Javier de Cominges: "Las empleadas de hogar siguen siendo un colectivo discriminado"

A partir del próximo 1 de octubre, las empleadas de hogar españolas comenzarán a cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial. Este gran avance en los derechos de este colectivo partió de la lucha de una trabajadora gallega, que, con el apoyo de su empleadora, inició los trámites legales para poder cotizar por este subsidio. El proceso, iniciado en 2019 culminó en febrero de este mismo año con una sentencia histórica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que estableció que la normativa española discriminaba por razón de sexo a las empleadas de hogar.

Ahora, el Gobierno de España ha aprobado y publicado en el BOE la nueva normativa, que tendrá que ser ratificada en el Parlamento, por la que este grupo de trabajadoras dan un nuevo paso hacia la igualdad de derechos. "Es una oportunidad para estar contentos porque ha habido una mejora de la situación, lo que pasa es que no ha habido una mejora completa", explica el abogado laboralista Javier de Cominges, del despacho gallego Vento.

"En la exposición de motivos del propio decreto ley, que explica la relevancia que tiene el que se dicte esta norma, cita en innumerables ocasiones la sentencia del TJUE del 24 de febrero y, además, hace referencia a que la sentencia pone el foco en la existencia de una discriminación por razón de sexo a un colectivo feminizado como el de las empledas de hogar y que por lo tanto no solo es aplicable a la prestación por desempleo sino también a otros ámbitos como por ejemplo en Fondo de Garantía Salarial. Por eso el Gobierno ha aprovechado para hacer un análisis en profundidad en otros puntos en los que pudiera existir discriminación y en los que se pudiera mejorar su situación", añade el letrado vigués.

Sin carácter retroactivo

Aunque el paso dado en pro de los derechos de estas trabajadoras, que agrupa a unas 400.000 mujeres en toda España, es un avance realmente importante, la falta de equiparación al resto de trabajadores por cuenta ajena sigue siendo un hecho.

"Se mejora la protección por desempleo pero se mejora hacia el futuro, no tiene efectos retroactivos lo que quiere decir que si despiden mañana a una empleada de hogar no va a tener derecho al desempleo, si la despiden en octubre tampoco, y si la despiden en febrero de 2023 tampoco. tendrá derecho cuando pase un año desde que empiecen a cotizar, pero tendrá derecho a la prestación mínima", explica el abogado de Vento.

De Cominges asegura que quizás ese sea el ejemplo más claro de que no no se ha eliminado completamente la discriminación hacia este colectivo, no obstante, hay otros hechos que se recogen en la nueva norma que deja a estas empleadas, todavía, en situación de vulnerabilidad.

Aunque el desistimiento se ha eliminado en la nueva regulación, por el que el empleador podía finalizar el contrato sin ningún tipo de argumentación, "las indemnizaciones siguen siendo más pequeñas por despido de las que tienen otro tipo de trabajadores y mantiene una serie de causas objetivas que también son distintas", sostiene Javier.

Ese desistimiento se convierte en un despido que sí que tiene una serie de causas a señalar pero entre ellas "hay una causa que es la pérdida de confianza grave y constatada, pero ¿qué se entiende por una pérdida de confianza? Es algo muy subjetivo que podría generar litigiosidad porque es una causa muy abierta", apunta el letrado gallego.

Cuotas bonificadas

Según han señalado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, para que estas cotizaciones no supongan un sobreesfuerzo económico para los empleadores, estos tendrán derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al F0ndo de Garantía Salarial. También se mantendrá la reducción de un 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes correspondiente a este Sistema Especial.

Entre las novedades de la reciente normativa, a la espera de la convalidación parlamentaria, el Gobierno ha destacado que se van a incrementar los tramos de bonificación superiores al 20%, en función de la composición del hogar y también de los niveles de renta y de patrimonio, "lo que permitirá aumentar el número de beneficiarios", indican desde Trabajo.

Además, el Real Decreto-Ley también establece que los empleadores asumirán las obligaciones en materia de cotización para los trabajadores que presten sus servicios durante menos de 60 horas al mes, eliminando la posibilidad de que sean los trabajadores los que soliciten directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.

"El Estado debería informar bien a los empleadores de los derechos de los trabajadores una vez que les dan de alta, hay mucho desconocimiento y en muchos casos no se hacen bien las cosas y no es de mala fe, sino por falta de información. Si bien el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, sería interesante mejorar este trabajo de información", explica Javier de Cominges.

Una labor clave para la economía

Los últimos logros en materia de derechos laborales de las empleadas de hogar españolas abre un debate sobre la labor que realiza este colectivo, en ocasiones servicios imprescindibles para la economía y las familias, ya que muchas personas necesitan esta ayuda en su hogar para poder acudir a sus puestos de trabajo.

"Es algo que también se reconoce en la exposición de motivos del Real Decreto Ley, la labor que supone para la economía, ya que supone que algunas personas puedan ir a trabajar. También hay gente que tiene algún tipo de dificultad y que no puede hacer la compra o prepararse la comida. No es un artículo de lujo, sino muchas veces de primera necesidad. Son servicios que, en ocasiones, quizás deberían estar cubiertos por el Estado y que están pagando las familias", señala el letrado vigués.

"Es un debate profundo que resulta importante abordar y en el que resulta fundamental contar con las asociaciones de empleadas de hogar, que muchas veces son trabajadoras con salarios bajos y dificultades para poder readaptarse y encontrar otro empleo. Es necesario un punto medio en el que se ayude a la familias sin que ellas queden desamparadas", concluye Javier.