Los desaparecidos de la dictadura argentina son una cuarta parte de lo que se creía

Igual que ocurrió en Europa con la polémica sobre si el Holocausto perpetrado por el III Reich en la Alemania nazi exterminó a 6 millones de judíos o menos, Argentina debate cuántos han sido exactamente los desaparecidos durante la dictadura militar, de 1976 a 1983.

La cifra general de 30.000 desaparecidos, defendida siempre por los organismos de derechos humanos y la izquierda, se consagró como verdad acaso por uso y costumbre. Pero los militares de la dictadura toda la vida aseguraron que la cantidad era menor, aunque nunca precisaron nada.

El primer recuento oficial se realizó en 1984 por la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP), encabezada por el escritor Ernesto Sábato y más personalidades, con la democracia recién recuperada, en base a testimonios recogidos artesanalmente. El llamado ‘informe Sábato’ reportó 8.961 víctimas, entre desaparecidos y ejecutados.

Allí se describía el horror de la dictadura de derechas del general Jorge Videla que en 1976 había derrocado a la presidenta María Martínez, viuda de Perón. Inspirada en el combate al comunismo de la Guerra Fría, lanzó una represión a sangre y fuego contra las guerrillas de izquierdas.

Montó campos de concentración en los cuarteles pero no sólo aniquiló a combatientes armados. También secuestró a sindicalistas, activistas, estudiantes, curas, y hasta a algunas madres de desaparecidos. Se cree que a la mayoría los arrojó al mar, vivos y drogados, en ‘vuelos de la muerte’ desde aviones militares.

Videla murió en 2013, a sus 87 años, purgando condena a cadena perpetua. Se llevó a la tumba los secretos de los crímenes que perpetró el régimen que encabezó y siempre asumió la jefatura de lo que él llamaba “guerra antisubversiva”.

Frente a las versiones contrapuestas, el titular de la ONG Ciudadanos Libres, José Magioncalda, puso, en agosto pasado, un recurso de acceso a la información pública. “Queríamos que el Estado revelara los datos que posee porque eso va a ayudar a la calidad institucional”, cuenta a EL ESPAÑOL.

Desde el Gobierno venían evitando tomar cartas en el asunto. El presidente, el liberal Mauricio Macri, declaró a una televisión de Estados Unidos que “es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si (las víctimas) fueron 9.000 o 30.000. Es una discusión que no tiene sentido". Y por ello los organismos humanitarios lo criticaron.

Pasaron tres meses y ante la insistencia de Magioncalda a la Oficina Anticorrupción, el Ejecutivo argentino se ha visto obligado a destapar el único archivo estatal del tema. Lo elaboró la secretaría de Derechos Humanos que durante casi cuatro décadas recopiló “información fechada, organizada y tipificada”.

En el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), constan 8.571 hombres y mujeres (76% y 24%, respectivamente, de 20 a 29 años en su mayoría).

De ellos, 6.348 cayeron en la dictadura, es decir menos de una cuarta parte (21,16% de los 30.000 que se creía) y 952 fueron asesinatos (sin ocultamiento del cadáver). Otro dato sorprendente ha surgido del desagregado de la cifra total: durante la presidencia de la viuda de Perón, de 1974 a 1976, se produjeron 662 desaparecidos y 609 asesinatos por causas políticas pese a que se trataba de un gobierno constitucional, surgido de elecciones realizadas en 1973.

ESPAÑOLES DESAPARECIDOS

De la cifra general de desaparecidos en ambos períodos -7.510- el informe revela cuántos eran extranjeros. De aquel número 43 eran españoles nativos y otros 18 se habían nacionalizado argentinos. Además, precisa que “se encuentra documentada” la ascendencia española de 141 de los argentinos desaparecidos, explican desde la Secretaría de Derechos Humanos a EL ESPAÑOL.

En la Embajada de España en Argentina coinciden en general con las cifras. “La protección brindada por el Consulado comprende un listado de alrededor de 40 españoles desaparecidos”, asegura una fuente diplomática a este diario. “Luego –añadió- está el tema de los hispanos argentinos y argentinos descendientes de españoles que son categorías difícilmente contables”.

