Policías sin entrenamiento con 35 atentados diarios a la autoridad: "La defensa personal te la buscas tú"
Según la Confederación Española de Policía, en 2022 se registraron 12.843 agresiones a policías y guardias civiles, la cifra más alta en 15 años.
3 septiembre, 2023 02:33Juan Antonio (nombre ficticio) es un policía con 15 años de experiencia. En la actualidad está destinado en la Brigada Móvil de la Policía Nacional en el Metro de Madrid. A las 7:00 de la mañana de un día del pasado junio, él y su binomio recibieron un aviso de que un hombre había saltado el torno del Metro sin pagar y había agredido al interventor que había intentado impedir su paso.
“Cuando llegamos, él ya estaba en el andén, visiblemente alterado, bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. Intentamos calmar la situación a través del diálogo pero el individuo no atendía a razones. Le pedimos que se identificara pero se negó a ello, y se puso violento. Entonces, sacamos los grilletes y procedimos a reducirlo para detenerlo. En el suelo, se resistió con mucha agresividad y me dio un golpe en el brazo que me fracturó el cúbito”, dice el policía desde el anonimato, en conversación telefónica con EL ESPAÑOL.
El tipo del que habla Juan Antonio fue finalmente reducido, conducido a dependencias policiales y posteriormente sancionado por Metro de Madrid, además de denunciado por un delito de atentado contra la autoridad. El policía terminó con una fractura en el brazo, pero podría haber sido peor.
La suya es sólo una entre las miles de agresiones que se han multiplicado contra agentes de la autoridad en el último año. “Sólo hablando de Policía Nacional, las agresiones han aumentado en 2.000 entre los años 2017 y 2021 comparadas con el período anterior”, dice Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Según un informe de la Confederación Española de Policía (CEP), difundido a finales de junio pasado, 2022 fue el año en que más agresiones se registraron contra agentes de los últimos 15 años: 12.843 infracciones penales de este tipo contra policías nacionales (9.239) y guardias civiles (3.604). Esto es 35 agresiones al día y más de 1.000 al mes.
En las últimas semanas, además, los vídeos de atentados contra policías, guardias civiles y policías locales, han corrido como la pólvora por redes sociales, como confirmación de las cifras: las agresiones son cada vez más comunes y, como se ha visto en el último mes, más frecuentes.
“El vídeo de la brutal agresión a un guardia civil en Asturias: el 'loco' del peluquín lo patea en el suelo” (21 de agosto). “Así fue la agresión de una familia a dos policías de Guardamar del Segura por aparcar mal” (28 de agosto). “‘Soy funcionaria’: la cómica defensa de una mujer mientras detenían a su pareja en Barcelona” (31 de agosto). Estos son sólo algunos de los titulares de este periódico sobre hechos que tienen un denominador común: violentos que se resisten a ser detenidos y arremeten agresivamente contra los agentes, sin que éstos puedan reducirlos.
Nueva agresión policial. En esta ocasión ha ocurrido en una playa de Guardamar (Alicante). Allí, un grupo de personas se pelearon con varios agentes
— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 28, 2023
La trifulca ha terminado con dos heridos, un civil y un agente. Por el momento se desconocen las causas del suceso pic.twitter.com/MwWW1VWOaE
Durante años, los sindicatos policiales han señalado la pérdida del principio de autoridad y el poco respaldo legal, de la Administración y de los partidos políticos a los agentes para emplear el uso de la fuerza. Pero la repetición de estas escenas también plantea otro interrogante que muchas veces ha sido un tabú dentro de los propios cuerpos de seguridad: ¿Están los policías españoles preparados para hacer frente a este tipo de amenazas callejeras?
Falta actualización
“El capital humano del Cuerpo Nacional de Policía es inmenso y estos vídeos sólo hacen hincapié en las intervenciones que no son exitosas. Pero la gran mayoría de ellas lo son y los policías actúan con profesionalidad, proporcionalidad y contundencia”, dice Rodríguez, del SUP.
“Sin embargo, hay que reconocer que la Dirección General de la Policía no pone nada de su parte en la actualización de la formación. Los policías salen preparados de la Academia, pero luego se les deja a su suerte. Lo que no nos dan, se suple con vocación de servicio. Unos hacen judo, otros van al gimnasio… Quien invierte tiempo y dinero por su cuenta, bien, ¿pero el que no?”, lamenta Rodríguez.
