Josefa, la madre que prostituía a sus hijos por 20€, y el depredador Andrés, el vecino ejemplar

Durante al menos siete largos años, de 2007 a 2014, entre los 16.500 habitantes del pueblo de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) se desarrolló en secreto y a diario un drama deprimente de explotación sexual infantil que, según ha declarado probado este mes la Audiencia Provincial, sólo conocían sus cinco protagonistas. Una madre drogadicta, Josefa V. M., obligaba con amenazas y palizas a tres de sus cuatro hijos (dos niñas y un niño) a prostituirse a cambio de dinero con un respetado vecino y padre de familia, Andrés M. C.. La sentencia, conocida esta semana, de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, de la que ha sido ponente la magistrada Mercedes Alaya (la instructora del macrocaso de los ERE falsos de la Junta de Andalucía), ha condenado a Josefa a 40 años de cárcel y a Andrés a 36 años por delitos de agresión sexual continuada en concurso con prostitución de menores, más maltrato habitual en el caso de la mujer (con atenuante por adicción grave). Cumplirán un máximo de 20. 

Según establece el fallo judicial, el condenado, que entonces tenía entre 68 y 75 años, sometía a los menores, de entre 9 y 15 años, a diferentes prácticas sexuales, en varios escenarios y siempre a escondidas: la casa familiar de él, su bar, su casa de campo y la casa de los menores. Empezó con la hija mayor de Josefa en 2007, el año en que la niña (nacida en junio de 1994) cumplía 13. La besaba, le tocaba sus genitales y sus pechos por encima de la ropa y una vez le quitó las prendas para manosearla desnuda (el tribunal no ha considerado acreditado que le metiera los dedos en la vagina y que la obligara a hacerle una felación). Los encuentros (algunos en presencia de la madre) cesaron cuando la adolescente cumplió 15 años y se fue de casa en 2009.

Josefa, con la más pequeña de sus hijas, que fue ofrecida al vecino condenado.

Más tarde, Josefa le ofreció a Andrés a su segundo hijo, nacido a finales de 1999. Al menos en un periodo de cinco o seis meses entre 2013 y 2014, cuando el chico tenía entre 14 y 15 años, el hombre (aprovechando los momentos en que no estaban su mujer, sus hijas u otros familiares) lo recibía en su casa del pueblo o el chalé del campo y allí consumaba sus abusos sexuales, sin límites.

En paralelo, el condenado agredía también sexualmente a la tercera hija de Josefa, ofrecida por ésta. La niña, nacida en agosto de 2003, tenía nueve años cuando comenzaron los primeros encuentros que ella recuerde, que se prolongaron casi todos los días hasta que, con 11, ingresó en un centro de acogida inmediata de la Junta de Andalucía, en octubre de 2014. Refiere el tribunal que, al igual que ocurría con sus hermanos mayores, su madre la obligaba con amenazas y golpes a ir al encuentro del vecino, que empezaba por desnudarla y tocarle sus genitales. Añade la sentencia que el hombre estaba empeñado en “quitarle su virginidad” y que para ello le ofrecía “regalos”.  

A veces estos encuentros se producían en presencia de su hermano mayor. En el juicio, ambos recordaron cómo contemplaron los abusos máximos sufridos por uno y otro.

El mismo patrón para los tres hermanos

Con los tres hermanos se repetía el mismo patrón, dice la sentencia: la madre les amenazaba y golpeaba para que fueran con el vecino a practicar sexo a cambio de dinero, que éste les daba para entregárselo a ella.

El tribunal ha considerado totalmente creíble el testimonio de los tres hermanos en el juicio celebrado el pasado noviembre y ha señalado como elemento a favor de su credibilidad que tendían, avergonzados, a rebajar la gravedad de los hechos en vez de a exagerarlos. Ejerce la acusación particular la Junta de Andalucía, que intervino en 2014 retirando la custodia a la madre y asumiendo la protección de los hermanos menores de edad.

Abre la puerta de su casa en Las Cabezas de San Juan un hombre muy alto, de por lo menos 1,85, recio aunque de movimientos ya lentos por su edad. Va a cumplir 80 años en julio. Tiene el pelo blanco, entero, y gafas. Su actitud es bondadosa, cordial y tranquila. Es el hombre al que han condenado a 36 años de cárcel por agredir sexualmente y prostituir a dos niñas y un niño durante al menos siete años. Lleva al periodista de EL ESPAÑOL a la casa de al lado, donde vive su hija, su portavoz, y en presencia de ella dice: “Tengo la conciencia muy tranquila. Si usted escribe que soy inocente, no se equivoca”. Dice que, hasta que hable con su abogado, no puede dar más explicaciones, sólo que se han “equivocado”.