En junio de 2013 la embajada española en Buenos Aires entregó a Argentina sus archivos digitalizados sobre los 607 españoles o descendientes de españoles desaparecidos durante la dictadura argentina en un acto en el que participó el juez Baltasar Garzón, como recogió la agencia Efe entonces. "Se salda una deuda histórica con las víctimas españolas", declaró Garzón entonces. Aquellos documentos reflejaban las denuncias que los familiares de los desaparecidos interpusieron tanto en distintas legaciones diplomáticas durante aquellos años.

El Senado de Argentina distinguió en mayo del año pasado a los diplomáticos españoles Vicente Ramírez Montesinos y José Luis Dicenta Ballester por el auxilio que durante la dictadura prestaron a los familiares de españoles víctimas de la dictadura que se acercaban a pedir ayuda al Consulado de España.

María Consuelo Castaño Blanco, una gallega que de niña emigró a Argentina y encabeza la Comisión de Desaparecidos Españoles, asegura que “nuestros números son diferentes: cerca de 100 españoles nativos [frente a los 61 nativos según el informe oficial argentino] y alrededor de 2.000 descendientes”. “La diferencia –puntualiza- se debe a que no se hizo un relevamiento [recogida de datos] en las provincias”.

SIN ACUERDO EN LAS CIFRAS

El balance numérico de la ‘guerra sucia’ salpica al peronismo, que actualmente está en la oposición. Incluso un juez federal acusó años atrás a la viuda de Perón, que vive en Madrid, de aquellos crímenes y pidió a España que la extradite a Argentina. Pero la Audiencia Nacional rechazó esa solicitud.

Las Abuelas de la Plaza de Mayo reaccionaron enfadadas ante el informe estatal. Su titular, Estela de Carlotto, dijo en declaraciones a los medios que “se trata de una campaña de bastardeo y desprestigio” contra ellas. “Quieren hacernos quedar como mentirosas”, se quejó.

Sin embargo, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, ha asegurado a EL ESPAÑOL que “esto es información pública, no fue creada por nosotros con un interés particular, sino la respuesta a un derecho que es el acceso a la información, con datos que contaba la secretaría de Derechos Humanos en el 2013, y no hay ninguna intencionalidad en su difusión”.

Me contaron que tenían orden de no hacerla pública porque chocaba con la de los 30.000 desaparecidos

Otra dirigente humanitaria, Graciela Fernández Meijide, ex secretaria de la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas (Conadep) y madre de un adolescente de 16 años desaparecido en la dictadura, autora del libro La historia íntima de los Derechos Humanos en Argentina, ha confirmado las cifras desveladas por la Administración.

“En 2009 hablé con funcionarios, viejos conocidos míos de la Conadep, y me confirmaron que la cifra es ésta que se difundió ahora. También me contaron que tenían orden de no hacerla pública porque chocaba con la de los 30.000 desaparecidos”, confió a EL ESPAÑOL.

El secretario del área confirma que “el informe que brindamos fue puesto en marcha por el gobierno anterior [kirchnerista] y los datos consignados son a diciembre de 2015. Nosotros no tuvimos ninguna intervención en este número”.  De todos modos advierte, acaso para calmar ánimos, que “esta cifra no es definitiva, de ninguna manera cierran las investigaciones”.

Entonces, la pregunta que muchos argentinos se formulan es: ¿de dónde salió la cifra de treinta millares de víctimas?

Fernández Meijide asegura a este diario que "ese número lo acuñaron los exiliados argentinos en Europa para que les hicieran caso en organismos internacionales, porque con esa cantidad ya se hablaba de un genocidio”. “Con el tiempo esa cantidad se instaló como un símbolo, una bandera política”, agrega.

Avruj coincide en que “el número de 30.000 es una cifra emblemática que hay que respetar, porque se trata de un tema muy doloroso. No puede ser de ninguna manera parte de una discusión ideológica y política”.

Sea como fuere, para la dirigente humanitaria el debate “es al cohete” porque “nunca se va a dilucidar discutiendo entre nosotros si fueron 30.000 o 7.000”. “Los que pueden aportar más a la verdad son los militares, saben a quiénes mataron y donde metieron los cadáveres y a qué niños robaron y entregaron”, remata.