El fantasma económico del Metro vuelve a cruzarse en el camino de Málaga: la Junta le reclama casi 64 millones

El fantasma económico del Metro vuelve a cruzarse en el camino del Ayuntamiento de Málaga. Y su dimensión, a diferencia de otros espectros del pasado que, con el devenir de los años se le han aparecido al alcalde, Francisco de la Torre, caso del fallido Museo de las Gemas, es de una magnitud formidable: casi 64 millones de euros.

Esa es la cantidad que a finales del año pasado, apenas unos días después de la Navidad y poco antes de las campanadas de Nochevieja, le ha reclamado la Junta de Andalucía al Consistorio malagueño por las obligaciones contraídas en el Metro de la capital de la Costa del Sol.

La cuantía es el resultado de la liquidación de deuda estimada por la Consejería de Fomento tomando en consideración el convenio original del ferrocarril urbano, que data de 2003. Ese documento marco, que fue rubricado por el propio De la Torre, establecía una serie de obligaciones económicas a repartir entre las administraciones regional y municipal.

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El grueso de las mismas recaían sobre el Gobierno andaluz, como principal promotor de la operación, mientras que el Consistorio se comprometía a pagar parte de la inversión de construcción de las dos líneas del suburbano, a modo de adelanto de la suma que posteriormente pagaría el Estado, y, sobre todo, a sufragar el 25% de los gastos de explotación. 

Y es justo este parámetro el que representa la mayor parte de la deuda ahora reclamada por Fomento. En concreto, casi 56 millones de los 63,4 millones. Esa es la suma que, según las estimaciones autonómicas, deben desembolsar las arcas municipales por los gastos derivados, entre otras variables, de bonificar el billete a los usuarios, de manera que no hagan frente al coste real del servicio.

Pese a que pasan ya casi 22 años desde la firma del convenio inicial del Metro, la realidad es que el Ayuntamiento no ha hecho frente a ninguna de los compromisos reconocidos en el acuerdo. Y no porque desde la Junta no hayan sido reclamados.

Imagen de archivo de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Alba Rosado

No es la primera vez que Fomento actúa como ahora lo han hecho los responsables del departamento. El matiz, que no es menor, es que ahora ocurre con un gobierno amigo, ya que es el Partido Popular el que está al frente de la Administración regional. 

La ocasión anterior en la que se produjo una acción semejante data de 2016, cuando estaba al frente de la Junta un gobierno del PSOE, que remitió liquidaciones por 12 millones de euros. Antes, en 2013, con el Ejecutivo andaluz en manos del PSOE e Izquierda Unida, la exigencia fue de 32 millones por las obras materializadas hasta el año 2012. 

Tribunal Supremo

De la Torre optó por acudir a los tribunales, logrando una sentencia parcialmente favorable por parte del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal determinó a finales de 2020 la anulación de las liquidaciones "por no estar ajustadas al ordenamiento jurídico", declarando que la deuda fijada debía establecerse en 13.571.863 euros. Una cuantía alejada de los 32 millones de la reclamación inicial.

La lectura que hizo el equipo de gobierno de aquel fallo fue altamente positiva. De hecho, se llegó a considerar que con el mismo quedaba cerrada la posibilidad de que la actual Junta o los futuros gobiernos pudieran reclamar nuevas liquidaciones del proyecto.

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De la Torre siempre reclamó la negociación de un nuevo convenio, en el que, entre otros aspectos, se excluyese al Consistorio de cualquier obligación económica sobre la construcción del ferrocarril urbano y la eliminación de la cláusula que autoriza al Gobierno regional a retener fondos de la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) si elude sus obligaciones de pago.

Este aspecto es recordado en la nota oficial remitida este miércoles desde la Casona del Parque, en la que se anuncia que la Junta de Gobierno Local acordará este viernes un recurso al abono pretendido por la Junta. 

Conforme a lo explicado desde el Consistorio, se pedirá a la Consejería de Fomento que anule la orden firmada por su titular, Rocío Díaz, el pasado 27 de diciembre, por la que se aprueba la liquidación de la deuda, en periodo voluntario. Asimismo, se solicitará que se sobresea este expediente de liquidación de deuda, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En lo concerniente a la explotación comercial, el equipo de gobierno sostiene ahora, como lo viene haciendo desde hace años, que es el Gobierno andaluz el único responsable de todos los ajustes realizados en el contrato de concesión del suburbano desde el inicio del proyecto.

La primera de ellas data del 16 de julio de 2014, cuando se modificó el trazado del Metro para llegar hasta el Civil a ras de calle en lugar de alcanzar la Malagueta bajo tierra, como en octubre de 2020, cuando, ya con el PP, se decidió cambiar el modelo para llegar al Civil y optar por el soterramiento del trazado.

Según se precisa en la nota oficial, en ambos casos, los ajustes fueron realizados "sin el menor acuerdo con el Ayuntamiento, fuera del marco del convenio de 2003". "En definitiva, la Junta de Andalucía ha tutelado en solitario el convenio original de 2003, y ahora pretende exigir al Ayuntamiento las cantidades que resultan de todos estos años, fruto de las decisiones y modificaciones concesionales exclusivamente achacables a la administración autonómica”, sentencia.