Salvador, Seydou, Cinthia y los 500.000 migrantes que optan a la regularización masiva: "Beneficia a todos"

Desde entonces, este administrativo de empresas salvadoreño ha intentado salir adelante y formalizar su situación. Pero a día de hoy, sigue sin tener papeles: "Cuando me notificaron la resolución de mi expediente de asilo no sabía que se podía recurrir. Cuando lo quise hacer, ya era tarde. Sólo me quedaba esperar el tiempo para cumplir otros tres años en España y optar así al arraigo social que me permitiera tener un permiso de residencia y de trabajo", dice a EL ESPAÑOL en conversación telefónica.

Para conseguir el arraigo social, Salvador necesitaba un contrato de trabajo legal. Pero a día de hoy, cinco años después, no lo ha conseguido. En las dificultades para conseguir un empleo ha pesado que tenga una discapacidad física reconocida. Y también que las empresas a las que ha llamado no hayan contado con él justificándose en que tiene que tener papeles para que lo puedan contratar.

Salvador, en una imagen cedida.

"Cuando voy a solicitar un trabajo o presento mi currículum me dicen que no puedo optar porque no tengo la documentación y que por eso no me pueden dar el contrato. Pero, el Gobierno, al mismo tiempo, me exige el contrato para darme los papeles. No sé qué hacer", lamenta. En todo este tiempo, ha subsistido con trabajos eventuales de jardinería o en el campo, siempre cobrando "en b".

Su caso se cuenta entre los 390.000 y 470.000 extranjeros que viven y trabajan en España en situación administrativa irregular, según datos de la Fundación PorCausa, y que ahora una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) quiere regularizar. El pasado 9 de abril, esta propuesta impulsada por unas 900 entidades sociales y oenegés, que van desde la Iglesia Católica a colectivos de izquierdas, y que cuenta con el respaldo de 612.275 firmas validadas, pasó su primer trámite en el Congreso de los Diputados al ser tomada en consideración.

Todo el arco parlamentario, a excepción de Vox, votó a favor de que la cámara admita la ILP, que en los próximos meses seguirá su trámite parlamentario en una comisión donde los grupos podrán presentar enmiendas. A continuación, la ley pasará al pleno del Congreso para su votación. La propuesta pretende que el Gobierno establezca, mediante Real Decreto y en el plazo de seis meses, "un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021".

Cómo quedará el texto final y si éste sobrevivirá a una votación para convertirse en ley es todavía un misterio. Pero en él se depositan las esperanzas de migrantes como Salvador, que pasados cinco años en España, sigue, entre muchas otras muchas dificultades, sin poder abrir una cuenta corriente, viajar a su país, acceder al paro o trabajar de una manera mínimamente estable y con derechos laborales reconocidos.

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"Lo veo de una manera positiva, porque a parte de generar la oportunidad de trabajar y desarrollarse también le ayuda a uno al Estado con las cotizaciones. Nos beneficia a todos", dice Salvador.

Con la ayuda de Cáritas, una de las principales organizaciones promotoras de la ILP, EL ESPAÑOL ha conseguido hablar con Salvador y otros cuatro migrantes en situaciones parecidas, con el fin de poner rostro al aproximadamente medio millón de personas que trabaja y vive en España de forma irregular, y cuyos casos han movilizado a entidades y sociedad civil para que el Congreso las reconozca legalmente.

Para migrantes como ellos, hay una resistencia a exponer sus casos públicamente por miedo a expedientes de deportación u otros problemas con Extranjería. Por este motivo, sus caras aparecen pixeladas en este reportaje al igual que sólo se usan sus nombres de pila.

Seydou. Senegal, 24 años

Seydou, senegalés de Dakar, llegó a España en 2017 con 17 años. En su país tuvo que dejar la escuela para ayudar económicamente a su familia con trabajos esporádicos. Trabajó como ayudante de un tío soldador o como chico de los recados. Pero ninguno de estos trabajos le daban para ganar más de cinco euros al día.

Seydou, senegalés residente en Palma de Mallorca. Cedida

Con un tío instalado ya en Palma de Mallorca, se echó al mar en un cayuco con destino a Canarias. "Fue duro pero es lo que se espera de un viaje como este, ¿no?", dice. "Tiene mucho riesgo. No tenía dinero y conseguí viajar con la ayuda de un amigo que me prestó un 'billete' para subirme al cayuco", prosigue Seydou.

Al llegar a Canarias, siendo menor, su destino hubiese sido un centro de menores, presumiblemente en la península. Pero con el sistema colapsado, Extranjería trata de derivar a todos los recién llegados posibles a familiares o amigos en España, en caso de que los tengan. Fue así como Seydou llegó a Palma, donde comenzó a vivir con su tío y su familia, con años en España.

