Vicky Rosell, la jueza de Podemos, como Echenique: su asistenta denuncia que "no le dio de alta"

La semana pasada, Chambi dio un paso más en esta lucha judicial contra la magistrada, al interponer una querella para limpiar su nombre, según confesó en una entrevista a La Provincia. En concreto, denunció  a Rosell y a su pareja de hecho por los delitos de denuncia falsa y de simulación de delito. La pareja acusó en el pasado a Chambi de extorsión, amenazas, coacciones y estafa procesal después de que ella reclamara unas condiciones de despido justas cuando decidieron prescindir de ella.

Hace una semana, la Justicia sobreseyó el caso, lo cual motivó que Chambi presentase la nueva querella. Esta está en el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo titular es Miguel Ángel Parramón, a quien se ha vinculado con Rosell en el pasado.

Chambi nació en la ciudad boliviana de Sucre y llegó a Gran Canaria en 2005. Al igual que muchos compatriotas suyos, se puso a trabajar como asistenta del hogar y recaló en 2011 en la vivienda de Las Palmas en la que convivían Rosell y el periodista Carlos Sosa. En total, estuvo trabajando con ellos cerca de ocho años, de los cuales, según dijo, algunos meses los cobró en B, sin estar dada de alta en la Seguridad Social.

La asistenta trabajaba a media jornada, cuatro horas diarias, aunque siempre estiraba su trabajo "media hora más" por ser Rosell "muy exigente", según aseguró su abogado, Federico Vicente, en una entrevista emitida este lunes en Radio Las Palmas.

"La nómina de 500 euros que recibía en el banco y que le ingresaba Victoria Rosell era la misma, tanto en los períodos en los que estuvo dada de alta como en los que no, por tanto, ella le pagó en negro", explica, por su parte, una fuente cercana al caso a EL ESPAÑOL.

Chambi expuso esta situación tras ser despedida en plena pandemia —en verano de 2020—, y en medio de una baja médica, después de ser operada de los ojos. Al poco tiempo del despido, presentó una papeleta de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Canarias: quería cobrar una indemnización por despido improcedente y que se incluyeran los meses que cobró en negro como cotizados.

También pretendía que se le contabilizase en el finiquito las vacaciones. Durante los períodos de vacaciones, aunque no trabajó las horas habituales, era recurrente que la jueza o su pareja pidieran a la asistenta que viniera a su vivienda para realizar tareas como dar de comer a un conejo que tenían, llamado "Tambor", o regar las plantas.

Tras presentar la papeleta, ni Rosell ni su marido acudieron al acto de conciliación. Comunicaron a través de una representante que le pagarían únicamente 800 euros. Además, no solo ignoraron sentarse a negociar para llegar a un acuerdo, sino que contraatacaron acusando a su empleada del hogar de los delitos de extorsión, amenazas, coacciones y estafa procesal. 

También dieron publicidad a su denuncia a través de intervenciones en varios medios de comunicación y, especialmente, desde el portal que dirige Sosa, Canarias Ahora. El digital señaló que Chambi era parte de un complot político orquestado por su abogado. Este fue acusado de ser miembro de Vox, lo cual se demostró falso con posterioridad, teniendo Sosa que rectificar.

La asistenta ante la UDEF

Por esta denuncia, Chambi tuvo que presentarse en la cuarta planta de la "supercomisaría" de Las Palmas de Gran Canaria, como se conoce al principal edificio de la Policía Nacional en la ciudad. Allí es donde tiene sus oficinas la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dedicada a perseguir grandes delitos económicos, ante la cual declaró la asistenta.

El abogado de Chambi, expolicía, quedó sorprendido de que citasen a una empleada del hogar para las diligencias. Según ha podido saber este periódico, fuentes policiales dijeron de modo informal al letrado de la asistenta que había "órdenes de Madrid" para que se produjese esa situación.

Según el abogado en el último escrito presentado, Rosell seguía presuntamante una estrategia "para que Doña Simona se asustara (...) y desistiera de su reclamación laboral previamente presentada 10 días antes que la denuncia interpuesta por la querellada ante el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial".

Rosell quiso "amedrentar y perjudicar a la querellante (dado su nivel de humildad, escasos medios económicos para litigar y nivel cultural bajo)", según el documento. Esto, en palabras del letrado, ha provocado en Chambi "daños morales".

El proceso ha supuesto para Chambi un alto coste personal y laboral, hasta tal punto que no ha vuelto a trabajar: la mala publicidad sobre su nombre y el hecho de verse implicada en una escalada judicial contra Rosell, ha provocado que nadie quiera saber nada de ella.

"Como consecuencia de haber sido denunciada por extorsión y su divulgación pública, su coste de la calidad de vida a efectos sociales y económicos ha sido brutal. Puesto que, socialmente no está bien visto, ni aceptado, que te acusen de ser una mujer extorsionadora", dice su abogado en el escrito presentado la semana pasada.

"Victoria Rosell pisoteó mi dignidad, quiero que se limpie mi nombre", añadió Chambi al respecto, en una entrevista este domingo al diario local La Provincia, después de que una sentencia no encontrase delito en su conducta tras la denuncia de Rosell y su pareja.

Demanda laboral

De forma paralela, al no presentarse Rosell y Sosa al acto de conciliación, la papeleta  que presentó Chambi al SMAC en un inicio tomó forma de demanda laboral. Esta fue desestimada en un proceso, según fuentes cercanas a la Justicia en Canarias, que se desarrolló de forma "sospechosa".

Así lo declararon estas fuentes a este periódico en un artículo sobre la jueza publicado el pasado 19 de noviembre: "El juicio terminó a las 15.00 horas. A las 8.00 horas del día siguiente ya estaba la sentencia comunicada a las partes, desestimando la denuncia e incluyendo aspectos que, según denunció el abogado de Simona, ni siquiera se mencionaron en el juicio. La sentencia no la firmó el juez titular del juzgado de lo laboral, sino una sustituta temporal, cuya experiencia era tener un contrato a tiempo parcial con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria".

Quien firmó la sentencia fue la magistrada-juez sustituta del Juzgado de lo Social 7 de Las Palmas, María José Andrade Santana. Tras este revés, Chambi interpuso un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el cual ratificó la sentencia inicial.

El abogado de Chambi presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a finales de octubre pasado, señalando que la magistrada Gloria Poyatos, mimebto del TSJC y que no se abtuvo en la ratificación de la sentencia que desestimaba la demanda de Chambi, tenía una relación personal con Rosell. 

Según señaló el abogado de Chambi, Poyatos y Rosell compartieron candidatura a Salas de Gobierno de la asociación progresista de Jueces y Juezas para la Democracia en 2014, además de haber participado ambas en un programa en Onda Cero Canarias, donde tenían una sección llamada "Sentencias con perspectiva de género".

Ahora está por ver en qué queda el nuevo escrito presentado por Chambi, en el que solicita que se imponga a la jueza de Podemos una fianza de 60.000 euros.