"¿Tú crees que al final habrá una Ley de Amnistía?". La pregunta me la hizo un amigo tan inteligente como bien informado y ducho en los tira y afloja de la política. Se refería a la sucesión de cataplasmas argumentales y jurídicas a las que está teniendo que recurrir el Gobierno para impulsar su tramitación.
Yo le contesté que sí –"No tienen otra salida"-, aunque la pretensión de Sánchez de vincular de alguna manera la amnistía a la aprobación de los Presupuestos podría desestabilizar el conjunto de los pactos con Puigdemont.
"Estarían locos los de Junts si aprobaran el Presupuesto antes de comprobar la eficacia de la Ley de Amnistía", alegó mi amigo. "Sánchez podría gobernar hasta 2026 sin necesitarles para nada crucial, mientras ellos quedarían pendientes de la interpretación de la amnistía que hagan los jueces".
Laocoonte Sánchez.
La conciencia de ese riesgo, acentuado por las actuaciones del juez García-Castellón, sigue impregnando de tensión acumulativa las negociaciones sobre las enmiendas a la ley, en el pantanoso terreno del terrorismo.
Cuando parecía que la argucia de distinguir entre el terrorismo amnistiable -por su falta de gravedad o de intencionalidad- y el terrorismo no amnistiable había blindado definitivamente a Puigdemont, el último auto del magistrado ha colocado a los negociadores al borde del ataque de nervios. Junts incluso ha traspasado ese borde exigiendo, sin saber a quién ni cómo, que "se le inhabilite o se le aparte del caso".
García-Castellón alega que puesto que se interceptó una conversación en la que Puigdemont decía que "el problema puede venir si hay algún muerto", eso implica que impulsaba la violencia de Tsunami, asumiendo la posibilidad de que lo hubiera. Aquel día en el aeropuerto asaltado hubo un muerto, víctima de un infarto, y dos policías resultaron heridos de la suficiente gravedad como para que Sánchez les visitara en el hospital, prometiendo perseguir a quienes ahora quiere amnistiar.
El razonamiento del juez podrá parecer más o menos consistente, pero en un Estado de derecho siempre hay instancias superiores -la sala de la Audiencia y el Tribunal Supremo- que revisarán su criterio. En lugar de esperar a ese momento como cualquier otro ciudadano, los líderes separatistas han obligado al PSOE a meterse en el jardín de la distinción entre dos tipos de terrorismo.
Antes de que se introdujera esa enmienda, lo que les protegía era que sólo quedaban excluidos de la amnistía los condenados por terrorismo en sentencia firme. Que alguno de ellos llegara a encontrarse en esa situación era una hipótesis remota a medio plazo e imposible de materializar antes de que entrara en vigor la ley. Pero quedaba el riesgo de la inconstitucionalidad al no tratar por el mismo rasero a los demás amnistiables.
Ahora el tiro de la enmienda les ha salido por la culata pues, como evidencia el auto de García-Castellón, la introducción de dos conceptos tan poco precisos como la "gravedad" de la vulneración de los Derechos Humanos en cada acto terrorista o la "intención directa" atribuible a los autores, deja su valoración al albur de los jueces. De repente, Puigdemont o Marta Rovira, imputados en el sumario de Tsunami, se han sentido otra vez a la intemperie y eso les exaspera.
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Quedan cuarenta y ocho horas para que la ley se vote en el pleno del Congreso y el PSOE se debate entre el dilema de dejar las cosas como están o asumir la enmienda de Junts que acaba con la rabia matando al perro, es decir, eliminando toda referencia al terrorismo entre las excepciones a los delitos amnistiables. Lo acaba de decir uno de los negociadores, Josep Pagès: "Sólo habrá una amnistía real si se elimina el terrorismo de las exclusiones".
Dejar las cosas como están, con un terrorismo amnistiable y otro no, garantiza que la desconfianza de los separatistas y la confrontación con el Poder Judicial van a seguir subiendo exponencialmente. Sobre todo, cuando la ley entre en vigor y el propio García-Castellón o el Tribunal Supremo planteen sus cuestiones prejudiciales ante el TJUE.
