Un hombre denuncia a la Policía por allanamiento de morada al auxiliar a su mujer maltratada

La familia Rivera Ramírez ya no ve con los mismos ojos a la Policía Nacional. Tanto Carlos Alberto, como su esposa, Sara, y sus dos hijos, Gerson y Carlos, afirman que le tienen "miedo" porque fueron supuestamente apaleados por varios agentes que acudieron a su domicilio requeridos por la mujer. El motivo: una discusión con su marido. La Jefatura Superior de Madrid niega la paliza a esta familia de Perú y sostiene que los agentes presuntamente fueron atacados por ellos durante la intervención, obligándoles a detenerles por atentado a agente de la autoridad y lesiones.

En esta historia las versiones son radicalmente opuestas y un juez tendrá la última palabra. Todo ello, sin olvidar la probable investigación que abrirá el Ministerio del Interior para analizar la intervención policial porque fue grabada por uno de los hijos del matrimonio peruano.

De momento, lo que se sabe es que Sara alertó al 091 de que estaba manteniendo una discusión conyugal, durante la madrugada del sábado 6 de mayo. "Me puse bravo con mi esposa", tal y como admite Carlos Alberto Rivera, con antecedentes por malos tratos en el ámbito familiar en el año 2021 -según la Policía Nacional-. "Tuve una discusión con mi mujer porque había llegado tarde a casa, pero solo fue algo verbal. Nada más. Ella solo llamó a la Policía porque quería que yo durmiese en el sofá".

Dos 'zetas' se desplazaron al piso del matrimonio en el barrio de Puente de Vallecas. A partir de este punto de la historia, se inicia la que bien podría ser la secuela del caso de la 'patada en la puerta': la famosa causa judicial contra un mando de la Policía Nacional, denunciado por allanamiento de morada, tras ser grabado desmantelando una fiesta ilegal durante la pandemia. Este mando echó abajo la puerta de un piso de la calle Lagasca de Madrid, con un marro y sin orden judicial. En este caso, el presunto allanamiento de la casa de Carlos y Sara ha sido grabado por uno de sus hijos.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva al vídeo que jugará un papel relevante en las acciones legales que emprenderá la familia, tras contratar los servicios del abogado: Eduardo Muñoz Simó. "De lo narrado por mis clientes se desprende un delito claro de allanamiento de morada porque al no existir resolución judicial que autorizara la entrada a la vivienda y no existir en el interior de la misma, un delito flagrante, entiendo que esa intromisión no está justificada", según explica el penalista.

"La actuación de los agentes fue totalmente desproporcionada", tal y como prosigue el letrado Eduardo Muñoz Simó. "En el vídeo se ve cómo golpean con sus defensas en la cabeza de mis clientes y es una medida fuera de lugar ante la situación que se estaba viviendo en el interior de la vivienda".

El penalista Eduardo Muñoz Simó, en su despacho de Madrid.

El penalista avanza que presentará una denuncia contra los policías nacionales que acudieron al domicilio de Carlos Alberto y Sara por los supuestos delitos de allanamiento de morada, lesiones y un tercero de trato degradante: "A mis clientes los llevaron a los calabozos de una forma inhumana. Iban descalzos, en pijama… En general, considero que fue una actuación contraria a derecho".

La grabación que sustentará la denuncia contra los policías la realizó Carlos: un chico, de 25 años, que acababa de regresar a casa tras terminar su jornada en Tierra Burrito en Atocha. "Cuando llegué del trabajo, la Policía Nacional llamó al interfono y se lo dije a mi madre", según confirma este veinteañero, matriculado en un grado medio de informática.

"Cuando subieron, mi madre se puso a hablar con los policías y les dijo que simplemente había tenido una discusión verbal con su marido, como cualquier otra", tal y como remarca Carlos. "Les pidió disculpas, pero uno de los agentes estaba un poco alterado y se le metió en la cabeza que mi padre debía salir al pasillo a hablar con ellos".

