“Nunca lograré entender la mentalidad de ir a vivir voluntariamente a una tierra, que la gente te acoja y te abra las puertas, y a cambio menosprecies lo que más aman y la parte más importante de su identidad: su lengua. Hasta el punto de no hacer nada para aprenderla y, además, exigir que sean ellos los que hablen la mía. Es tan miserable que nunca lo entenderé”.

Mi tierra, Cataluña. Mi lengua, el catalán. Los que han llegado del resto de España, forasteros, inmigrantes. ¿Su estatus? Ninguna diferencia con el que viene del Magreb o de Mali. O sí, porque el de esos países se integra y no te impone su lengua. El español, sin embargo, sí.

Y este es el argumento. Lo que justifica que se señale y acose a un niño de cinco años en una escuela catalana. Un niño. De cinco años.

Esa es la cuestión, y si no se acepta que eso es lo que subyace bajo la oposición frontal a cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a dar un 25% de las clases en español o a cualquier medida que ponga en peligro la inmersión lingüística, estamos perdiendo el tiempo.

Si no se comprende que para los que se han negado a acatar las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional este es un organismo que representa una legalidad que no se reconoce.

Si no se entiende que quienes se oponen a que se dé siquiera una hora en español (no hablemos de seis) simplemente rechazan la idea de que Cataluña forma parte de España, salvo formalmente.

Si se sigue ignorando que quienes utilizan el tipo de argumentos del primer párrafo, cuando hablan de su tierra se refieren a Cataluña y en ningún caso a España y que, por tanto, "el deber de conocer el español y el derecho a usarlo" les parece tan ajeno como la realidad de Kuala Lumpur.

Sin asumir todo eso, andar con que si el 25% en español, exigir la condición de mártires a las familias que lo piden e inmolar a un niño de cinco años (como antes se ha hecho con otros) es un ejercicio ridículo, cruel y absurdo.

En Cataluña se ha dejado llegar hasta aquí, como en otras comunidades autónomas con otra lengua. En unas, el porcentaje de español es mayor. En otras, menor. Y en el resto, nulo. Pero no, no se trata de porcentajes. Si nos quedamos ahí, no hemos entendido nada.

Se trata de exigir el cumplimiento de un deber y el libre ejercicio de un derecho, y en los deberes y en los derechos no caben ni los porcentajes ni los atajos cobardes del tipo trilingüismo integrador u otras majaderías.

La excusa fue la normalización lingüística. Hacer efectiva en la Administración y en la escuela la cooficialidad que señalaban los Estatutos de Autonomía de las comunidades con lengua propia (de lo que se deducía necesariamente que el español era una lengua impropia). 

Dado que se partía del hecho de que se trata de lenguas necesitadas de protección y promoción se generó una legislación en la que la discriminación positiva (un oxímoron) ha comportado la conculcación sistemática de derechos individuales, su sustitución por los derechos de las lenguas, la práctica desaparición del español de todos los ámbitos oficiales y la creación de un lucrativo negocio a costa de esa normalización lingüística.

Déjenme tirar para mis islas y contarles que, en las Baleares, esa situación de excepcionalidad constitucional se inició en 1986 (con la Ley de Normalización Lingüística) cuando el voto nacionalista no pasaba del 7% (ahora está en el 10%) y no existía una demanda social más allá de la presión de las sucursales catalanistas de las Islas.

Súmese a esa excepcionalidad inicial la adopción de la lengua de otra comunidad autónoma (Cataluña) como lengua cooficial y la proscripción de las seculares (y literarias) modalidades insulares.

La razón de que el PP y el PSOE hicieran suya una reivindicación (esta sí) impropia y la convirtieran en leyes respondió tanto a una errónea política de apaciguamiento como a la asunción como propias de las tesis catalanistas.

35 años después, el español ha sido definitivamente expulsado de la Administración y de las aulas de Baleares.

Llegados a este punto en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Galicia y pronto en el País Vasco, creo que de lo que se trata ya no es de pedir un porcentaje de clases de/en español en las escuelas.

Roto por los nacionalistas el consenso constitucional, no veo por qué deberíamos seguir manteniendo un consenso lingüístico que nunca fue votado y que justifica la conculcación sistemática de nuestros derechos individuales.

Por el niño de Canet y por todos los que no se han atrevido a pedir lo que es justo, no nos conformemos con limosnas.

Libre elección de lengua (de entre las cooficiales) en la escuela. Pero ya.