Entonces surgirá el debate de si los jueces deben levantar las medidas cautelares, permitiendo la vuelta de Puigdemont, como establecerá la ley o si, como defiende la jurista Araceli Mangas, deben "inaplicar todas las disposiciones" que vacíen de utilidad la futura resolución del TJUE.
"La noción de que hay un 'terrorismo bueno' o al menos un 'terrorismo no tal malo' que puede ser amnistiado, ya ha creado una ola de estupor"
El segundo camino parlamentario -incluir el terrorismo sin condicionante alguno en la amnistía- pacificaría sin duda las relaciones con Junts y facilitaría su apoyo a los Presupuestos, pero llevaría al PSOE a traspasar por completo la "línea roja" que ya ha traspasado a medias.
La noción de que hay un terrorismo bueno o al menos un terrorismo no tal malo que puede ser amnistiado en la España de 2024, ya ha creado una ola de estupor en la opinión pública. Es fácil imaginar cuál sería la voz de la calle si una ley estableciera el precedente de dejar impune cualquier terrorismo como parte de una transacción política.
Porque es obvio que Bildu ya se está frotando las manos con la posibilidad de aplicar la eximente de la falta de "intención directa" a muchos de los etarras presos. No a través de esta ley, pero si de otra que llegaría a continuación. ¿Por qué en Cataluña sí y en el País Vasco no?
Recuérdese que los crímenes de Hipercor y la T-4 fueron justificados por la banda, alegando que no pretendían matar a nadie y que fue la negligencia de la policía en el desalojo lo que ocasionó ambas tragedias. Algo así como si los promotores de los pogromos contra los judíos argumentaran que su objetivo era poner a prueba la calidad de las ordenanzas municipales sobre la consistencia de los cristales de los comercios.
No creo, sin embargo, que el PSOE se rinda del todo ante Junts este martes. Ya se han dejado suficientes pelos en la gatera Bolaños y Óscar Puente con esta disquisición sobre lo que es terrorismo y lo que no lo es, como para tener que pasar por el bochorno de una capitulación total.
Y no sólo porque perderían la más mínima apariencia de autonomía frente a Puigdemont, sino porque entregar esa espada implicaría aprobar una Ley de Amnistía, indigerible no ya para el TJUE, sino para la Comisión Europea. Sánchez no puede exponerse a recibir una tarjeta roja de Bruselas en vísperas de las elecciones de junio.
Eso dejaría al PSOE a los pies del castigo de las urnas y a él sin opciones de desojar la margarita de aceptar o no la presidencia del Consejo Europeo, cuando Charles Michel se vaya en noviembre.
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Con una redacción u otra, la Ley de Amnistía va a terminar el primer tramo de su tramitación parlamentaria muy tocada en su credibilidad ética, jurídica y política. Lo de la necesidad y la virtud sólo es motivo de sarcasmo y la criatura lleva marcado el estigma del demoledor informe de los letrados del Congreso.
Aún le quedan dos meses de vapuleo sistemático en el Senado, la ratificación en el Congreso con todas las vergüenzas al aire, la prueba de fuego de la reacción de los jueces y la incógnita del dictamen de Bruselas.
De poco le sirve al Gobierno la tranquilidad de tener las espaldas cubiertas ante un recurso de inconstitucionalidad por el predeterminado apoyo de la mayoría del TC. En primer lugar, porque la última palabra la dirá el TJUE. Pero, sobre todo, porque cuando ambos tribunales se pronuncien la suerte de esta legislatura habrá quedado saldada.
A lo tonto, a lo tonto, la octava parte de su duración máxima ya se ha esfumado. Y aunque Sánchez se jacte de las medidas sociales entreveradas en sus decretos y Yolanda Díaz de la subida del Salario Mínimo, la realidad es que todo este primer semestre ha quedado aplastado por el peso del debate sobre la amnistía.
"Este no es un debate volátil como el de los indultos, que era una medida tasada por la ley a la que todos los gobiernos habían recurrido una y otra vez"
Hasta el extremo de que lo nunca visto, el enfrentamiento sin tapujos entre el jefe del Gobierno y un presidente autonómico de su mismo partido, por una cuestión de alcance constitucional, se ha convertido en un elemento del paisaje.
