El Tribunal Supremo de Israel ha decidido anular el nombramiento del líder ultraortodoxo Aryeh Deri como ministro de Interior y Sanidad del país, al considerar que la condena por fraude fiscal que recibió a principios de año lo inhabilita para ejercer ese puesto.

"El rabino Aryeh Machluf Deri, miembro de la Knésset (Parlamento), no puede desempeñar el cargo de Ministro del Interior y Ministro de Sanidad", indica un comunicado de la máxima instancia de justicia israelí, que señala que el primer ministro, el derechista Benjamin Netanyahu, debe cesarlo.

La decisión del tribunal, con 10 votos a favor y uno en contra, "se debe, entre otras cosas, a su acumulación de condenas penales por delitos fiscales a partir de febrero de 2022, según admisión de Deri en el marco de un acuerdo de culpabilidad", en el que pactó retirarse de la vida política, agregó la misma fuente.

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Líder todopoderoso del partido ultraortodoxo sefardí Shas, Deri ha ocupado importantes ministerios desde los noventa y se convirtió en una pieza clave para que Netanyahu pudiera regresar al poder en las elecciones de noviembre, según informa Efe.

Además de liderar las carteras de Interior y Sanidad durante la primera mitad del nuevo Gobierno de Netanyahu, estaba previsto que Deri liderara la de Finanzas en la segunda; además de ostentar el puesto de vice primer ministro, gracias a la reciente aprobación de una ley 'in extremis' que le blindó de sus condenas por fraude fiscal.

Esa norma -que obligó a modificar la Ley Básica- ahora sólo inhabilita a altos cargos públicos que hayan ido a prisión. Esa parte de la sentencia de Deri fue suspendida tras llegar al acuerdo de culpabilidad.

La decisión del Tribunal Supremo podría acelerar la aprobación de una polémica reforma judicial impulsada por Netanyahu, que otorgaría más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia.

Esta iniciativa, que ha provocado multitudinarias protestas en varias ciudades de Israel, pretende instaurar una polémica medida conocida como "la cláusula de anulación", que permitiría que una mayoría simple de parlamentarios pueda anular una decisión del Tribunal Supremo que implique derogar una ley o decisión gubernamental.

Esta propuesta de ley debilitaría la independencia judicial y allanaría el camino para que el Ejecutivo prevaleciera sobre el poder Judicial en caso de conflicto entre ambos.

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Por otra parte, la reforma contempla también regulaciones que reemplazarían a los abogados del Comité de Designaciones Judiciales por cargos políticos y elimina el llamado supuesto de "razonabilidad" para que el Tribunal Supremo pueda impedir el nombramiento de altos cargos políticos si considera que estos han vulnerado la ley, como ha ocurrido ahora con Deri.

El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel, una organización civil al frente de las protestas contra la reforma judicial, fue la entidad que solicitó al Supremo la revisión del nombramiento de Deri.

"Es imposible que un delincuente que ha sido condenado una y otra vez maneje las finanzas de los contribuyentes, y que la Knésset estableciera en un procedimiento relámpago un cambio retroactivo en una Ley Básica", publicó el movimiento civil en Twitter, al calificar el fallo del tribunal como una "gran victoria para Israel".

Por su parte, el ex primer ministro y líder de la oposición, Yair Lapid, señaló que "si Aryeh Deri no es despedido, el Gobierno israelí está violando la ley". "Un Gobierno que no obedece la ley es un gobierno ilegal, y no puede exigir que los ciudadanos obedezcan la ley", añadió Lapid.