La peruana Sara Ramírez, en su casa, con un collarín tras acudir a urgencias. Cedida

Sara Ramírez corrobora el relato que ofrece su hijo pequeño y su marido. "No concibo la idea de que pidiendo supuestamente una ayuda, una defensa para la mujer, me maltratasen a mí, a mis hijos y a mi esposo", tal y como denuncia esta peruana, de 51 años. "No entiendo que por mi llamada aporreasen a mis hijos, cuando supuestamente venían a ayudarme: estoy con mucha ansiedad y muchos nervios por lo que ocurrió". También se ha cogido una baja en el Consejo Superior de Deportes, donde trabaja como limpiadora, porque le han puesto un collarín por una lesión cervical que supuestamente le ha causado un policía con su defensa extensible.

- ¿Telefoneó a la Policía Nacional porque su marido la estaba maltratando?

- Sara: Llamé por asustarlo porque él tiene un carácter fuerte y estábamos discutiendo. Cogí el móvil, busqué en Google el número de la Policía, se lo mostré y le dije que estaba llamando porque quería que durmiese en el salón. Era tarde, más de la una de la madrugada y no quería discutir. Fue una tontería. Cuando entró la llamada les dije que lo sentía, que había sido una riña con mi marido, que lo habíamos solucionado y colgué el teléfono.

Para la sala del 091 ya no había vuelta atrás. La llamada había entrado como una discusión conyugal y movilizaron a dos 'zetas'. Cuatro agentes uniformados -dos hombres y dos mujeres- se plantaron en la puerta del domicilio de este matrimonio peruano para verificar que la mujer se encontraba bien: la Policía Nacional solo quería hacer su trabajo.

- ¿Qué le dijo usted a los policías que se presentaron en su casa?

- Sara: Pues que no pasaba nada, que había sido una riña con mi marido, que se había solucionado, que ya estábamos durmiendo y les pedí disculpas. Les dije lo mismo que en la llamada. Aún así, estaban locos. Me dijeron que mi marido tenía que salir al pasillo porque les salía de los cojones y uno de ellos empezó a poner el pie en la puerta para que no pudiese cerrarla.

El punto de no retorno se produjo cuando Carlos, el cabeza de familia, salió al pasillo de la vivienda al ser requerido por los agentes. "Creo que como mi marido sacó su pasaporte, se pensaron que no teníamos papeles y empezaron a zarandearnos", según afirma Sara. "Cuando mis dos hijos salieron de sus habitaciones preguntando a los policías qué podían hacer para solucionar la situación y por qué estaban dentro de nuestra casa: se echaron encima de nosotros a pegarnos. Mi marido empezó a gritar: ¡Graba Carlitos! ¡Esto es una injusticia! ¡No pueden entrar así a mi casa!"

- ¿Qué ocurrió después?

- Sara: Los policías seguían entrando en mi casa y sacaron sus defensas para atizarme en la cabeza. Mi hijo mayor, Gerson, y mi marido pusieron los brazos para que no me diesen. De tantos golpes que recibió Gerson en el brazo: se lo reventaron. Nunca pensé que sucedería esto por una llamada de defensa a la policía. Me siento mal porque se han metido a una casa a maltratar a una familia honrada y nos han pateado, pero no pueden hacerlo sin una orden judicial. Hasta la mujer policía me pegó y me tiró del pelo.

Desde la Jefatura de Policía en Madrid niegan que los agentes entrasen al inmueble sin justificación. "Accedieron al domicilio para asegurar la integridad de la mujer que llamó al 091", tal y como aclara un portavoz oficial del Cuerpo. "Cuando los policías llegaron, la vivienda estaba revuelta y con objetos esparcidos por el suelo y la mujer estaba nerviosa y poco colaborativa. Su marido mantenía una conducta hostil y desafiante, escondiendo las manos y negándose a mostrarlas para comprobar si llevaba un arma, incluso intentó cerrar la puerta".

"El marido se abalanzó sobre los agentes lanzando puñetazos. Entonces, los hijos salieron de las habitaciones increpando a los policías y sujetando al padre para evitar que fuese detenido, llegando uno de los hijos a quitarle la defensa a un agente para empezar a pegarle a los demás actuantes", según mantiene este portavoz de la Jefatura de Policía.

También subraya que tuvieron que movilizar a otros cuatro agentes como refuerzos, porque Carlos, su esposa, Sara, y sus hijos, Gerson y Carlos, supuestamente arremetieron contra los cuatro efectivos que habían acudido al piso inicialmente: "Toda la familia la emprendió a golpes con los actuantes y les lanzaron objetos contundentes".