Desde ese momento estuvo acompañado por Cáritas, recibió cursos de castellano, ayuda para los trámites de Extranjería y los contactos para conseguir el arraigo por formación. Éste consiste en un permiso de residencia de dos años en los que el migrante puede estudiar y después conseguir un contrato de trabajo en el campo en el que se ha formado, como paso previo a conseguir la regularización.

Sin embargo, Seydou no tuvo suerte. Hizo un curso de construcción pero ninguna empresa del sector le contrató o precontrató para, al menos, poder renovar esos papeles. El pasado día 3 de abril caducaron, y su contador ha vuelto a cero. "La gente no quiere coger a nadie sin papeles, hay mucho riesgo. Si te pasa algo, van a tener problemas. Piden muchas cosas a los empresarios para que te hagan un contrato y tienen miedo de que les pase algo", lamenta el senegalés.

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En los siete años que lleva en Palma, además de hacer cursos, ha trabajado en la calle como vendedor ambulante, una experiencia que no quiere repetir. También ha tenido empleos esporádicos limpiando restaurantes o en una explotación ganadera de un hombre a quien conoció. Siempre 'en negro', y sin derecho a contrato.

Ahora vive con un amigo en Palma y recibe una ayuda pública del Govern balear de 600 euros, parte de la cual destina a su familia en Senegal. Pese a su situación, no se plantea regresar a su país: "Lo mismo que hago aquí, lo puedo hacer allí, pero por mucho menos. No me compensa volver", dice, en referencia a los trabajos esporádicos, mientras espera ser regularizado.

"Quiero sacarme el carnet de conducir, poder ir a ver a mi familia, hacer los cursos para los que te exigen el NIE (número de identificación de extranjeros)... Quiero tener una vida normal, pero muchos de nosotros estamos vendiendo en la calle porque no tenemos otra opción. No queremos estar ahí", asegura.

Cinthia. Perú, 36 años

En diciembre de 2022, tras el intento de autogolpe de estado en Perú, Cinthia decidió viajar a España como turista con todos sus ahorros con la intención de quedarse. Su marido, al igual que Seydou, ya estaba instalado en Palma de Mallorca. La situación política en su país hizo que la empresa en la que trabajaba cerrara y que fuera amenazada por ir a trabajar, dentro de los paros obligados que vivió el país en el contexto del autogolpe.

Cintia y su marido, procedentes de Perú. Cedida

"Antes de que se pusieran peor las cosas, decidí venirme para poder darles una vida estable a mis hijos (de 15 y 9 años)", explica Cinthia a este periódico. Cuando llegó, sin embargo, al no tener papeles, tuvo que enfrentarse a su nueva realidad. "Aquí no es como en mi país, donde hay un letrerito en la calle que dice que se necesita personal. No podía optar entrar a una tienda y trabajar como vendedora, porque le cae una inspección a la empresa y es multada", dice Cinthia.

En febrero se empadronó gracias a una amiga con dirección en España y, a partir de entonces, pudo optar a ayudas. "No es algo que suele ser sencillo porque si no conoces a nadie que te empadrone en su vivienda, hay gente que hace negocio con esto y te llegan a cobrar 500 euros por empadronamiento", explica.

Cinthia recibió una ayuda pública que le cubría la alimentación básica y también acudió a Cáritas. Al estudiar su perfil, desde la organización religiosa le consiguieron un trabajo como cuidadora de una persona mayor. "He tenido mucha suerte, porque es una persona que paga lo que corresponde y no se intenta aprovechar. Te puede tocar alguien que no te pague bien y no puedes quejarte. Él es un señor mayor con una enfermedad mental a quienes sus familiares no le hacen caso", dice Cinthia, que también cobra 'en b'.

De forma paralela, la situación en Perú, lejos de ir a mejor, empeoró, y se trajo a sus hijos en noviembre de 2023, por miedo a la trata de niños. Su empleador le ayudó dejándole una casa de su propiedad para que pudiera instalarse en ella de alquiler con los niños y su marido, todos sin papeles.

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Aunque llegó en diciembre de 2022 y, por tanto, después del plazo que contempla la ILP para la regularización, Cinthia tiene esperanzas de que la ley incluya en su desarrollo a personas que han llegado posteriormente, como su caso, el de su marido y el de sus hijos. Sobre todo, por la mayor de sus hijas.

"Necesitan dos años para el arraigo por formación y tres por arraigo social desde el momento en el que llegaron. Ahora mismo pueden ir a la escuela, pero la mayor cumple 18 años y estará en un limbo legal: no podrá ni estudiar ni trabajar legalmente. En todo caso, tendrá que trabajar 'en negro' y puede que tenga suerte como yo y caiga en una casa donde le vaya bien, o puede que no tenga esa suerte y no llegue a encontrar nada", explica Cinthia.