En la actualidad, la Guardia Civil cuenta, por ejemplo, con el Plan Anual de Técnicas de Intervención Operativa (Patio). La Policía Nacional, por su parte, tiene un plan anual de tiro, el cual, según Rodríguez, consiste en una “tirada trimestral de 25 cartuchos en una galería”, cuya exigencia “depende mucho del instructor asignado”. “Hay cinco niveles de tiro según la pericia de cada agente, pero ni siquiera es obligatorio completarlos.”, dice Rodríguez.
El policía del SUP también explica que el Cuerpo Nacional de Policía también ofrece dos programas de entrenamiento AMOK (incidentes fuera de control, como el atentado urbano de la sala Bataclan de París de 2016) a sus agentes, “pero ni siquiera hay plazas para todos”.
Pero es el terreno de la preparación física o de la defensa personal donde los agentes de los principales cuerpos policiales del Estado no tienen ningún programa de formación continua. Paradójicamente, esta preparación es la más necesaria para hacer frente a los altercados que enfrentó la Guardia Civil en Cangas de Onís o los policías municipales en la gasolinera de Vilanova (Barcelona).
“Hablamos de que los agentes de Seguridad Ciudadana, que son los que están en la calle todo el tiempo y los que están expuestos de forma más recurrente a este tipo de situaciones que vemos en los vídeos, no tienen una práctica ni una actualización de su formación en defensa personal o en su preparación física, más allá de cursos específicos para el uso de nuevas herramientas como la defensa extensible. En general, la formación te la buscas tú”, dice Rodríguez.
De hecho, sólo cuentan con un entrenamiento físico y de defensa personal continuado unidades especiales como la Unidad de Intervención Policial (UIP) o el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, o el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil (GAR).
José Antonio, el policía de Seguridad Ciudadana de nombre ficticio agredido el pasado junio en el Metro de Madrid, asegura que él no ha tomado cursos por su cuenta. “Soy un policía que cree en solucionar las cosas a través del diálogo. Además, por mi trabajo, los carteristas no suelen ser individuos violentos. Me llevé un mal golpe”, asegura.
Hace unos meses, el policía hizo un curso sobre el uso de la defensa extensible con el que los agentes de Seguridad Ciudadana han sido equipados desde febrero, cuando Interior anunció el reparto de 20.387 de estos artefactos. Pero aún así, para agentes como Juan Antonio, ha sido insuficiente.
“La formación es importante, y debería ser continuada. Sin embargo, es sólo es una parte. Te sientes indefenso por dar un golpe o usar la defensa extensible, porque estás pensando en que puede haber represalias, además de que los delincuentes están envalentonados porque sólo les ponen una multa y los dejan en la calle el mismo día”, reflexiona el agente agredido.
Desprotección
Donde insisten más los sindicatos policiales es en la “impunidad” de los delincuentes por los atentados a la autoridad, lo cual impide la prevención de este tipo de delitos. “Es importante la actualización y estar preparados, pero antes está impedir que se den situaciones así. Desde 1995, año en que se modificó el delito en el Código Penal, la pérdida del principio de autoridad se ha acelerado a pasos agigantados”, dice Rodríguez, del SUP.
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“¿Cuántas veces nos apoyan los políticos cuando hacemos uso de la fuerza? ¿Cuándo nos respaldan? Los políticos nos ponen a los pies de los caballos por intereses partidistas. No se incentiva que los agresores no vuelvan a delinquir. Las penas por agresión a policías suelen suspenderse o se quedan en el pago de una multa: sale gratis agredir a un policía”, se queja.
En la actualidad, el atentado a la autoridad recogido en el artículo 550 del CP supone una pena de 1 a 4 años de prisión y una multa de 3 a 6 meses, o de prisión de 6 meses a 3 años en el resto de casos. Pero Rodríguez se queja de que, en la mayoría de situaciones, las penas de prisión tampoco llegan a cumplirse, y que los policías están discriminados ante otras autoridades como jueces, fiscales o diputados en la aplicación del tipo delictivo que tiene que protegerlos.
“Las medidas cautelares, además, para quienes agreden a un policía, son nulas. En el caso del tipo que pateó a un Guardia Civil en el suelo en Cangas de Onís, que podría haberlo matado, se trataba de una persona reincidente cuyos antecedentes justificarían una pena de prisión preventiva, pero no sucedió así. Si hubiese sido a un juez o a un fiscal, ya estaría entre rejas”, asegura.
