El vía crucis de los jueces Alaya y Calle cinco años después de los ERE: ella de baja y él prejubilado

Aquello tuvo una larguísima instrucción, no exenta de polémica. Hubo también un macrojuicio de 152 sesiones. Duró un año, hasta llegar a un fallo que fue redactado por el magistrado Calle Peña en 1.821 folios, durante once meses muy largos, los más duros de su carrera profesional. A continuación hubo un recurso de casación de los condenados ante el Tribunal Supremo, que lo desestimó, ratificando la sentencia primigenia. Y de ahí, cinco años después, ha llegado la valoración de los recursos de amparo presentados por varios de los condenados ante el Tribunal Constitucional, que ha puesto entredicho la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y del Supremo. 

Trece años después del comienzo de esta ardua investigación, ambos están fuera de la carrera judicial, aunque no de la misma manera. Alaya está de baja médica desde hace casi un año, aunque sigue en activo, y Calle hoy oficialmente es exjuez. Dos años después de aquello, solicitó la prejubilación y se dedica al ejercicio de la abogacía en un despacho privado en la capital hispalense.

El caso le provocó tanto hastío que, tras cumplir 36 años de carrera judicial, 60 de edad y con la sensación del deber cumplido, colgó la toga. Por caprichos del destino, la fecha marcada en el BOE como su último día de servidor público fue el 19 de noviembre de 2021, justo dos años después de que los 21 excargos del PSOE andaluz, cabizbajos, conocieran sentados en el banquillo el fallo condenatorio para 19 de ellos.

Alaya tampoco se pone actualmente la toga "por una dolencia física", según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL. No es la primera vez que la jueza la padece: la primera vez conocida tuvo lugar precisamente durante su etapa como instructora de la macrocausa. Fue en 2012, cuando ya llevaba un año investigando. Por preescripción médica, estuvo de baja seis meses. ¿El motivo? Una neuralgia del nervio trigémino.

Para los que gustan de resumir, es un dolor de cabeza, pero no cualquiera. Afecta a la cara, los pómulos, los dientes y la mandíbula. Es altamente incapacitante, tanto física como mentalmente: es una patología conocida como la enfermedad suicida. Afecta primordialmente a mujeres en torno a los 50 años, y una vez que hace su aparición, alterna brotes, que pueden durar desde días hasta varios meses, con otros periodos de latencia. Pero está ahí, y es por tanto, una dolencia crónica. Su desencadenante más común es... el estrés.

Los ataques hacia Alaya

Porque Alaya, durante la instrucción, fue sometida a presiones. Muchas. Padeció escraches de los sindicatos cada vez que entraba en el juzgado, además de insultos y ataques personales. Alfonso Guerra llegó a decir sobre ella, tras admitir que no la conocía, que "incluso hay una relación fuerte personal entre la jueza y el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que eran compañeros, y dicen que algún expediente en común tuvieron". El consejero de Justicia de la Junta de la época, Emilio de Llera, preguntó con ironía "de dónde saca tiempo para estudiar y llevar para delante no sólo este proceso, sino otros más complicados, y encima sigue guapa".

La prensa también la atacó. Una de las crónicas informativas sobre la instrucción más sonadas, en un periódico de ámbito nacional, comenzaba así:  "Una mantis religiosa que seduce a su presa, la engatusa, juguetea con ella, la deja hablar, explayarse incluso, bromear, sentirse como en casa. Hasta que en silencio y de un tajo limpio, le corta la cabeza. Es la metáfora precisa de cómo la juez Mercedes Alaya abrió los brazos a Javier Guerrero para que durante tres días este le contara sus andanzas y tropelías (...)". 

Cuenta un amigo de Alaya que en aquel periodo la jueza "lo pasó muy mal. Llevó mal tantos insultos. Tuvo que darse de baja contra su voluntad, porque le estaba costando la salud todo aquello". La tarea que venía llevando a cabo era de tal envergadura que durante aquella primera baja médica la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia decidió reforzar el juzgado de Instrucción número 6, el de Alaya, con dos magistrados de refuerzo. Porque la enormidad de lo que venía haciendo la magistrada en solitario era necesario que se hiciera entre tres.

El caramelo

En 2015, a Mercedes Alaya le ofrecieron ascender en la carrera judicial: del Juzgado de Instrucción 6 a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla. "Eso fue un caramelo envenenado", cuenta a este periódico una fuente jurídica, con conocimiento de causa, de toda solvencia. Ella decidió ascender, bajo la promesa de poder continuar instruyendo el caso ERE en comisión de servicios. El Consejo General del Poder Judicial se lo concedió, pero le duró 5 meses. Su sucesora, la jueza María Núñez Bolaños, emitió un escrito en contra de lo que consideraba intromisiones. Su parecer fue aprobado por unanimidad por el TSJA, y a Alaya se le retiró la comisión de servicios.

"Fue mucha casualidad que la jueza Bolaños, que venía de Familia, pidiera el Juzgado de Instrucción 6. Era muy cercana al exconsejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera", quien se choteó, líneas arriba, con lo de que Alaya seguía guapa. Para  entonces, de Llera ya no era consejero, sino teniente fiscal. "Vamos, aquella maniobra fue blanco y en botella", precisa la misma fuente.

Lo primero que hizo Bolaños fue trocear la macrocausa en piezas separadas, "algo que nunca quiso hacer Mercedes Alaya". Luego, fue procediendo a su archivo. Muchas de estas causas han sido reabiertas posteriormente por el juez de refuerzo, José Ignacio Vilaplana.

