El Gobierno de Brasil de Lula da Silva quiere que expresidente Jair Bolsonaro comparezca ante la justicia en los próximos meses, por lo que estudia tomar medidas para que regrese al país a finales de marzo en caso de que no lo haga de forma voluntaria.
Según informa Bloomberg, un asesor de Lula da Silva afirma que es poco probable que se detenga a Bolsonaro en cuanto pise suelo brasileño ya que, por ahora, no se ha presentado cargos formales contra él a pesar de que está siendo investigado por varios casos, entre ellos el intento de golpe de Estado del pasado mes de enero.
Bolsonaro se encuentra de vacaciones en Florida, Estados Unidos, desde finales de diciembre, apenas unos días antes de que Lula jurara su cargo como presidente de Brasil; un acto al que el exmandatario quería evitar a toda costa. Allí fue hospitalizado por fuertes dolos abdominales que arrastra desde que fuera víctima de un apuñalamiento durante la campaña electoral de 2018.
[Encuentran un borrador de golpe de Estado firmado por Bolsonaro en casa del exministro de Justicia]
Participará en un acto con Trump
El que fuera presidente brasileño tiene abiertas varias pesquisas, incluida su presunta responsabilidad en la incitación al asalto a los poderes que tuvo lugar el 8 de enero por parte de sus seguidores y sus ataques contra el sistema electoral, del que ha estado sembrando la duda sobre su validez.
Antes de su vuelta, está previsto que Bolsonaro participe en Washington junto al expresidente Donald Trump en la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora que se celebrará entre el 1 y el 4 de marzo.
Regresará sin cobrar sueldo
El pasado 15 de febrero, y en una entrevista con The Wall Street Journal, Bolsonaro aseguraba que volvería en marzo a Brasil para liderar la oposición al Gobierno de Lula da Silva ya que, según relató, él es "el líder de la derecha" y "no hay nadie más en este momento" que pueda hacer frente al nuevo presidente brasileño.
A su vuelta a Brasil, Bolsonaro deberá liderar esa oposición al Gobierno de Lula sin recibir sueldo alguno de su formación, el Partido Liberal (PL), el cual tiene las cuentas congeladas por decisión del Tribunal Superior Electoral tras los intentos por anular la mayoría de los votos de las urnas electrónicas, contra las que Bolsonaro ha protagonizado una particular cruzada.
La decisión del TSE de congelar las cuentas del PL busca garantizar que el partido pague la multa de 22,9 millones de reales (4,1 millones de euros) que le impuso tras considerar que actuó de mala fe litigando con una auditoría en la que sin pruebas ponían en cuestión la validez las elecciones.
Está previsto que la medida esté vigente hasta abril, si bien el PL ha podido descongelar 1,1 millones de reales (unos 197.000 euros) para pagar las nóminas de diciembre y enero de sus trabajadores, no así las de Bolsonaro y su esposa, Michelle, a la que se han encargado la gestión de la sección femenina del partido.