Derechos nuevos para una sociedad nueva

Desde que asumí mi nueva responsabilidad en la Ejecutiva Federal del PSOE no falta quien me pregunta qué es eso de Nuevos Derechos. La respuesta es bien sencilla aunque algunos, más acostumbrados a las zonas de confort, teman siempre a los cambios y no se den cuenta de que la sociedad es una realidad en permanente evolución, que genera conflictos y produce avances a veces a la misma velocidad. Que genera contradicciones y que crea nuevas formas de relacionarse, de producir, hasta de amar, que se consolidan y se convierten en derechos y también en obligaciones, aunque a veces esto se ignore. Todo ello requiere una regulación. Y para eso está la Política y la Democracia.

En pleno siglo XXI aparecen derechos que poco tiempo atrás, por la tradición reinante, por la política o la cultura dominante, o por el dogmatismo religioso, eran impensables. El derecho a morir dignamente, o incluso a decidir cuando se quiere morir, sabiendo que aún no estando en estado terminal, se está condenado a ello por una enfermedad degenerativa, son buenos ejemplos. Para unos son un desafío a Dios, que es quien da y quita vidas, para otros una muerte digna es el culmen de una vida digna que de otra manera pierde su sentido en los últimos días de la existencia.

En un nuevo siglo como el que empezamos, que coincide con la caída de una época que se manifestó a modo de crisis económica, y que requiere la construcción de una Nueva Época, reconocer y legislar sobre nuevos derechos es una necesidad. Dar satisfacción a esas nuevas necesidades surgidas del avance de la ciencia, del pensamiento, de la cultura, o simplemente del avance de las formas de informarse y producir, es una obligación de los políticos.

Junto al derecho a no sufrir para morir o a decidir sobre la vida y la muerte aparecen otros, que sin ser comparables, no son menos importantes en el desarrollo diario de nuestras vidas.

Un buen ejemplo lo tenemos en acontecimientos tan poco aceptables como los que se dan en la banca a diario, o se dieron: las preferentes, los prestamos hipotecarios con cláusula suelo, los préstamos multidivisa, las permutas financieras o los swaps. Evitar este tipo actos requiere consolidar la transparencia en la contratación, como derecho. La respuesta legislativa a una crisis social de tal magnitud, como la que se ha creado con una actuación opaca y torticera de las entidades bancarias, está tardando y supone una responsabilidad política de primer orden que hay que abordar a la mayor urgencia. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que la causa de esta crisis radica en la falta de transparencia en este tipo de contratación.

Así que si el Gobierno no lo hace tendremos que ser otros los que impulsemos una Ley de Impulso a la Transparencia en la Contratación. La transparencia como nuevo valor fundamenta la tutela judicial de consumidores y clientes del sistema financiero como nuevo derecho de los ciudadanos.

En la misma línea se abre la puerta a otros nuevos derechos, como los derechos digitales: el derecho al olvido, entre otros.

El propio concepto de servicio público debe supeditarse al derecho de transparencia. Nada de lo que se administra desde el gobierno, o las distintas instituciones de la Administración, pertenece al patrimonio privativo de quien las administra temporalmente por ser electo, o a lo largo de una vida profesional, como consecuencia de una carrera funcionarial. Por lo que la obligación de dar cuenta debe ir ligada al derecho de transparencia de los ciudadanos.

Se abre todo un abanico de nueva regulación que tendrá que tener su corolario en la futura reforma constitucional que deberá abrir y supervisar el capítulo de los derechos fundamentales originarios para ampliarlos. Someramente expuesta esta podría ser una explicación de lo que han de ser las orientaciones por las que han de conducirse los Nuevos Derechos. Una sociedad en permanente evolución no puede estar sujeta solamente a derechos clásicos que han fundamentado su historia, como los de Igualdad, Libertad y Solidaridad. De estos van derivando otros que ha de ser reconocidos por la Ley y asumidos socialmente.

Sin ninguna duda ampliar los derechos es ampliar las Libertades. Y de esta manera hacer de la política el instrumento de avance y progreso para los que ha de servir.

*** Andrés Perelló es el secretario del Área de Justicia, Nuevos Derechos y Libertades del PSOE.