Muy reacia a hablar con la prensa, Mercedes Alaya ha concedido pocas entrevistas. En ellas ha afirmado que la apartaron "por miedo" a que siguiera investigando los cursos de formación, pues "no interesaba" ni en el PP ni en el PSOE. También señaló haber sido víctima de "presiones internas" del TSJA, y también políticas "entre ellas las de Alfonso Guerra y la Junta", a través de su entonces presidenta, Susana Díaz. 

En 2017 la magistrada dio una conferencia en la Facultad de Derecho de Granada. En junio de 2018, en el Club Siglo XXI en Madrid. Allí diría que "tenemos al poder político en el poder judicial", calificándolo de "un lobo metido en el gallinero". En aquella charla incluso habló sobre independencia judicial y de la renovación del CGPJ. 

La jueza ha intentado en muchas ocasiones optar a una plaza en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Una de las más recientes fue en febrero de 2021. Era la candidata más antigua de la veintena de peticionarios, pero días antes de que se resolviera el concurso, la plaza fue solicitada por el juez Luis Francisco de Jorge Mesas. "Es el sueño de cualquier magistrado", subraya la misma fuente. "La Audiencia Nacional, y de ahí, al Supremo".

En junio de 2022 volvió a estar de baja también por motivos de salud. Luego se ocupó del juicio de la Faffe, en el que un jurado popular acabó declarando culpable al ex director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, Fernando Villén. Gastó 32.556 euros con la tarjeta de la fundación en los burdeles. Nada más acabar, en el mes de junio, Alaya volvió a enfermar. Para entonces ya había solicitado la plaza para ostentar la presidencia de la Sección Séptima, concedida en septiembre de 2023.

"A ningún juez le sienta bien que les enmienden la plana", cuenta otra fuente jurídica. "Los abogados sevillanos sabemos bien, además, que Alaya tiene poco aguante y que tolera regular la frustración. Pero su labor, en cuanto a lo ocurrido con la sentencia del Tribunal Constitucional, ahora no está en entredicho: ella instruyó la causa, no dictó la sentencia".

"Parte del trabajo tirado por tierra" 

Otro magistrado sevillano consultado que conoce su trayectoria de Juan Antonio Calle, el ponente de la sentencia de los ERE, opina lo mismo. Reconoce que no ha hablado con él tras la postura del TC, pero "tiene que estar que trina porque es la sensación de que gran parte de su trabajo, que fue muy arduo, queda tirado por tierra".

Sin duda, su carrera judicial quedó marcada por esta macrocausa por su gran complejidad, al que se dedicó durante un largo periodo en cuerpo y alma. También cuando tuvo que ordenar el levantamiento de los cadáveres del exconcejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y de su esposa, Ascensión García, de los adoquines de la calle Don Remondo aquel fatídico 30 de enero de 1998 tras ser asesinados por ETA.

Este periódico ha contactado con él para intercambiar sus impresiones después de que el Tribunal Constitucional anulara la sentencia por prevaricación de la exconsejera de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez, y se disponga a debatir la próxima semana una ponencia que exonera, bien totalmente o en una parte sustancial, del delito de malversación a cinco ex cargos del PSOE andaluz.

A la primera, tanto él como el Supremo la condenaron inicialmente a 9 años de inhabilitación por prevaricación, y al resto impusieron penas de cárcel de entre seis y siete años de prisión. De hecho, menos Carmen Martínez Aguayo, que fue número dos del expresidente José Antonio Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda, los otros cuatro, de los que se estudiarán sus recursos, continúan cumpliendo su pena en distintas cárceles andaluzas.

La nueva sentencia de la Audiencia

Por el momento, Juan Antonio Calle ha declinado pronunciarse al respecto. También, entre otras cuestiones, porque hay tanta desazón en el mundo judicial, especialmente el andaluz, que nadie se atreve a aclarar en estas circunstancias hasta que no esté lista la sentencia del TC si tendrá que ser restituido en el tribunal de la Sección Primera, a pesar de su jubilación, para dictar un nuevo fallo sobre la prevaricación de Magdalena Álvarez. En esta misma situación puede verse el expresidente Manuel Chaves, también condenado a la inhabilitación por este mismo delito. 

"No hay precedente al respecto", asegura un fiscal con dilatada experiencia en conversación con este periódico. Es más, se muestra convecido al 99% de que es inviable su restitución tras llevar más de dos años y medio jubilado. Sin embargo, otros jueces consultados no ven tan clara esta posiblidad.

Las otras dos magistradas sí podrían formar parte del tribunal. Una de ellas, Pilar Llorente, continúa ejerciendo en el mismo, y Encarnación Gómez Caselles pidió traslado a la Audiencia de Alicante, pero si fuera necesario tendría que volver a Sevilla. En la actualidad, la conforman, además de Llorente, otros cinco.

Posible excarcelación

En cualquier caso, hace cuatro meses, en una entrevista a ABC, el propio Juan Antonio Calle ya advirtió de que le decepcionaría que el Constucional dijera que se vulneraron derechos al considerar que "el juicio de los ERE fue muy garantista" y haciendo además hincapié en que la sentencia fuera confirmada en su mayor parte por el Tribunal Supremo.

El pasado mes de febrero el ya exjuez sevillano no podía imaginar que la corte de garantías "se extralimitaría" como opinan juristas consultados por este periódico al enmendar tanto al Supremo como a los magistrados que enjuiciaron el caso.

Esta semana será clave. Concretamente este martes día 2 de julio el pleno del Tribunal Constitucional debatirá la ponencia sobre el delito de la malversación tras los recursos presentados por quien fuera mano derecha de José Antonio Griñán y otros cuatro ex altos cargos socialistas, quienes permanecen en prisión.

Previsiblemente verán estimados, bien totalmente o en una parte sustancial, lo que puede acarrear en algunos de los casos su excarcelación inmediata. Muchos de ellos, de hecho, están ahora mismo contando las horas.