Page no se va a callar y tampoco va a regalar a Moncloa o a Ferraz ningún pretexto para empujarle más allá del "extrarradio". Es un hombre cabal en su madurez política y tiene motivos para estar convencido de que es él quien está preservando la fidelidad al ideario histórico del PSOE. Algo doblemente valioso cuando este ciclo llegue a su fin.
Porque este no es un debate volátil como el de los indultos. Aquella era en definitiva una medida tasada por la ley, a la que todos los gobiernos habían recurrido una y otra vez. Es verdad que sus beneficiarios no mostraron arrepentimiento alguno, pero tampoco reincidieron.
El único efecto palpable fue sacar de la cárcel a quienes habían sido detenidos, juzgados y condenados. Ni siquiera se les eximió de la inhabilitación y en cambio perdieron la aureola del martirio. Esa jugada le salió bien a Sánchez.
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La gran diferencia estriba en este caso en la asunción del relato "indepe" o lo que es lo mismo en la falsificación de la vivencia colectiva. Pagès no ha podido ser más claro: "Una amnistía es una enmienda a la totalidad del Estado de derecho español y el reconocimiento del Estado que ha estado aplicando de manera injusta el Derecho por motivos políticos a un determinado grupo de personas". O sea, lo contrario de lo que hemos vivido.
Por mucho que el PSOE se preste a engordar retrospectivamente la parte de guerra sucia que tuvo la llamada Operación Cataluña -irrisoria si la comparamos con los GAL que siguen empañando al socialismo-, todos sabemos quiénes conspiraron para destruir el Estado a la vez que saqueaban bolsillos públicos y privados.
Ni González consiguió convencernos de que lo negro era blanco, ni treinta años después lo logrará Sánchez. Sobre todo, cuando no ya sus palabras, sino sus propios actos en el pasado reciente son muy elocuentes. De ahí que Garea le haya dado tanta importancia a la coincidencia temporal entre el espionaje a Aragonés por un CNI plenamente a las órdenes de Sánchez y las negociaciones que el presidente mantenía con el entonces número dos de la Generalitat para obtener ventajas políticas.
"A base de no preguntar nunca por la amnistía, Tezanos ha logrado colocarla en la cola de las preocupaciones reflejadas por el CIS"
¿Cuánto les importa todo esto a los españoles? Al decir de Tezanos, muy poco. A base de no preguntar nunca por la amnistía, ha logrado colocarla en la cola de las preocupaciones reflejadas por el CIS.
Si esto fuera así, Sánchez podría mirar el horizonte electoral con tranquilidad porque en Galicia no tiene nada que perder y mucho que ganar, en el País Vasco mantendría su papel arbitral y en las europeas le resultaría sencillo volver a movilizar a la izquierda contra la peligrosa alianza entre la "derecha extrema" del PP y la "extrema derecha" de Vox.
No descartemos que el individuo más fulero sea quien más acierte -hasta ahora no ha sido así- y que la metáfora de la rana insensible al aumento de la temperatura, antes de morir escaldada, sea aplicable a la España constitucional. Más que sobre Sánchez y Feijóo, todas esas próximas elecciones versarán sobre nosotros mismos, pues ya nadie podrá alegar desconocimiento de causa.
Desde el polo opuesto de la sinvergonzonería pretendidamente autocumplida de Tezanos, muchos percibimos que quien está cada vez más asfixiado es el actual Gobierno. Con la diferencia de que no se trata de un fenecer silencioso y pánfilo en el agua hirviendo, sino del preludio de la muerte violenta de quienes, como Laocoonte y sus hijos, se debaten entre convulsiones, estrangulados por las dos serpientes marinas, Junts y Esquerra, que se han ido apoderando de cada resorte de sus cuerpos.
Según los estudiosos del sufrimiento en el arte, esa famosa y colosal escultura descubierta en Roma se ha convertido en el "icono prototípico de la agonía humana". Con la particularidad de que, a diferencia de lo que ocurre con las representaciones de Cristo, se trata de una agonía, "sin redención, ni recompensa". ¿Será este el futuro del PSOE?