“Nos encontramos también con que los fiscales buscan, para evitar juicios, sentencias de conformidad para que el atentado se considere finalmente resistencia a la autoridad. Pero nosotros nos personamos como acusación en cada caso para que sea atentado y haya penas de prisión que refuercen el principio de autoridad. Es la única manera de prevenir el delito”, prosigue Rodríguez.
Por otro lado, el representante sindical también señala que los principios de actuación policiales de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad” son “interpretables”, y se queja del escrutinio al que son sometidas las intervenciones policiales.
“Al final, un juez está en un despacho juzgando un acto por el que el policía se juega su integridad física, se nos mira hasta el último milímetro y esto supone que muchos policías se planteen la detención como la última de las opciones”, lamenta Rodríguez.
Método científico
Según el instructor y policía José Carlos Vera, más allá del marco jurídico y legal por el que protestan los sindicatos policiales, lo que solucionaría las agresiones a los agentes, tanto en su preparación para responder a un ataque como para superar el miedo a las consecuencias penales, es un método científico que “evalúa el uso de la fuerza y extrae conclusiones para aplicar técnicas eficaces que tampoco produzcan lesiones en los detenidos”.
Vera es experto en seguridad pública, instructor de táctica policial, cinturón negro de ‘kick boxing’, criminólogo y doctor en ingeniería biomédica y telemedicina. Estas últimas son ramas en las que se especializó para aplicar modelos científicos de uso de la fuerza y defensa personal de los cuerpos policiales. Ha impartido decenas de formaciones a policías de todo el mundo y es autor, además, de la tesis doctoral “Estudio de las técnicas físicas idóneas para la intervención que minimicen el riesgo de lesiones en una detención policial. sistemas monitorizado”.
“La evaluación del uso de la fuerza nos señala que la formación de los agentes es errónea e insuficiente. En el caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad en España, es como si un cirujano apenas hubiera tenido una formación de 70 horas con un bisturí y no volviera a practicar o tuviera que hacerlo por su cuenta, mientras tiene que intervenir a pacientes. Es absurdo”, señala.
El experto también critica que el hecho de que no haya una formación continua y garantizada desde la administración empuja a que muchos policías, por buena voluntad y por espíritu de servicio, se formen en artes marciales y disciplinas cuyas aplicación en la calle puede volvérseles en contra.
“El modelo de formación actual pone hincapié en las artes marciales y en la defensa personal, o en calentar en el gimnasio sin ningún tipo de control. Cada uno hace lo que buenamente puede. Pero cuando un policía está en la calle y se encuentra en una situación crítica, no acaba de salir del gimnasio. Y luego, algunas artes marciales pueden terminar con el principio de proporcionalidad y que la presión social aumente contra la policía”, dice Vera.
El instructor ha aplicado su modelo científico en la Policía Local de Cádiz, con el aval de los comités éticos de las universidades de esa ciudad y la de Granada. Consiste en un traje con 19 sensores que miden las reacciones de los policías ante cualquier acción en la que se vean implicados. Los datos, luego, han servido para elaborar técnicas de actuación que priorizan la eficacia de la intervención, “quitando la presión penal”, en palabras de Vera.
“No es lo mismo una actuación de 30 segundos que una de cinco minutos, ni una situación contra una potencial amenaza que contra 15. La anticipación es clave, y nuestro modelo científico prevé todos los escenarios. No es 100% seguro, pero la repetición y el entrenamiento mejoran los reflejos y que nuestros policías actúen de manera limpia y eficaz”, asegura Vera.
“Es necesaria una evaluación constante y una formación continuada, algo que va contra el canon académico actual y que la Administración no quiere aplicar. No podemos poner a los policías en la calle con tásers y defensas extensibles sin que conozcan su uso, respaldado por los datos que da la ciencia. Que tengamos a policías formándose por su cuenta y que no haya actualización es el cóctel perfecto para que se produzcan actuaciones erróneas y que siga habiendo policías lesionados”, apunta.
Sin quitar el foco en el marco legal y en la falta de apoyo institucional, Rodríguez, del SUP, insiste en que la culpa no es de los policías. “La formación que recibe un policía en tiro y defensa personal es buena, pero no es continuada ni se actualiza con la frecuencia necesaria”, dice Rodríguez. “Lo que necesitamos es un compromiso político para que se nos deje hacer nuestro trabajo y recuperar el principio de autoridad”, concluye.