Tampoco en lo económico tenemos un gobierno de izquierdas

Se ha explicado extensamente que amnistiar a quienes malversaron, acosaron a funcionarios, robaron datos personales, empujaron a las masas contra las fuerzas de seguridad y participaron incluso en actos de terrorismo a cambio de sus votos es una medida que repugna a cualquier demócrata por la radical erosión que supone al Estado de derecho.

Además, desde la óptica de la izquierda, repele por constituir un privilegio. Una quiebra de la igualdad en beneficio de unos poderosos cuyos delitos estaban motivados por convicciones xenófobas e insolidarias.

María Jesús Montero, Félix Bolaños y Patxi López en el Congreso. Efe

Por otro lado, es necesario denunciar la falacia de que a cambio de este precio ya de por sí altísimo de la amnistía se vaya a poder gobernar con un proyecto "de progreso". Salvo que con ese término no se refieran a la mejora de las condiciones de la mayoría, y en particular de los más necesitados, que siempre había buscado la izquierda, sino de que sigan medrando las élites separatistas y los millares de puestos de libre designación y contratistas afines al gobierno.

En efecto, pese a que literalmente miles de millones de euros en propaganda institucional lo hayan intentado enmascarar, los resultados en términos de justicia social de los autodenominados "gobiernos de progreso" dan un balance objetivamente negativo y nos permiten predecir que la legislatura que arranca, en la que todos los grupos nacionalistas serán necesarios en cada votación, resultará en un retroceso aún más grave para los ideales que defiende la izquierda.

Repasemos las cinco principales banderas sociales que reivindica el propio gobierno.

1. La subida del salario mínimo

Medida plenamente oportuna, pero que fue posible sólo porque se aprobó por real decreto. Es decir, que depende sólo del Gobierno (deseablemente previo acuerdo de los agentes sociales) y no del Parlamento.

Es la única que podrán repetir pese al contexto de crisis porque no supone gasto público, sino lo contrario (más recaudación por cotizaciones sociales) y son las empresas las que asumen el coste.

Nótese además que los nacionalistas no reivindican un SMI distinto por comunidades porque saben que podría suponerles una pérdida de competitividad respecto a regiones más baratas.

"El acuerdo PSOE-Sumar para esta legislatura incluye promesas que ya se hicieron en 2019 y que serán aún menos realizables ahora"

2. La (mini)reforma laboral

Con el PNV en contra, la reforma prosperó gracias al error de un diputado del PP, pero supuso unos ajustes tan menores que el partido conservador pudo argumentar con razón que en la práctica consolidaba el modelo decidido por Mariano Rajoy.

El acuerdo PSOE-Sumar para esta legislatura incluye sin embargo la subida de las indemnizaciones por despido, recuperar los salarios de tramitación y la supresión del despido libre. Promesas que ya se hicieron en 2019 y que serán aún menos realizables ahora, cuando necesitarían no sólo del apoyo del PNV, sino también de Junts.

3. Los ERTE y otras ayudas durante la pandemia

Salieron adelante por el contexto de emergencia, en varias ocasiones con el apoyo del PP e incluso de Vox, y esencialmente fueron iguales a las que en toda Europa adoptaron gobiernos de diverso signo gracias a la exención temporal de las reglas de contención del déficit.

Son medidas sociales acertadas, pero que no evidencian fortaleza alguna de apoyos para un proyecto progresista, sino que forman parte de la respuesta generalizada a una crisis global. Por otro lado, el balance económico tanto en crecimiento del PIB como en endeudamiento de España está a la cola de los países avanzados, lo que también merma nuestra capacidad para sostener y reforzar el Estado del bienestar.

4. Indexación de las pensiones con la inflación

El PNV apoyó esta costosa medida porque el sobrecoste que representan los jubilados vascos no se dedujo de la cuantía del cupo. Es decir, porque la subida para su comunidad autónoma y para Navarra la pagaron entre todas las demás, que en su mayoría tienen una renta per cápita menor.

¿Apoyaría lo mismo Junts sin que se le concediera el mismo tipo de concierto económico a Cataluña? Ya estamos viendo que esa es precisamente la próxima reclamación de los independentistas catalanes tras la amnistía y mientras preparan el referéndum.

"Se ha agotado irresponsablemente la caja de la Seguridad Social, empeorando la sostenibilidad para generaciones futuras"

Además, ¿es realmente una medida progresista cuando agrava los desequilibrios territoriales? ¿Cuando la pensión máxima sube más de 300 euros al mes, pero la mínima sólo 90?