Del visionado de las imágenes que aportará la familia en su denuncia, no se aprecia que ataquen a los agentes ni que les tiren objetos, más bien todo lo contrario: solo se defienden. Al lado de la puerta del domicilio, Gerson abraza a su madre, Sara, formando una barrera humana para evitar que los funcionarios lleguen a Carlos Alberto. Entretanto, el hijo pequeño, Carlos, graba la escena que se produce en el pasillo y cómo la defensa de uno de los policías nacionales salta al fondo del piso tras golpear a sus familiares.

- Carlos, hijo: Mire, la puta porra: aquí está en mi casa. Te la doy, pero no me pegues: te estoy filmando. No me pegues. Te estoy grabando y tú me has dicho: ¡no me grabes puto gilipollas!

El cabeza de familia, un futbolista retirado de Perú, de 56 años, y que actualmente trabaja en Seur moviendo con sus 115 kilos de peso los paquetes grandes que llegan por la cinta, cada vez se encuentra más nervioso ante la presencia policial, como en sus años de zaguero, cuando bregaba con algún delantero con la elástica del Sport Boys del Callao.

- Carlos Alberto, padre: No le des nada [la porra]. ¡No pueden estar acá en mi casa: deben tener un orden fiscal! ¡Nadie les dijo que entren!

El vídeo concluye con los agentes metiéndose en la casa, justo después de que uno le suelte varios golpes a la familia con su defensa y de que otro corra hacia el fondo del pasillo, a por Carlitos, para quitarle el móvil porque está inmortalizando el momento. Todo ello ocurre, mientras los demás policías nacionales tratan de arrastrar fuera del inmueble al matrimonio y a su hijo mayor: Gerson. Después, la grabación se va a negro y solo existen dos versiones que son tan opuestas como el día y la noche.

También hay partes médicos en ambos bandos. La familia tiene moratones por todo el cuerpo, chichones, dolores musculares y están de baja laboral. Los mayores perjudicados son Sara y Gerson. La mujer padece una lesión cervical, ansiedad y estrés, mientras que su hijo mayor, un asesor inmobiliario, de 31 años, presenta puntos de sutura en un brazo y derrames en ambos ojos: como un boxeador. En la Policía Nacional han presentado parte de lesiones siete de los ocho agentes movilizados aquel 6 de mayo: el más grave tiene un latigazo vertical y erosiones en el rostro.

Gerson, el hijo mayor del matrimonio, mostrando moratones y puntos de sutura. Cedida

Carlos asegura que la actuación policial está relacionada con el origen peruano de su familia: "Esos policías pensaron que éramos ilegales, que vendíamos drogas o que teníamos antecedentes. Me dijeron que les tenía que enseñar los papeles porque les salía de la polla y cuando se los entregué, el policía me dijo que saliese de mi casa y al preguntarle el motivo, sacó el extensible y empezó a darme golpes. Nos masacraron a golpes, puñetazos y patadas: ¿Ellos venían a defender a mi mujer?"

Su hijo pequeño, Carlos, también se sintió discriminado por un país al que quiere y que le acogió con los brazos abiertos, cuando llegó siendo un adolescente, gracias a que su madre logró la reagrupación familiar tras ser la primera en cruzar el charco para trabajar en el Grupo Vips en Madrid. "Cuando dejé de grabar con el móvil nos pegaron más y nos tuvimos que arrodillar", critica este joven que jugó en el filial del Rayo Vallecano.

"Creo que no sentíamos los golpes de toda la adrenalina. Nos pusieron las esposas como si fuésemos narcotraficantes, tirados contra el suelo y pisándonos la cabeza", según denuncia el veinteañero. A la Comisaría de Vallecas llegaron sobre las cuatro de la madrugada del sábado 6 de mayo y la situación supuestamente solo empeoró: "Nos negaron nuestro derecho a una llamada, llegamos en shock, ensangrentados, en pijama y descalzos".

A la mañana siguiente fueron trasladados al Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid. El juez los dejó en libertad, como investigados por un delito de desobediencia a la autoridad, y con la obligación de comparecer periódicamente. Carlos Alberto, su esposa, Sara, y sus hijos, Gerson y Carlos, salieron descalzos a la calle y lo primero que hicieron no fue buscar unos zapatos: contrataron al abogado Eduardo Muñoz Simó para ejercer acciones legales contra los policías que les arrestaron.