Así estafó la inspectora de Hacienda más de seis millones a 34 deportistas: la lista completa

El defensa lituano es uno de los 35 deportistas profesionales -31 de ellos futbolistas- víctimas de una trama delictiva dirigida por una inspectora de Hacienda y su exmarido. Ambos lograron estafarles 6.138.797,86 euros entre 2015 y 2016. La estrategia era tan sencilla que roza lo absurdo: hacerse pasar por los jugadores para reclamar las devoluciones que les correspondían de Hacienda. Ninguno sabía ni siquiera que podían reclamarlo, ya que el fisco no les informaba.

La cabeza pensante era Leonor Sánchez-Caballero Pérez, cuyo cargo en la Agencia Tributaria consistía en supervisar las declaraciones de los grandes contribuyentes. La inspectora, conocida en el organismo como una de las más profesionales en la persecución de grandes fortunas, utilizó su acceso privilegiado a la información fiscal para calcular las devoluciones y falsear las identidades. Ella conseguía los datos, se los filtraba a su -entonces- marido y sus socios y, entre todos, se hicieron de oro. 

Los cuatro acusados (a la derecha, Leonor Sánchez-Caballero), durante el juicio. El Español

La técnica para detraer los fondos tenía que ver con el cambio de residencia de los deportistas en mitad de sus contratos. En general, entre 2012 y 2013 muchos cotizaron por IRPF cuando les correspondía hacerlo como sujetos pasivos no residentes (IRNR), pero no se les informó.

Así fueron cayendo uno a uno, desde los 17.115,91 euros que le robaron a Lassad Nouioui (Deportivo de La Coruña) hasta los 1,2 millones de euros sustraídos a Nuri Sahin (Real Madrid), pasando por otros como Hamit Altintop y el exatlético Eduardo Salvio. Daba igual el color de la camiseta. Todos los nombres y cantidades robadas se pueden consultar al final de este reportaje.

El azote de Hacienda

Algunos de los jugadores ya no vivían del fútbol cuando la Policía Nacional se acercó a ellos para revelarles que les habían estafado desde la Agencia Tributaria. Al contarles lo que les había hecho aquella inspectora de Hacienda se quedaban completamente aturdidos. Uno de ellos vagaba por campos de Tercera División cuando le contactaron los investigadores. Malvivía desde Toledo jugando en las ligas de segunda fila. No tenía la menor idea de lo que le habían sustraído. En su caso, la estafa era tan grande que el dinero robado era muy superior al sueldo anual que tenía en aquel modesto equipo.

Desde dentro del fisco se lo esperaban todavía menos. Leonor Sánchez-Caballero Pérez era conocida como el azote de las grandes fortunas; una profesional recta, seria y trabajadora que había ganado fama entre sus colegas por su combativa e inflexible guerra contra el crimen y la corrupción. Su reputación, contaron sus compañeros a los agentes, le había valido un reciente ascenso a jefa de Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios de la AEAT, una especie de número 2.

Además de su carácter regio y discreto, todas las fuentes coinciden en otro aspecto: su elegancia y buen gusto en el vestir. Durante el año y medio que le duró la farsa, la inspectora se compró coches de lujo, ropa de diseño y varias casas, entre ellas una lujosa vivienda en el municipio madrileño de Torrelaguna, al norte, en la comarca del valle del Jarama.

Desde dentro se atribuía a su sueldo -en torno a los 100.000 euros- y a los negocios de su marido, el abogado y empresario Juan Ignacio Torrontegui, del que se divorció durante el proceso.

El exmadridista Nuri Sahin fue el máximo perjudicado de la trama: le estafaron 1,2 millones de euros. El Español

Sin embargo, era ella quien facilitaba la información para que sus socios pudieran tener acceso a los datos de los deportistas, para así hacerse con el importe de las devoluciones del IRPF. La pantalla la permitían tres juristas: Julio Lapausa, Manuel Val Jiménez y el propio Torrontegui. Los dos primeros utilizaban sus empresas para hacerse pasar por los representantes legales de los deportistas, mientras que el tercero hacía de puente entre los despachos y el ministerio.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas de hasta 8 años de cárcel a la trama y 5 años de inhabilitación para el cargo público, además de una multa de 18.843.236,58 euros -el triple de lo obtenido- a repartir entre los estafadores. Así consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que recoge un delito continuado de estafa, un delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil y un delito continuado de aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario público.

La investigación

Fue clave el testimonio de dos testigos, L.S., un alto cargo de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, y M.C., otra inspectora de Hacienda, que fue quien descubrió una serie de irregularidades en el impuesto de devoluciones de personas no residentes e informó a la Agencia Tributaria. Cuando se enteró, Leonor llamó a la inspectora días más tarde para intentar boicotear la información, levantando las sospechas sobre su posible implicación. 

Corroboró que los expedientes estaban presentados el mismo día, firmados manualmente, con fotocopias de muy baja calidad, con los mismos titulares de cuenta y los mismos certificados. Llevaba días sospechando que alguien había extraído un modelo existente de la AEAT y, al par de días de hablar con Leonor, entró por registro un nuevo escrito que aportaba como domicilio de notificaciones dos despachos de abogados, Star Athletes Society S.L. y Asesores Deportivos Lapver SLU, ambos dirigidos por los compañeros de trabajo de Torrontegui, el marido de Leonor.

Fue entonces, ya con la Policía de por medio, cuando los investigadores se percataron de que había accedido, en su horario de trabajo y con su usuario, al registro de grandes contribuyentes de la Agencia Tributaria. No había un motivo aparente que lo justificara. Las pesquisas corrieron a cargo de la Brigada de Policía Judicial Adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla, comandada en ese momento por el comisario Pedro Agudo y la fiscal de delitos económicos Manuela Fernández.

Los agentes viajaron por distintos países para entrevistar a algunos de los futbolistas afectados debido a que ya se habían marchado a jugar a otras ligas lejos de España. Algunos de ellos escuchaban anonadados lo que les contaban los policías, sin creerse del todo la situación. En varios casos, la suma del dinero estafado al futbolista era mayor que el contrato con sus clubes actuales, en los que seguían jugando.

Mediante el modelo 210 de solicitud de devolución, los deportistas extranjeros que acrediten su domicilio fiscal en otro país tienen derecho a un impuesto casi la mitad que los residentes. Aún así, ya fuera por desconocimiento o por olvido, los jugadores terminaron sus contratos entre 2012 y 2013, se fueron de España y no solicitaron la devolución del IRPF. Leonor los rastreaba, le pasaba los datos a sus compinches y ellos se hacían pasar por ellos para recuperar el dinero.

En total hallaron 102 solicitudes de casos, de los cuales 35 -que se muestran a continuación- fueron presentados "con su aparente firma manuscrita" y se devolvieron los pagos durante los meses en que los acusados fueron investigados. La Fiscalía subraya que, "sin los conocimientos y las capacidades de acceso a la información interna de la AEAT de la acusada", no hubiera sido posible imitar los modelos y perpetuar el delito.