¿Por qué protesta Galicia por la posible retirada de peajes en autopistas de Madrid y Castilla?

Circular entre A Coruña y Vigo por la AP-9 costará algo más de 20 euros por sentido a partir del próximo 1 de enero. Entre Ferrol y Tui, extremos de la autopista que vertebra Galicia de norte a sur, el peaje por recorrido se disparará a los 26,50 euros en 2025. La subida de precio se produce todos los años casi sin excepciones de acuerdo con el decreto que eleva un 1% las tarifas cada año y la variación media del índice de precios de consumo (IPC).

¿Por qué Galicia está harta de la autopista AP-9? Así han subido los peajes en 20 años

El aumento del coste para los conductores de la AP-9 que se espera para el próximo año se asume esta vez en un escenario de malestar con el Estado provocado por un plan del Gobierno central para eliminar en el plazo de cinco años el pago en las autopistas que conectan las provincias de Madrid, Segovia y Ávila. Tal medida, pendiente de un estudio que ha encargado el Ministerio de Transportes, ha hecho reaccionar ya en Galicia a partidos de distinto color. La Xunta (PP) y el Gobierno de Vigo (PSOE) han reclamado decisiones simulares en la comunidad.

El plan del Estado analizará las actuaciones necesarias para levantar las barreras de peaje en la AP-6, desde Collado Villalba (Madrid) a Adanero (Ávila) cruzando los túneles de Guadarrama; la AP-51, de Villacastín (Segovia) hasta la ciudad de Ávila; y la AP-61, en la provincia de Segovia entre la capital y San Rafael. Abertis lleva la gestión privada de estos viales a través de la concesionaria Castellana hasta finales de 2029, fecha en la que, si se adopta el cambio estudiado, pasarían a manos públicas.

Galicia no ha tardado en protestar poniendo el foco en su principal autopista de peaje, la AP-9, cuya titularidad y gestión públicas ha estudiado la Xunta y han reclamado partidos políticos, entre ellos el PP. Además, lo hace en un contexto de incertidumbre motivado por el análisis que la Comisión Europea hace del segundo expediente sancionador contra el Gobierno de España por la prórroga de la concesión de la autopista a Audasa hasta el 2048, decretada por el Gobierno popular de José María Aznar, la cual ha tachado de ilegal dos veces.

Peajes de un turismo de Ferrol a Tui entre 2003 y 2024

Este es el escenario mientras cada año los usuarios de la AP-9 pagan más por dirigirse de un punto a otro del trazado de un vial inaugurado en 1980 y que podría llegar hasta cerca de los 70 años de gestión mediante concesión. 

"Voluntad política"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reaccionó este lunes criticando que la misma medida que se puede adoptar en Madrid y Castilla y León no se pueda aplicar en Galicia. "No tiene sentido que no se haga lo mismo con vías gallegas. Es una cuestión de voluntad política más que de recursos económicos". "Una vez más, el Gobierno central decide que cuestiones que le importan a Galicia no son en absoluto prioritarias", lamentó Rueda.

En Vigo, el alcalde socialista Abel Caballero reclamó al Gobierno estatal la eliminación de los peajes en la autopista AP-9, especialmente en el tramo entre Vigo y Pontevedra. "Nos parece muy bien que se liberalicen las autopistas. Al mismo tiempo, obligada y necesariamente deben eliminarse los peajes en la AP-9", manifestó el regidor en declaraciones remitidas a los medios tras trasladar la petición a Madrid.

Ayuntamientos de otras partes de España también han protestado, como en la provincia de Málaga.

Rescates y concesiones

La Xunta, de momento, ha anunciado que invertirá cerca de 300 millones de euros en el rescate de cuatro autovías de la comunidad con peajes en sombra, es decir, libres de peaje para los usuarios pero con pagos de la Xunta a las concesionarias en concepto de compensación. Se trata de las autovías de O Salnés, O Barbanza, Ourense-Celanova y Santiago-Brión, con las que la Xunta calcula que ahorrará anualmente 30 millones de euros (330 millones hasta 2040).

El Gobierno gallego también ha reclamado que acabe la gestión estatal de la AP-9 y de la autopista que une Santiago con Lalín, y que su titularidad y centro de decisión pasen a estar en Galicia. El BNG, por su parte, exige que la concesión a Audasa acabe de manera inmediata y la AP-9 sea pública y libre de peajes. Los nacionalistas se han atribuido, mientras, el mérito de haber conseguido que el Estado apruebe bonificaciones para los usuarios de la Autopista del Atlántico, como que la vuelta de un recorrido sea gratuita si se realiza el viaje entre los mismos puntos en el mismo día.

Según un informe que la Xunta encargó a la empresa Eptisa, el coste tendría que asumir el Gobierno gallego si obtuviese el traspaso de la AP-9 sería de algo más de 526 millones de euros, factura que subiría a más de 2.355 millones si fuese revertido el contrato con la concesionaria.