¿Cuando se ha agotado irresponsablemente la caja de la Seguridad Social, empeorando la sostenibilidad para generaciones futuras que tienen una menor capacidad de ahorro?

5. Ingreso mínimo vital

Se anunció como un hito histórico. Como un nuevo pilar del modelo asistencial, aunque se presupuestó sólo un 0,25% del PIB, del que apenas se ha ejecutado la mitad debido a una caótica gestión severamente criticada por las entidades que atienden a colectivos desfavorecidos.

En la práctica, suponía la sustitución (y sólo a veces un leve aumento) de las rentas mínimas que ya concedían todas las comunidades autónomas, que por el solape redujeron de manera automática parte de su presupuesto social.

Una medida, pues, de alcance muy menor y que salió gracias a la abstención de Vox y Ciudadanos, y con el rechazo del PNV, que pese a todo acabó recibiendo el traspaso competencial (y presupuestario) al País Vasco de una medida que se había anunciado como una red de seguridad a nivel nacional.

Carles Puigdemont, el pasado martes en Perpignan (Francia). EP

Compárense los apenas 1.000 millones de euros anuales destinados a esta política de redistribución con los casi 6.000 millones destinados en un solo ejercicio a bonificar veinte céntimos de euro cada litro de hidrocarburos, una medida de evidente efecto regresivo.

En resumen. El PSOE lleva gobernando más de cinco años hablando mucho de la izquierda, pero logrando poco para sus causas. Peor aún, el balance global no es de progreso, sino de retroceso. Lo prueba que el índice de pobreza haya empeorado en este periodo (más desigualdad), mientras que en la mayoría de países europeos ha mejorado (se debe al estancamiento de ganancias de los más ricos durante la pandemia, pero ese factor también ha sucedido en España).

Como se está viendo ya desde sus primeros meses, esta legislatura agravará la situación. Porque en cada ley que se vota es necesario el apoyo de todos y cada uno de los partidos nacionalistas (una ideología reaccionaria, se califiquen de derechas o de supuesta izquierda), que aprovechan para imponer sus peajes insolidarios.

En definitiva, los acuerdos de investidura se cimientan en los beneficios penales a los socios del gobierno. Pero, además, las escasas medidas económicas propuestas van todas en el sentido de aumentar la desigualdad entre españoles mediante transferencias de recursos, financiación y competencias a dos comunidades de las más ricas, además del daño a la economía en su conjunto al seguir debilitándose la unidad de mercado.

Eso ocurre, además, con la connivencia de los supuestos socialistas moderados, como Emiliano García-Page, ayudando a que los castellanomanchegos traguen la píldora al ufanarse de que reclamará el mismo porcentaje de quita de deuda que a los catalanes, cuando sabe perfectamente que eso supone condonarle a estos últimos una cantidad per cápita un 46% superior, en evidente detrimento de los presupuestos disponibles para ejercer la solidaridad entre comunidades autónomas.

O de los extremeños, cuyo tren no figura en ningún acuerdo de investidura de este gobierno (salvo que estuviera en el de Bildu, que no publicaron).

"El PSOE es ya sólo de supuesta izquierda, porque en realidad es sólo una plataforma personal para obtener el poder"

Y a la cabeza el propio PSC, que además de celebrar el cheque que cobrarán del resto de españoles, han sido ideólogos de la mayor de las discriminaciones dentro de su propia comunidad autónoma: la persecución a esa población castellanohablante que, siendo mayoría, no puede estudiar en su lengua materna, para humillación de esos conciudadanos y perjuicio de todos por las peores perspectivas profesionales que tendrán.

La conclusión es que el PSOE, al igual que Sumar, es ya sólo de "supuesta" izquierda, porque en realidad son sólo plataformas personales para hacer de bisagra con quien sea para obtener el poder. Sean los propios autores de delitos que anuncian querer volver a repetir, los herederos políticos de quienes mataban hace dos décadas, o incluso los mismos que fueron condenados por secuestro u apología del terrorismo.

Por supuesto, la alternativa no es resignarse a que gobierne una derecha que, aunque al menos no defienda despenalizar golpistas, tenga también una pésima hoja de servicios en corrupción, colonización de las instituciones, falta de ambición reformista, insolidaridad territorial (en su caso, vía dumping fiscal) y, por supuesto, insensibilidad a la vez con la igualdad como con el mérito.

Lo que hace falta es que vuelva muy pronto a las instituciones en nuestro país una izquierda no impostada, que defienda sin complejos que la unidad de España es necesaria para la solidaridad e igualdad entre españoles.

*** Víctor Gómez Frías es fundador del partido político Izquierda Española.