan simplista de "condonar o condenar" es un insulto a la inteligencia, pero también a la identidad autonómica.

Aquí entra la acción interesada, que al igual que la entidad bancaria, no va movida por la solidaridad en "perdonar" 83.252 millones de euros entre las comunidades autónomas; sino por pagar la deuda que el presidente Sánchez mantiene con ERC por su pacto de investidura.

Y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la ministra de Hacienda, con su recién estrenado cargo de secretaria general del partido socialista andaluz, beneficia a esta autonomía. Llámame desconfiada, pero igual esta película ya la hemos visto.

El error de base es confundir dos conceptos que son contradictorios: propuesta unilateral y negociación; ya que, para darse la segunda, todas los implicados deben formar parte de la resolución del conflicto, y a esta fiesta no estamos todos invitados.