Su hija defiende con firmeza que su padre es inocente y avanza que van a recurrir la sentencia condenatoria. El caso irá así al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras lo que podrían aún apelar al Tribunal Supremo antes de que la condena sea firme. No ha ingresado en la cárcel en ningún momento durante el proceso, que empezó en 2014 e instruyó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lebrija, cabeza del partido judicial al que pertenece Las Cabezas de San Juan.

Dice esta hija que la familia está sufriendo un calvario por este escándalo que arruina la reputación del progenitor. “Mi padre no sabe ni la mitad de las barbaridades de las que le acusan. Mi madre no sabe casi nada. Es una injusticia. Si él hubiera hecho lo que dicen, yo sería la primera que lo señalaría, porque tengo dos hijas”, remacha apuntando con el dedo a su padre, de pie a su lado en el salón. “Creen más a los niños que a un hombre mayor, pero no todos los niños son inocentes ni todos los hombres mayores son malos. Él no es un monstruo”, sostiene su hija, para quien es inconcebible que lo recogido como hechos probados en la sentencia sea la verdad. Entonces, ¿por qué querrían acusarlo? “No sabemos por qué”, responde la hija.

 Fundador de la banda

Andrés cuenta que regresó de la emigración en Cataluña a mediados de los años 80 y se puso al frente del bar con el que ha mantenido a su familia hasta que se jubiló, y expone con orgullo, como signo de buen ciudadano, que pese a ser “semianalfabeto” fundó con su hermano la banda de música y la escuela musical que hoy es una referencia cultural en este municipio sevillano. En el Ayuntamiento lo reciben como a un benefactor, alguien importante, subraya. “Me dicen en la calle que vaya con la cabeza alta, pero es muy duro”, dice él, al señalar las muestras de apoyo que está recibiendo. El TSJA informó esta semana de la sentencia omitiendo el nombre del municipio, pero ello no ha evitado que los vecinos estuvieran ya al tanto de los protagonistas.

Andrés, cofundador de la banda de música de Las Cabezas

La casa y el antiguo bar del condenado están a menos de diez minutos andando del barrio de casas sociales de la plaza de los Girasoles, al que aquí apodaron ‘Las Tres Mil Viviendas’, como el de Sevilla, en alusión a su marginalidad. En una de estas casitas, adjudicadas hace unos veinte años por la Junta de Andalucía, en la calle Virgen del Rosario, es donde vivía Josefa, la condenada por prostituir a sus hijos, y donde ocurrieron parte de las agresiones sexuales. En el barrio viven gitanos y payos de ingresos muy bajos. Josefa es de una familia local paya, precisan sus antiguos vecinos. Estando ya procesada, el año pasado traspasó informalmente esta casa adosada de dos plantas de protección oficial a otra familia por “entre 12.000 y 20.000 euros” y se fue a vivir, apunta un vecino, al barrio sevillano de Torreblanca, aunque la semana pasada vino de visita y se quedó en casa de una vecina algunos días.

Josefa, a la que conocen como Pepa o Pepi, nació el 12 de noviembre de 1977 y con 16 ya era madre. Ha tenido cuatro hijos. A los tres primeros (una niña, un niño, una niña) fue a los que (según la sentencia) prostituyó después de echar de casa al padre de los tres y quedarse sola con ellos en esta casa. Luego tuvo con otro hombre, que no vivía aquí, un cuarto hijo, varón, al que no llegó a explotar.

Desde muy joven era adicta a las drogas y al alcohol (cocaína, hachís, base –residuos de cocaína–, mucha cerveza…). A las adicciones se le une su condición de enferma mental con trastorno bipolar diagnosticado, añade la sentencia. Los hijos vivían abandonados. No los llevaba al colegio y al médico. No tenía ningún empleo. Recibía asistencia social del Ayuntamiento pero necesitaba más dinero para mantener sus adicciones y a sus hijos. Las vecinas daban a menudo de comer a los niños.

La casa de protección oficial de la Junta donde vivía la mujer con sus hijos y donde ocurrieron parte de las agresiones sexuales

Empezó a prostituirse con hombres del pueblo, “hombres con familia, con empresas”. Así la joven pero deteriorada drogadicta y enferma mental madre de cuatro hijos se relacionó con Andrés, el dueño del bar cercano. A este vecino lo veían ayudando a Josefa y sus hijos, trayéndoles comida o invitándoles en el bar. De prostituirse ella, pasó a prostituir a sus hijos, a los que mediante amenazas y palizas enviaba con este único cliente de confianza, siempre de acuerdo con la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla, que no es firme. Les decía que si no lo hacían, no tendrían para comer. Ella estaba enganchada a las drogas y él, al sexo con púberes.

Los vecinos cercanos a los que se les pregunta dicen que al conocer la noticia de la condena no les ha extrañado en absoluto, pero aseguran que nunca supieron que el desastre en el hogar de Josefa llegara al extremo de que estuviera comerciando sexualmente a sus hijos a cambio de una limosna.