Por otro lado, Cinthia no podrá iniciar los trámites de regularización de sus hijos hasta que no cumpla sus tres años en España, de tal forma que pueda justificar que puede sostener sus gastos. "Nos ayudaría mucho que la regularización sea masiva, independientemente del año, y no se ponga un límite en el 1 de noviembre de 2021. Mi niña va a salir muy perjudicada si no lo conseguimos", asegura.

Susana. Bolivia, 50 años

En Palma de Mallorca también está radicada Susana, de 50 años. Estuvo en España desde 2007 a 2014, y contaba con NIE y permiso de residencia. Pero un intento de regresar a su país y montar un negocio con los ahorros que consiguió en esos años trabajando como empleada doméstica salió mal y tuvo que volver.

Susana, boliviana, también residente en Palma de Mallorca. Cedida

"Me fui pensando que allí iba a estar bien, queriendo montar mi emprendimiento en el sector textil con el capital que había ahorrado en España. Pero la situación política se torció en 2019, volvió la inestabilidad y la pandemia lo terminó de empeorar todo", dice. Perdió toda su inversión, cerró el negocio y se vio en España con 50 años, de nuevo en la casilla de salida. "En mi país, con 50 años ya no podía aspirar a trabajar en nada", lamenta.

Con las amistades que hizo en su primera etapa en Palma, Susana comenzó a reconstruir su vida. Lo primero que hizo fue tratar de recuperar su situación legal. Pero los abogados a quienes consultó le dijeron que no podía volver a su estatus de residencia en España porque su permiso caducaba a los dos años. "Pese a tener la documentación que acreditaba que estuve empadronada durante siete años, me dijeron que no se podía hacer nada", asegura.

Como en los otros casos, Susana acudió a Cáritas para que le ayudaran a encontrar trabajo. También iniciaron su trámite para el arraigo por formación laboral. Pero la mujer asegura que no está en ningún curso porque apenas hay oferta. "En cuanto salen, se agotan. No hay cursos para los sin papeles", dice, mientras trata de ganarse la vida en trabajos esporádicos de limpieza en casas. "A veces te llaman, a veces te dicen que no vengas…"

Con esto, logra reunir entre 500 y 600 euros al mes, cuya mayoría destina a sus hijos, de 25 años, y estudiantes universitarios en Perú. "Necesitan ayuda para seguir estudiando y a mí me queda poquito para pagar la habitación y la comida", dice Susana. Ahora espera cumplir dos años en España y poder entrar en uno de los cursos de Cáritas que le abran la puerta al arraigo por formación, aunque reconoce que una regularización como la que propone la ILP terminaría antes con su inestable situación.

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John. Colombia, 39 años

Al igual que Salvador, el primero de los protagonistas mencionados en este reportaje, John, un colombiano de 39 años, dejó su país natal después de sufrir amenazas de muerte. Después de trabajar en el campo y ejercer de líder comunitario en zonas rurales del departamento de Caquetá, los grupos armados le amenazaron a él y a su familia cuando se acogieron a una sustitución de cultivos ilícitos, un plan del Gobierno para combatir el narcotráfico.

"Me vine obligado, con una visa de turista con intención de quedarme. Quería pedir el asilo pero no tenía forma de reunir la documentación. Para ello necesitaba una denuncia sobre las amenazas, y todos quienes lo hicieron antes que yo aparecieron muertos a los pocos días o a la semana de hacerlo", dice.

Así, llegó a Mérida (Badajoz) en noviembre de 2022, donde su mujer ya estaba instalada desde hacía un año, tras ser igualmente declarada objetivo militar de estos grupos armados. El matrimonio, con una hija en Colombia, se acogió a un programa de Cáritas durante 14 meses, en los que recibieron techo y comida.

En concreto, estuvieron en el Centro Padre Cristóbal de Mérida, una institución centrada en la reinserción de personas excluidas socialmente y que amplió sus servicios a personas migrantes. "Con 39 años, uno no es lo que espera en la vida, convivir con personas que se están tratando de adicciones y cosas así. Pero no puedo más que estar agradecido a esta ayuda que hemos recibido. Me lo tomo como una nueva etapa", dice.

John y su mujer, en Mérida. Cedida

Desde hace cinco meses, John trabaja como cuidador de una persona mayor que le paga 800 euros al mes, también 'en negro'. Antes estuvo podando naranjas, trabajando como jardinero y recogiendo aceitunas. Siempre de forma esporádica y en empleos por horas, en los que llegó a ganar entre 35 y 50 euros los días que le llamaban. "A veces, eran sólo dos o tres días al mes", dice. Por su parte, su mujer tiene un año de residencia legal en España.

Ahora mismo, tras dejar el programa de Cáritas, el matrimonio vive en una habitación en un piso compartido con otros migrantes. John tiene la esperanza de que su caso termine contemplado en la ILP que propone la regularización. "Es la única forma que tendría de traer a mi hija, para dejar de esconderme de la Policía. Si te pillan trabajando en negro, puedes tener muchos problemas", concluye.