La Comisión Europea propuso hoy que la UE se retire en bloque del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), un marco jurídico para proteger inversiones fósiles que se ha quedado desfasado ante los objetivos climáticos, a juicio de países como España, Francia o Países Bajos, que habían optado ya por salir individualmente.
"Es hora de que Europa se retire de este Tratado y ponga todo su énfasis en construir un sistema energético eficiente y competitivo que promueva y proteja las inversiones en energías renovables", declaró en un comunicado el vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans.
El Ejecutivo comunitario era favorable a modernizar el tratado, pues los firmantes siguen sujetos a sus reglas de arbitraje hasta 20 años después de la retirada, y en todo caso a que la Unión Europea se retirase en bloque.
Pero la dificultad para actualizar ese marco jurídico y el rechazo de varios países de la UE a permanecer en ese marco legal ha llevado al Ejecutivo comunitario a proponer la salida de ese pacto concebido en 1994, firmado por 53 países y en vigor desde 1998, diseñado para ofrecer garantías adicionales a los inversores tras la caída del bloque soviético. Las propuestas legales de la Comisión para abandonar ese tratado se presentarán al Consejo de la UE, donde se necesita un voto de mayoría calificada para su aprobación.
"Esperamos que tenga lugar una primera discusión informal entre los ministros de Energía en Valladolid, España, la próxima semana" en la reunión informal bajo presidencia española del Consejo de la UE. Simultáneamente, Bruselas retirará su propuesta anterior para actualizar el tratado.
Los países críticos, entre los que se encuentran también Alemania, Polonia, Dinamarca o Portugal, consideran que este tratado multilateral había quedado anticuado en virtud de los objetivos del Acuerdo de París de 2015 para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento climático.
Varios de los puntos en discusión generaban grandes recelos, en particular la protección a las inversiones en infraestructuras para combustibles fósiles y la resolución de litigios en tribunales privados de arbitraje, que en más de dos décadas han dado lugar a reclamaciones de unos 40.000 millones de euros.
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El portal Investigative Europe estima que la infraestructura fósil protegida por el tratado en la UE, Reino Unido y Suiza alcanza un valor de 344.600 millones de euros, de los que tres cuartas partes corresponden a yacimientos de gas y petróleo (126.000 millones) y oleoductos (148.000 millones).
La empresa energética alemana RWE utilizó recientemente el tratado para demandar a los Países Bajos por 1.400 millones de euros porque el país aceleró su abandono del carbón.
España, por su parte, intentó sin éxito el pasado mayo que el Tribunal Superior de Londres anulase el laudo arbitral Antin, que le obliga a pagar 120 millones de euros a unos inversores perjudicados cuando en 2013 redujeron las ayudas de 2007 a la energía renovable.
Es sólo uno de los litigios de España en torno a esa cuestión, que acumulan reclamaciones de miles de millones de euros a raíz del cambio legislativo hacia las renovables por el Gobierno de Mariano Rajoy con respecto a las ayudas de 2007 adoptadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
A fecha del pasado mes de mayo, se habían presentado 52 arbitrajes, de los que se han dictado 29 laudos. España ha ganado 6, se han anulado 2 y otros 19 están pendientes de resolución, mientras que en tres casos los demandantes han retirado su reclamación para acogerse a la normativa aprobada en 2019, que garantiza una rentabilidad del 7,39 % hasta 2031, si renuncian a los procesos arbitrales.
"Apoyamos la retirada coordinada. Si no pasa, iremos por nuestro lado, pero es mejor con el resto de Estados miembros", habían señalado esta semana fuentes diplomáticas españolas a propósito de la salida conjunta.
La retirada coordinada es un gesto que apoyan también plataformas ecologistas como ClientEarth, que considera que abandonar en bloque el tratado "es como la UE puede preservar la solidaridad en el ámbito internacional y acelerar sus ambiciones climáticas sin temor a represalias de la industria de los combustibles fósiles".