El infierno de estos hermanos se descubrió del todo cuando los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía intervinieron en octubre de 2014 y se los llevaron a un centro de acogida. El hijo segundo, de 19 años, vive ahora con su padre fuera de la provincia de Sevilla; la niña de 15 años (la tercera víctima) y el hermano menor (el único que escapó de las agresiones) están a cargo de la Junta.

 Un infierno "irreparable"

La hija mayor, con la que Josefa, según han establecido los jueces, empezó el mercadeo sexual de sus hijos con el vecino, se fue de casa con 15 años, en 2009, y hoy, con 24, se dedica a criar a sus dos niñas. Después de sufrir otra etapa de maltrato con su anterior pareja, padre de su primera hija, que tuvo con 17 años, ahora vive en paz con el padre de la segunda. “Él es mi mayor apoyo”.

Esta joven madre recibe a EL ESPAÑOL en la puerta de su casa. Explica que el juicio de noviembre y la noticia de la condena estos días le han avivado el dolor de “un daño irreparable”, pero a la vez la han aliviado. “Los jueces han creído lo que decíamos”. Con su madre y el vecino condenados por venderla y usarla sexualmente no ha vuelto a hablar, dice, desde que se fue de casa. Aclara que ella no fue a denunciarlos; al contrario, siempre escondió el secreto obedeciendo a la ley del silencio, por el “miedo” que le tenía a su madre y la “vergüenza” de que se supiera que había estado “con un viejo”.

No lo habría revelado por propia iniciativa si no fuera porque, al intervenir los servicios sociales años después con sus hermanos (ella se fue de casa en 2009; la explotación acabó a final de 2014), la Junta de Andalucía interpuso la denuncia que inició el proceso penal. No sabe cómo consiguieron que sus hermanos hablaran, si se expresaron espontáneamente o si alguien logró, preguntándoles, que contaran lo que habían vivido en casa; en todo caso, dice que le da las gracias a los que destaparon al fin el infierno doméstico. Dice que en octubre de 2014 la llamaron para que declarase en el Juzgado 2 de Lebrija por el proceso iniciado a raíz de los testimonios recabados a sus hermanos, y que sólo entonces contó lo que ella había vivido.

La hija mayor, la primera a la que explotó.

Pasaron más de cuatro años hasta que se celebró el juicio, en noviembre de 2018. La condena es del 7 de marzo de 2019. “En el juicio declaramos detrás de un biombo, no vi ni a mi madre ni al vecino”. Afirma que la realidad supera a los hechos probados de la sentencia, que no recoge, por ejemplo, que tenía que masturbar al hombre con quien la enviaba su madre. La considera la principal responsable, por ser la que los prostituyó. “Mi madre lo niega, dice que fui yo, que lo hice queriendo. Ella nos decía, ‘si no vais, no coméis’. Ya nos dijo lo que teníamos que hacer”.

La sentencia recoge que ella padece aún ansiedad a raíz de esas experiencias. Desde hace pocas semanas está recibiendo terapia con una psicóloga municipal para intentar superar el sentimiento de culpa que, dice, ha sufrido por dar testimonio público en el juicio y desatar el escándalo de pederastia que afecta a un hombre reputado del pueblo. “Me sentía culpable por decir la verdad, por que se supiese, y vergüenza”. Dice que es “comprensiva” con el impacto que este proceso ha causado a la familia del condenado, pero añade: “No voy a parar hasta que entren” en la cárcel. “El daño ya no nos lo quita nadie, es irreparable”, dice antes de que una vecina se acerque para darle dos besos y preguntarle cómo está.

¿No fue posible que las autoridades intervinieran antes, rescatándolos? ¿Nadie sospechaba nada? Ella responde exculpando a las asistentas sociales. “Venían a casa porque yo no iba al colegio, pero yo les decía que no quería estudiar, y no les contaba nada [de la explotación sexual]. No hablábamos por miedo a mi madre”. Como ejemplo de la violencia materna cuenta: “Una vez me equivoqué y cogí el móvil de su novio en vez del mío, y al volver me dio con una piedra en la cabeza”.

Se considera afortunada respecto a sus hermanos, que sufrieron, conforme la Audiencia de Sevilla considera acreditados, agresiones más graves. Tanto su hermano de 19 años como su hermana de 15 padecen trastornos de estrés postraumático con “secuelas crónicas psicológicas”, dice el tribunal.

Sus citas sexuales se producían casi a diario. “De siete días de la semana, cinco”, calcula. A diferentes horas del día; a menudo, a las cuatro o a las siete de la madrugada, previa concertación entre Andrés y Josefa, precisa la sentencia. Cuenta la hija mayor que después de cada servicio, él les pagaba la ayuda que tenían que entregar a su madre. ¿Cuánto? “Me daba veinte euros. O diez euros…, y comida y un paquete de tabaco para mi madre”.