Carta abierta al cine español sobre la Sanidad

Más allá de polémicas relacionada con sus ideas políticas (que es muy libre de tener sin que recibir crítica alguna por ello), y sabiendo que, como tantos otros miembros de la industria del cine, es usuario habitual de la sanidad privada, he de decir que en ningún momento percibí ningún sentimiento en contra de nuestro sector.

Y por eso, en una entrevista que me hicieron hace unos días sobre la situación de nuestro sistema sanitario, me extrañó que me preguntaran qué me parecía que Almodóvar defendiera la sanidad pública cuando era usuario de la sanidad privada.

Los manifestantes por la Sanidad pública portan un muñeco de Isabel Díaz Ayuso, en la Puerta de Cibeles EFE Madrid

Mi contestación fue automática: yo también defiendo la sanidad pública y soy usuario habitual de la sanidad privada. Eso sí, me parece que hay cierto grado de confusión y desconocimiento en gran parte de la población. Especialmente en aquellos que, sobre la base de una tendencia política de izquierdas, se suben al carro de la defensa de la sanidad pública de manera categórica y creen que la derecha quiere la destrucción de la misma.

Posiblemente, ese pim, pam, pum forme parte de la lucha política hasta el fin de los días. Pero una cosa es entrar en ese juego cuando las cosas van relativamente bien y la demagogia no pasa de las palabras. Y otra cosa es hacerlo cuando, de verdad, las palabras han pasado a ser realidades que son aprovechadas para beneficio de unos pocos en contra del bienestar de una mayoría. Una que sólo encuentra dificultades para acceder al sistema de salud. Y que, desgraciadamente, no se puede permitir la alternativa de la privada. Ni por supuesto, se puede colar tampoco en el sistema público.

Así, la izquierda de nuestro país se arroga el mensaje del buenismo sanitario transformándolo en una defensa demagógica de la sanidad pública.

Y ese apoyo es utilizado y manipulado por aquellos que no es que apoyen la sanidad pública. Es que no quieren que cambie nada en el statu quo del modelo de gestión pública. Porque a ellos ya les va bien así.

La realidad es que nuestro modelo sanitario, financiado con impuestos, sin copagos asistenciales y supuestamente universal, accesible y equitativo, se basa desde sus inicios (allá por los años 60) en la existencia de un modelo sanitario público mayoritario apoyado (o complementado) en un sistema privado, allí donde el primero no era suficiente, y a través de diferentes formas de colaboración público-privada.

Esto ha sido así desde siempre, no es discutible. Y es un modelo que produce un sistema sanitario bastante eficiente, con unos índices de satisfacción de la población muy altos (hasta la irrupción de la pandemia).

Y, sobre todo, es un modelo relativamente barato para la Administración. Porque se basa en el bajo coste de los sanitarios en el sector público frente a otros países, junto con el esfuerzo que hacen muchos españoles a costa de un copago voluntario en un sector privado que ha ido creciendo en calidad y competencia a lo largo de los años.

"El 30% de la actividad sanitaria de nuestro país se realiza a través de la contratación de los seguros de salud"

Y así hemos llegado al estado actual, en el que el 40% de los recursos sanitarios de nuestro país pertenece a instituciones sanitarias privadas. En el que el 30% de la actividad sanitaria se realiza a través de la contratación de los seguros de salud. Un porcentaje que, directamente, se ahorran las arcas públicas.

La cuestión es que tras la pandemia (por múltiples causas relacionadas con el incremento de la demanda por la cronificación de enfermedades, por la aparición de una enfermedad infecto-contagiosa nueva que impacta en un sistema que antes de su llegada ya estaba colapsado, y por un déficit de profesionales que arrastrábamos), nuestra situación ha cambiado sustancialmente.

El equilibrio original ya no es suficiente para cubrir con garantías la demanda sanitaria de la población. Y eso tiene como consecuencia que los usuarios huyan de un sector público incapaz de atenderlos en tiempo y forma hacia un sector privado que no esta pensado para ser una alternativa para el simple acceso al sistema sanitario a través de la contratación de seguros con pocas coberturas.

Pero es aquí donde está la polémica actual. ¿Defendemos la sanidad pública o estamos promoviendo que la gente se vaya al sector privado a propósito?

[Opinión: No hay que temer el crecimiento de la sanidad privada]

Desde la Fundación IDIS, entidad que aglutina las principales empresas sanitarias privadas de nuestro país, lo tenemos claro. Creemos que tenemos un sistema sanitario que es un ejemplo a seguir, en el que existe un sector público mayoritario garante de la protección de la salud de todos los ciudadanos. Y que debe ser gestionado eficientemente a través de entidades públicas de forma preferente.

Pero también creemos en la existencia de un sector sanitario privado para aquellos que quieran una experiencia de usuario diferente. Y que está abierto a cooperar siempre que sea necesario con el público, a través de las diferentes formas de colaboración público-privadas que existen. Una fórmula que ha demostrado altos índices de satisfacción y calidad a lo largo de los años.

"En la privada no tenemos intención de erigirnos como alternativa al sector público, ni mucho menos de cambiar el modelo sanitario"

Es decir, no tenemos ninguna intención de erigirnos como alternativa al sector público, ni mucho menos de cambiar nuestro modelo sanitario. Pero es ahí, cuando se habla de un sistema sanitario público gestionado eficientemente a través de entidades públicas, cuando viene el problema y se genera la confusión en la gente.

El modelo sanitario de gestión pública actual no se gestiona en base a criterios de eficiencia, sino en base a un modelo estatutario en el que prevalece la plaza en propiedad para el profesional por encima del servicio al paciente. Que huye de la medición de resultados, del trabajo por objetivos o de regirse por las mínimas reglas de la buena gobernanza empresarial. Unas reglas, por cierto, que supongo imperarán en todos los sectores empresariales, incluida la industria cinematográfica.

La polémica de esta semana se ha generado porque se ha entendido lo sucedido como una contradicción. Es decir, el hecho de que en la ceremonia de los Premios Goya se hiciera una defensa a ultranza (hay que reconocer que casi de forma pueril y lastimera) de la sanidad pública parecía contradecir el hecho de que el acto se celebrara bajo la cobertura sanitaria del grupo Quironsalud. Se vuelven a mezclar churras con merinas en este ambiente en el que todo lo que tiene que ver con la sanidad se politiza hasta el absurdo.

[El auge de la protesta en la calle hace de la sanidad la gran arma electoral contra Ayuso]

Nos acercamos poco a poco a las elecciones autonómicas y municipales. Y los tambores de huelga a favor de la sanidad pública frente a la privatización se redoblan a costa de la salud de los ciudadanos, que no van a ser atendidos.

Me gustaría dejar claro que apoyar la sanidad pública no equivale a defender su modelo de gestión actual.

Defender la sanidad pública es hacer que esta sea lo más eficiente posible para los ciudadanos. Y para eso es preciso cambiar el statu quo y que sea gestionado por entidades empresariales que pueden ser públicas, si es lo que se prefiere.

Y como todo empresario, estoy más que convencido de que los señores de la industria del cine apoyan fervientemente la defensa de una sanidad pública, universal y gratuita, pero también de que quieren que esta sea lo más eficiente, accesible y equitativa posible para todos los ciudadanos.

En cualquier caso, hagan lo que consideren. Pero sean al menos conscientes y no se dejen manipular.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de la fundación IDIS.